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El lunes, una de las figuras emblemáticas de las Líneas de Nasca (y que representa la Marca Perú), el Colibrí, amaneció con un gran mensaje amarillo que decía en inglés “Tiempo para el cambio, el futuro es renovable: Greenpeace”. Para enviar este anuncio, al menos 12 activistas de la ONG ambientalista ingresaron, sin ningún tipo de autorización, al área arqueológica sin importarles que la zona haya sido declarada protegida e intangible y, además, fuera considerada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1994. Pese a que representantes de Greenpeace han afirmado que no habrían generado ningún tipo de daño, pues habrían entrado “caminando con mucho respeto y asesorados por un arqueólogo”, lo cierto es que sí ocasionaron graves perjuicios.
Si bien los actos de Greenpeace representan una flagrante violación de nuestro patrimonio histórico y los involucrados deben ser sancionados, el tema de fondo y por el que realmente nos deberíamos preocupar es por la falta de protección del Estado con nuestro legado histórico y cultural. Y es que existe responsabilidad tanto de Greenpeace como del Estado que no protege las líneas.
Pese a que este caso ha sido bastante mediático, no es la primera vez que las líneas han sido afectadas. Sin ir muy lejos, a mediados de este año informamos cómo un grupo de traficantes de terrenos invadió un complejo preincaico de más de 450 hectáreas en las pampas de Nasca que destruyó varias figuras. Por si esto fuera poco, en la zona protegida no solo se estarían formando asentamientos humanos ilegales, sino que también se encontrarían operando mineros informales. Este problema de falta de protección, lamentablemente, no solo se evidencia en las Líneas de Nasca, sino también en murallas incas y casonas coloniales, por citar algunos ejemplos.
Ante esta situación habría que preguntarnos: ¿Qué está sucediendo con nuestras autoridades? ¿Por qué nuestro patrimonio histórico y cultural no es protegido adecuadamente?
El problema tiene varias aristas. En primer lugar, existe un gran problema logístico y presupuestario por parte del Ministerio de Cultura (Mincult) y de las direcciones regionales. Así, la Dirección Regional de Cultura de Ica informó a este Diario que por falta de presupuesto no cuenta con la logística necesaria para vigilar los 450 kilómetros cuadrados que abarca la zona de las pampas de Nasca. Por ejemplo, esta dirección solo cuenta con dos arqueólogos y una secretaria para realizar inspecciones y otras actividades de su competencia. Además, carece de equipos de comunicación y camionetas para proteger fehacientemente el área. ¿Cómo esperamos que se realice una adecuada fiscalización si el Estado no se preocupa por equipar estas direcciones?
Por otro lado, el Mincult, hace unos meses, informó que el patrimonio de la zona no estaba debidamente inscrito en el Registro Nacional de Bienes Culturales (falta delimitar y definir las coordenadas de la totalidad del conjunto de figuras), por lo que las líneas son altamente vulnerables a las invasiones y no tendría las herramientas jurídicas necesarias para agilizar los procesos legales de desalojo de invasores. Ello se evidencia en los juicios iniciados por el ministerio que quedan abiertos ante el Poder Judicial y que no tienen cuándo acabar.
Finalmente, el Mincult ha señalado que la conservación de las Líneas de Nasca es una tarea que involucra una coordinación intersectorial entre la Policía Nacional, la fiscalía y autoridades locales y regionales, lo cual, como se sabe, es muy difícil de lograr. Es decir, la multiplicidad de entidades que tienen jurisdicción sobre el tema y la infinidad de normas aplicables, una vez más, generan una maraña legal en que lo único que escasea es la claridad, con la consiguiente y continua oportunidad para dejar libre el paso a la destrucción de nuestro patrimonio y otros abusos.
Los actos de Greenpeace son repudiables y esperamos que los responsables sean sancionados con todo el peso de la ley. Más importante, deberíamos aprovechar esta indignación general para concientizar acerca de la importancia de todo nuestro patrimonio y solicitarle al Estado que, de una vez por todas, impulse una política integral para el debido cuidado y conservación de este gran recurso cultural.
