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Ayer, con 65 votos a favor, el Congreso admitió a trámite la moción de vacancia “por incapacidad moral” contra el presidente Martín Vizcarra. Esta será la tercera vez en menos de tres años en la que el Parlamento someterá al país a un proceso de este tipo (más allá del funcionario ‘juzgado’, está la incertidumbre en la que se sume a la ciudadanía durante días). Quizá sea un buen momento para recordar aquella frase que Mario Vargas Llosa puso en boca de Cayo Bermúdez en “Conversación en La Catedral”: “Aquí cambian las personas, teniente, nunca las cosas”. Aquí cambian los parlamentarios, diríamos, mas nunca los vicios parlamentarios.
Por supuesto que, como sostuvimos ayer, alrededor del presidente se han ido concentrando sombras que precisa despejar (favorecidos, en gran parte, por su propio e incómodo silencio); no solo en lo que respecta al tinglado sobre Richard Cisneros –conocido como Richard Swing– y a lo que, a decir de algunos penalistas, los audios divulgados el jueves podrían sugerir, sino también respecto de otros cuestionamientos que son imposibles de esconder bajo la alfombra, como los contratos con el Estado de personas cercanas a él o a sus funcionarios predilectos.
Pero también es cierto que todas estas cosas son perfectamente abordables en el fuero penal cuando el mandatario (que, por lo demás, está en la recta final de su administración) haya dejado Palacio de Gobierno. Así, no vienen al caso las declaraciones de ciertos congresistas que en las últimas horas han calificado al mandatario de corrupto y a su grupo más cercano como una organización criminal. Curioso ‘juicio político’ ese donde se llegan a las conclusiones antes del proceso.
En realidad, hay muchas cosas que no se entienden luego de ver el debate parlamentario de ayer.
No se entiende, para empezar, cómo así terminamos inmersos en un proceso erigido enteramente sobre unos audios registrados en situaciones poco claras y cuando algunos de cuyos protagonistas parecen ser todo menos fiables.
Tampoco se entiende cómo mientras en el pleno se llevaba a cabo el debate para votar la admisión de la moción de vacancia, en paralelo y de manera virtual, la Comisión de Fiscalización –presidida por el legislador que presentó los audios, Edgar Alarcón– celebraba una sesión con Karem Roca, la asistenta del despacho presidencial y protagonista estelar de los clips… por los que se busca vacar al mandatario. Es decir, ni siquiera se habían terminado de recabar los indicios más elementales del proceso, pero este ya había comenzado a marchar.
Ni mucho menos se entiende que se pueda preparar algo tan delicado como la destitución de un mandatario –en medio de una de las peores crisis sanitarias y económicas de la historia del país– en menos de 48 horas.
Y esto no se trata, como alegaron a su turno los legisladores Omar Chehade (Alianza para el Progreso) y Diethell Columbus (Fuerza Popular), de que lo que el Congreso estaba discutiendo ayer era solo una cuestión de forma y no de fondo. ¿Qué podemos esperar de la evaluación que los legisladores harán sobre el fondo del asunto, en efecto, si la forma atropellada, inconclusa y con indicios gelatinosos bajo la que han iniciado este proceso dice mucho de sus verdaderas intenciones? Ya lo dijo hace unos meses Javier Cercas, citando a Albert Camus, y nosotros lo recogimos en esta página en su momento: en política, no es el fin el que justifica los medios, sino los medios los que justifican el fin. Y no existe ninguna razón para destituir a un presidente que justifique un proceso construido con evidencia endeble, en el que ni siquiera se han recabado todas las pruebas y de manera exprés.
En fin, la única incapacidad que quedó clara ayer es la de aquellos parlamentarios que no alcanzan a ver el tremendo daño que le están infligiendo al país. Ojalá no extiendan más la insensatez; tienen una última oportunidad para frenarla.