Editorial: Una nueva jugarreta

Ayer por la mañana, el congresista Edgar Alarcón (Unión por el Perú), titular de la Comisión de Fiscalización, presentó tres audios que involucran al presidente Martín Vizcarra. En concreto, las grabaciones tienen como protagonistas al jefe del Estado; a Karem Roca Luque, asistenta del despacho presidencial; a Mirian Morales, secretaria general de la presidencia; y a Richard Cisneros (conocido como Richard Swing). La relación de este último con Palacio de Gobierno, por los numerosos contratos que firmó con el Ministerio de Cultura para ofrecer servicios de dudosa pertinencia, viene siendo materia de investigación.

En resumen, las conversaciones muestran las coordinaciones del mandatario con sus adláteres para definir cuál será la respuesta frente a los cuestionamientos por las visitas de Swing a la Casa de Pizarro, y también una serie de afirmaciones de este último sobre su relación con el gobernante.

Sin duda los diálogos añaden mayores sombras a un escándalo en el que el Ejecutivo ha sido todo menos transparente, y el mensaje a la nación que pronunció ayer Vizcarra no proporcionó mayores explicaciones al respecto. Sin embargo, es claro que todo ello tendrá que ser investigado minuciosamente por la justicia a partir del 28 de julio del 2021, cuando el período de la actual administración se termine.

Pero los tambores de un nuevo proceso de vacancia ya se escuchan desde el Congreso, una medida impertinente y peligrosa por más de una razón.

En primer lugar, la estabilidad de la democracia peruana no puede ser puesta en jaque por audios grabados de manera subrepticia aparentemente por una funcionaria en claro conflicto con su empleador y por las frases de un fanfarrón consagrado, que incluso se ufana de darle órdenes al presidente. Más aún mientras el país está sumido en una de las crisis más complicadas de su historia. Lo que ahí se muestra, pues, merece la investigación imparcial de la fiscalía y no el espectáculo de un Congreso definido por su irresponsabilidad e imprudencia.

Asimismo, tampoco se puede ignorar el contexto político en el que se presentan estas grabaciones. En las últimas semanas las fricciones entre el Ejecutivo y el Legislativo han ido en aumento, abonadas por la resistencia del Gobierno a la retahíla de leyes populistas impulsadas por su contraparte, la interpelación a la ministra de Economía y la insistencia del presidente Vizcarra en que se someta a votación la medida que impediría a los sentenciados en primera instancia de participar en los próximos comicios.

De hecho, la bancada del señor Alarcón (sobre el que pesan graves denuncias por corrupción) es una de las que se opone a la aprobación de la reforma mencionada y se trata de una agrupación cuyos miembros ya han demostrado tener poco respeto por las instituciones democráticas: su líder yace en prisión por los crímenes cometidos durante una asonada perpetrada en Andahuaylas en el 2005 contra el gobierno de Alejandro Toledo. En pocas palabras, dadas estas credenciales, las conversaciones hechas públicas lucen más como un pretexto por deshacerse de un rival que como la consecuencia de una verdadera convicción moralista.

En suma, es innegable que el mandatario debe responder por las opacidades de su gestión y ser castigado con todo el peso de la ley si, luego de su mandato, el Poder Judicial así lo determina. El proceso que el Congreso ha iniciado, empero, no es más que una jugarreta oportunista que le haría un gravísimo daño a nuestra democracia y que, de concretarse, colocaría a este poder del Estado como una turba matonesca que, más que golpear al presidente, golpearía a todos los peruanos.