No más maquillajes

El Ejecutivo ha anunciado el proyecto de la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE). El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, asegura que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) concluirá “indefectiblemente” el 31 de diciembre. Después vendría un régimen de consolidación, del 1 de enero del 2027 al 31 de diciembre del 2028, solo para los inscritos. Suena a punto final. Pero el país ha escuchado esa promesa demasiadas veces.

El Reinfo nació en el 2016 con 36 meses de vigencia. Ha sido prorrogado cinco veces, la última en diciembre del 2025, con una norma que el Congreso aprobó y el Ejecutivo promulgó sin observaciones. Cada prórroga se presentó como excepcional y cada una terminó siendo la antesala de la siguiente. Hoy hay unos 27.000 registros sin formalizar, y el propio ministro admite que el modelo “no sirve”. Lo que ha funcionado es el efecto contrario al buscado: una inscripción que hace de escudo frente a la sanción mientras se sigue extrayendo oro, en un contexto de precios por las nubes.

La nueva ley MAPE anunciada por el Gobierno no puede ser un maquillaje. El texto incluye ideas rescatables: trazabilidad de toda la cadena, una casilla electrónica única y una autoridad especializada. Pero las reglas valen solo si se aplican. Hay más de 25.000 instrumentos ambientales sin resolver, y el Estado no puede exigir a los mineros lo que él mismo no tramita. Además, el proyecto llegará a una Comisión de Energía y Minas del Congreso presidida por una diputada de Juntos por el Perú, con integrantes ligados a la informalidad.

Se necesitan tres condiciones. Primero, plazos improrrogables: ni una sola extensión, ni por decreto ni por ley, y que el régimen de consolidación termine en el 2028 sin excusas. Segundo, una depuración técnica inmediata del padrón, que separe a quienes avanzan de verdad de quienes solo se amparan en el registro. Tercero, fiscalización efectiva y consecuencias claras: quien no cumpla debe quedar fuera, perder el acceso a la cadena de comercialización y enfrentar la ley penal, sin exenciones heredadas.

Como advirtió la exfiscal Karina Garay, la norma no puede ser “la máscara para un proceso de impunidad”. La minería pequeña y artesanal merece una vía clara hacia la formalidad, pero el Perú ya pagó demasiado, en ríos contaminados, en vidas y en economías criminales, por una década de tolerancia. Basta de maquillajes. El Ejecutivo debe sostener su propuesta, y el Congreso, no ceder a las presiones de los mineros ilegales.