El gobierno sabe que la extorsión es uno de los aspectos críticos que tiene que enfrentar en materia de lucha contra la inseguridad, pero quizás no está contemplando todos los ángulos del problema. En particular, el de la participación de menores de edad en el delito. Un informe de ECData publicado ayer por este Diario ha presentado cifras alarmantes sobre el involucramiento de la población no adulta en la comisión de ese crimen y sobre la forma en que se los utiliza para evitar que todo el rigor de la ley caiga sobre quienes están detrás de él.
En el 2022, los recluidos en centros juveniles en el país por extorsión eran 73 –un número ya preocupante–, pero en la actualidad llegan a 162, lo que representa un aumento de más del doble en apenas cuatro años. En ese mismo período, además, han pasado de ser el 4,1% al 7,9% de las personas que han perdido su libertad por esa actividad. Esta circunstancia tiene que ver, previsiblemente, con un incremento de la frecuencia con la que el delito en cuestión se comete. En opinión de diversos especialistas, la mayor presencia en el territorio nacional de organizaciones criminales (que se dedican a este tipo de crimen antes que al robo o el hurto) explica en gran medida este fenómeno.
El hecho de que bandas como Los Pulpos y otras recurran a menores para amenazar a individuos o negocios, o atentar contra ellos obedece a que despiertan menos sospechas en general y a que, por su juventud, ellos desdeñan muchas veces las consecuencias que su accionar podría acarrearles. El pago de cantidades a las que de otro modo no tendrían acceso y la sanción atenuada que se les dictaría si son capturados funcionan también como incentivos para que acepten los “trabajos”.
Otro dato que apunta en el mismo sentido es el que aporta el Programa Nacional de Centros Juveniles: del 2022 al 2026, la cifra de los menores recluidos por fabricación, comercialización, uso o porte de armas creció de 82 a 162…
Es evidente, en suma, que el Ejecutivo tiene que incluir entre sus planes para acabar con la extorsión acciones concretas para alejar a los menores de edad de estas redes.
Perú
