Editorial: Por el bien de la institucionalidad

Una vez más, el Fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, se encuentra en el ojo de la tormenta. El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) dispuso abrirle un nuevo proceso disciplinario por su actuación cuando era fiscal supremo de control interno en los casos vinculados al ex presidente regional de Áncash, César Álvarez. Esta situación generó que la ONG Proética se retire de la Comisión Nacional Anticorrupción (CAN) ante la negativa del Fiscal de renunciar. Lo preocupante de este escenario es que esta no es la primera vez que el máximo encargado de defender la legalidad y los intereses públicos de la nación se ve involucrado en una investigación de este tipo, poniendo así en riesgo la institucionalidad de la fiscalía y la credibilidad de dicha entidad. 

Esta vez, Ramos Heredia estaría afrontando su cuarto proceso disciplinario por presuntamente haber vulnerado los principios de independencia y autonomía cuando propuso la destitución del fiscal Luis Checa y sancionó a un grupo de fiscales que participaron en la intervención de un vehículo del Gobierno Regional de Áncash, que supuestamente trasladaba dinero para pagar a simpatizantes de César Álvarez. El CNM lo acusa de imponer sanciones en base a apreciaciones subjetivas y carentes de imparcialidad y razonabilidad a dichos fiscales. Esta nueva acusación es sumamente preocupante, ya que confirma que, lejos de estar libre de cuestionamientos para ejercer su importante función, aún pesan sobre el fiscal Ramos Heredia serias dudas acerca de sus vínculos con organizaciones criminales. 

Y lo cierto es que, ya en octubre, el CNM le había abierto dos procesos debido a su actuación en el caso “La Centralita”, y un tercero por su presunta relación con el hoy detenido Rodolfo Orellana. Recordemos que las imputaciones que se le realizaban al actual fiscal de la nación por el caso “La Centralita” se basaban, en primer lugar, en irregularidades en la investigación seguida a los ex fiscales que estuvieron a cargo del mencionado caso y también por presuntamente haber incurrido en contradicciones sobre las reuniones que habría sostenido -aparentemente una vez al mes- con Orellana. 

El problema de fondo es que estos vínculos no son novedad y ponen en riesgo las investigaciones de estos tan sonados casos. Más allá de los procesos de investigación abiertos por el CNM, el fiscal Ramos Heredia ha venido siendo cuestionado desde antes que asumiera el cargo. De hecho, existen serias acusaciones de diversos congresistas que lo sindican como uno de los principales artífices de la red de protección que, desde el Ministerio Publico, se daba al hoy preso presidente regional de Áncash. El congresista Modesto Julca, por ejemplo, acusó al señor Ramos Heredia de encubrir diversos hechos con un comportamiento, por decir lo menos, extraño frente al fiscal Hugo Farro, debido a que se negó a investigar, pese a la existencia de diversas denuncias, su actuación. El parlamentario Julca señala que Farro habría citado al fiscal encargado de la diligencia para advertirle que tuviera cuidado de intervenir el domicilio desde donde Álvarez organizaba sus ataques, ya que este tenía mucho poder e influencias sobre los fiscales supremos.

Asimismo, recientemente se ha cuestionado la actuación del fiscal Ramos Heredia al decidir mandar al archivo el caso del congresista Julio Gagó sin haber evaluado fehacientemente las contundentes pruebas por las supuestas contrataciones que habría realizado con el Estado a través de la empresa Copy Depot. Ramos Heredia determinó no formular una denuncia constitucional contra el legislador por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y negociación incompatible, a pesar de que existían audios que serían suficientes para denunciar a Gagó.

Ayer el fiscal Ramos Heredia declaró: “de ninguna manera daré un paso al costado, no lamento ser fiscal de la Nación. Mi carrera siempre ha sido difícil. Siempre he sido carne de cañón”. Sin embargo, Ramos Heredia debe entender que el ministerio público es el ente encargado de velar por la legalidad en nuestro país, y su principal referente debe ser una persona proba y libre de cuestionamientos. La autonomía de dicha institución es pilar fundamental de la democracia, por lo que, si el fiscal Ramos Heredia en serio dice respetarla, debe, por el bien del país, dar un paso al costado.