Editorial: La irresponsabilidad como política

Esta semana, la titular de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, fue consultada sobre la continuidad de Mario Carhuapoma como presidente ejecutivo de Essalud (entidad adscrita al ministerio en cuestión). “Estamos recibiendo ya la culminación del proceso de transferencia entre el día de hoy y mañana. Apenas termine este proceso, se tomará una decisión de manera inmediata”, explicó.

Carhuapoma, como se sabe, arrastra una serie de cuestionamientos tanto por su gestión como –lo que es peor para quienes lo designaron– por su pasado. La contraloría, por ejemplo, ha llamado la atención sobre algunos nombramientos en Essalud que no cumplirían con el perfil exigido o que se hicieron sin contar con la documentación requerida. Asimismo, la ahora ex gerenta general de la institución Martha Linares afirmó en su carta de renuncia que Carhuapoma y sus asesores la presionaron para “incorporar en cargos directivos a personas que no reúnen el perfil técnico requerido”.

Según el programa “Punto final”, además, Carhuapoma habría recibido de manera irregular doble sueldo, pues aparte de sus ingresos como profesor en la Universidad de San Marcos registra ingresos, primero, del Gobierno Regional de Ayacucho, entre abril y julio del 2020, y luego de Essalud, entre agosto y setiembre de este año. Ello, a pesar de que el reglamento de la casa de estudios establece que los docentes a dedicación exclusiva (como Carhuapoma) solo pueden recibir como remuneración la que perciben de la universidad.

Precisamente por su contratación por el Gobierno Regional de Ayacucho, el Ministerio Público le abrió en noviembre del 2020 una investigación que todavía se encuentra en etapa preliminar por el presunto delito de negociación incompatible. Una circunstancia que, al parecer, no les preocupó a quienes lo nombraron. Como tampoco parece haberles preocupado el hecho de que, según “Panorama”, el presidente de Essalud fue detenido en el 2019 por conducir en estado de ebriedad (después de haber chocado e intentado darse a la fuga) y denunciado en el 2016 por violencia familiar. Con todas estas sombras, lo más lógico sería que el Ejecutivo optase por prescindir finalmente de Carhuapoma. Pero aun si ello ocurriese, el Gobierno no alcanzaría a salvar su responsabilidad por nombrarlo y por haberlo mantenido varias semanas después de que algunos de estos hechos fueron difundidos.

En el mejor de los casos, muchos de los polémicos nombramientos que han marcado esta administración parecen ser la consecuencia de una grave falta de cuidado al momento de evaluar a los recomendados. Como nos preguntamos la semana pasada, a propósito del anuncio de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, en el sentido de que iban a ‘evaluar’ la permanencia del ministro del Interior, Luis Barranzuela (una evaluación que, dicho sea de paso, parece estar demorando más de lo que debería), ¿no es acaso una irresponsabilidad no analizar escrupulosamente a las personas que luego se destinarán a cargos tan importantes?

El caso del frustrado embajador Richard Rojas es otro alarmante, pues no deja de preocupar que la cancillería haya intentado destinarlo a otro país cuando se encontraba investigado por el Ministerio Público. Y lo mismo podría decirse del intento –finalmente neutralizado– de contar con Ricardo Belmont como asesor del despacho presidencial, cuando eran públicamente conocidas sus posiciones contrarias a varias de las políticas de esta administración. Pero quizá el ejemplo más kafkiano de todos sea el del efímero jefe de la Dirección General de Programas y Proyectos de Comunicaciones del MTC, Enver Machel Figueroa, cuyo nombramiento esta semana tuvo que ser dejado sin efecto a solo un día de haberse producido luego de que el ministerio en cuestión descubriera que había sido designado como asesor II… en el despacho del ministro de la Producción.

Para ahorrarse el mal trago de tener que corregir ‘a posteriori’ sus propias decisiones, tal vez el Gobierno debería comenzar por estudiar muy bien a sus funcionarios antes de designarlos. Pues en los nombramientos de cargos en el sector público no debería existir cosa alguna como un voto de confianza.