:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/NTKINNDL4RAWTMN5BKVYLKHVPA.jpg)
Si algo destaca de la economía peruana en el ámbito internacional, es su responsabilidad macroeconómica. Luego de décadas nefastas, el país ha logrado consolidarse como la nación con la menor inflación promedio de la región en las últimas décadas y con un tipo de cambio más estable que el de los vecinos. Por el lado fiscal, sucesivos gobiernos se han preocupado de no inflar mucho la deuda y de no gastar tanto más de lo que recaudan en impuestos. El compromiso fiscal ha ganado para el Perú el grado de inversión, lo que implica tasas de interés más bajas. Este nivel de institucionalidad y predictibilidad es poco común para un país donde la incertidumbre económica suele ser estándar.
Sin embargo, algunas alarmas se prendieron en los últimos días. A través del Decreto de Urgencia (D.U.) 032-2019, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) postergó por tres años el cumplimiento de la meta de déficit fiscal de 1% del PBI. El objetivo era alcanzar el 1% al cierre del 2021, pero el Ejecutivo decidió otorgarse más espacio fiscal para –según explicó el ministerio– lograr mayor inversión en infraestructura, mejorar el manejo de los activos del país y reducir el pago de intereses de la deuda. Así, según el MEF, el déficit del 2021 sería ahora de 1,8% del PBI y se reduciría progresivamente hasta llegar a la meta en el 2024. En otras palabras, el Ejecutivo se está autorizando a gastar más en los siguientes años.
En otros países de la región, esta política sería motivo de preocupación, sobre todo en la medida en que ha sido tomada sin el contrapeso de un Congreso que pueda citar a la titular del MEF, María Antonieta Alva, para que explique, en primer lugar, la conveniencia de la nueva meta de déficit y, en segundo lugar, las salvaguardas que aseguren que el nuevo gasto no será utilizado con fines políticos.
No obstante, en el Perú el manejo del déficit se mantiene dentro de los cauces técnicos. La nueva meta es, en realidad, más un sinceramiento explícito de la trayectoria esperada que un cambio. De acuerdo con el vicepresidente del grupo Moody’s Investors Service, Jaime Reusche, a partir del D.U. “no habría un impacto negativo sobre la credibilidad del país ni para la calificación de riesgo de A3 del Perú”. “Desde mi punto de vista, el cambio es sensato”, agregó. La responsabilidad que ha demostrado el país por décadas le otorga credibilidad para políticas como esta.
La preocupación, de hecho, está menos en una cuestión de finanzas públicas y más en la capacidad de gestión que ha demostrado el Ejecutivo hasta ahora para hacer un buen uso de los recursos disponibles. Como mencionamos hace poco en estas páginas, resulta incomprensible que, durante el 2019, el gobierno nacional haya podido ejecutar solo dos de cada tres soles presupuestados para inversión, o que el Ministerio de Salud no alcance ni el 45% de ejecución. Es justo preguntarse para qué requiere, exactamente, el gobierno más presupuesto si no es capaz de utilizar el que ya tiene. Si la respuesta fuera que parte de este déficit adicional comprende aumentos significativos en el gasto corriente –más contrataciones de personal público, por ejemplo–, las alarmas sí debieran sonar más alto.
En el fondo, más que la cifra específica de déficit fiscal al 2021 o 2024, lo crucial es la habilidad del Estado para cerrar las brechas sociales y de competitividad del país en un espacio razonable de tiempo mientras sigue una conducta responsable financieramente. Así como el dispendio fiscal lleva a países enteros a la ruina, de poco vale un superávit fiscal permanente si las conexiones de agua o la infraestructura de los hospitales mantienen la misma precariedad de años. Esta es la verdadera deuda pública que el gobierno no ha sido capaz de saldar.
