Editorial: El máximo revés

En editoriales anteriores nos hemos referido a restricciones impuestas por el Estado que terminan perjudicando el acceso y la producción de los mismos bienes que tenían por objeto promover. Así, por ejemplo, el control de precios de algunos bienes básicos como la leche y el pan durante la década de 1980 logró el efecto opuesto al que buscaba: en vez de promover su consumo y accesibilidad, los hizo escasos y especialmente difíciles de obtener para los ciudadanos de menores ingresos.

Algo parecido sucede hoy con el salario mínimo en el Perú. Si bien el supuesto objetivo de la política es mejorar las condiciones de empleo e ingresos para la población en mayor desventaja, lo cierto es que su impacto real es excluir a los más pobres de trabajos formales con acceso a seguro de salud, condiciones mínimas de seguridad, vacaciones, etc. 

Pese a esta situación, la semana pasada el Consejo Nacional del Trabajo (CNT) –órgano del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) compuesto por representantes de los empresarios, de los trabajadores, del sector público y de organizaciones sociales– discutió no la pertinencia de la medida, sino la potencial alza de la remuneración mínima vital (RMV). La decisión, que al parecer empujaría el salario mínimo de S/.750 mensuales a S/.900, será tomada a mediados de mayo luego de la “evaluación de informes técnicos”.

Pero si se trata en verdad de recurrir a la evidencia y no de ceder a presiones populistas o llanamente disparatadas (como la de la CGTP, que propuso subir la RMV a S/.1.500 al mes), la verdad es que existen ya numerosos informes técnicos que el CNT puede tomar en cuenta. Podría recurrir, por ejemplo, a ojear el trabajo de investigación del Banco Central de Reserva (BCR) que concluye que, ante un alza en la RMV, “trabajadores con menores ingresos tienen menores probabilidades de mantener el empleo, siendo menor aun entre los trabajadores jóvenes, mientras que los trabajadores de mayores ingresos tienen mayores probabilidades de mantener sus empleos”. Difícilmente se podría considerar esta una política inclusiva.

El CNT podría también darle un vistazo a la publicación del 2009 del mismo banco que indica que “existen efectos no deseables en la medida que un mayor salario implica un mayor costo para las empresas formales, especialmente las pequeñas que son las más dependientes de personal operativo con salarios alrededor de la RMV. Este impacto sobre los costos se convertiría, en el corto plazo, en despidos del sector formal, concentrados especialmente en aquella fracción de la fuerza laboral que se pretende favorecer”.

Por último, el CNT podría también hurgar en la última Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) del INEI, que revela que la productividad mensual del trabajador informal promedio en el Perú –es decir, el valor de lo que produce mensualmente– asciende a S/.810, mientras que en el sector informal rural es de S/.568. Esto quiere decir que, de concretarse el alza a S/.900, el trabajador informal promedio, en general, se quedará necesariamente dentro del sector informal, en que su salario puede ser menor al salario mínimo y ajustarse a su nivel de productividad.

Y es que, a fin de cuentas, el salario mínimo no es más que otra forma de control de precios que limita la libertad de las personas adultas a contratar en los mejores términos, y que ahoga la creación de lo mismo que busca favorecer; en este caso, el trabajo de calidad. Algunos argumentarán que la RMV es la manera en que el Estado puede asegurar que los trabajadores menos calificados ganen suficiente (donde “suficiente” es un monto arbitrario definido por el burócrata de turno). La verdad es que lo único que se logra con estas restricciones es beneficiar, como máximo, al 5% de la PEA que gana montos cercanos a la RMV y que ya tiene acceso a vacaciones, seguro de salud y demás atribuciones del trabajo formal. Al mismo tiempo, hace aun más difícil el acceso a la formalidad de aquellas personas menos productivas y que laboran al margen de la protección legal, quienes forman más del 70% de los empleados.

Si el CNT desea basar su decisión sobre el alza de la RMV en evidencia, esta abunda y no es difícil de encontrar. La pregunta de fondo es si el consejo realmente decidirá a base de hechos y a favor de la inclusión de las mayorías, o si se dejará guiar, nuevamente, por la presión política de turno.