Editorial: El mundo de las extorsiones

Que la construcción civil esté plagada de mafias que cobran cupos y extorsionan no es una sorpresa. De hecho, es sintomático que durante toda esta semana este Diario haya venido denunciando diversos hechos vinculados a estos delitos en todo el país. Así, por ejemplo, el martes dimos cuenta de cómo en Trujillo el problema se ha generalizado y ha llegado a afectar nueve de cada diez obras. Ayer, además, informamos cómo cinco obreros que trabajaban en una red de gas fueron heridos víctimas de una granada tipo piña en San Juan de Lurigancho supuestamente por no haber accedido a extorsiones.

Lo cierto es que este mal se encuentra sumamente arraigado. Ya en agosto, el gobierno reveló que estas mafias tendrían ganancias anuales de aproximadamente S/.11 millones y serían dirigidas por unos 470 delincuentes. Más grave aun: algunos de estos últimos operarían desde los penales y muchos formarían parte de sindicatos inscritos en el Ministerio de Trabajo (Mintra).

Las mafias de construcción civil normalmente operan pidiendo dinero a cambio de permitir que las obras sigan su curso. Así, las bandas suelen pedir cupos que oscilan entre el 1% y 3% del valor de la obra. En algunos casos, exigen además que se contraten trabajadores fantasmas. Esto, por supuesto, aumenta el precio de la obra y, por lo tanto, los costos para todos los consumidores. Lo anterior, sin embargo, no es el único problema que traen estas mafias, pues a esto habría que sumar la extrema violencia con la cual intimidan a sus víctimas. Una prueba de esto es que, según la División de Investigación de Homicidios de la policía, en los últimos seis meses, el 12% de los casos de sicariato se debió a extorsiones y cobro de cupos en obras de construcción civil (cosa que, dicho sea de paso, demuestra cuánto se equivocaban el presidente Ollanta Humala y el ministro Daniel Urresti al considerar que el sicariato es un fenómeno que pertenece a enfrentamientos entre criminales). 

Como si ya no se tratara de una situación compleja tenemos que en algunos casos los propios policías terminarían siendo cómplices de estas mafias. Según empresarios entrevistados, muchos policías prefieren no intervenir cuando se les solicita que vigilen las obras en sus días libres, pues los propios extorsionadores les ofrecen un mejor pago por no inmiscuirse.

Para afrontar este problema, el Ministerio del Interior ha creado la Dirección Nacional de Protección de Obras Civiles, cuyo único mérito hasta el momento, lamentablemente, ha sido solo elevar su categoría de división a dirección (ahora de alcance nacional). Sin embargo, nada de fondo ha cambiado: el número de agentes asignados es el mismo, al igual que el presupuesto destinado. No se espera, pues, que por este camino pueda haber un cambio de estrategia que traiga resultados positivos en el sector.

Toda esta situación se ve agravada por la baja cantidad de extorsiones que son denunciadas por miedo a las represalias. Si bien no hay cifras exactas al respecto, se calcula que tan solo el 3% de los casos son denunciados. Por ello, una de las principales acciones que debería tomar el gobierno (además de reforzar la capacidad de prevención mediante mayor inteligencia e investigación criminal) es que la acción policial se complemente con un adecuado sistema de protección al denunciante para que este tenga las garantías necesarias de poder – anónimamente–  presentar una denuncia si es víctima de extorsiones y tener una adecuada protección.

El Mintra también tiene vela en este entierro. Como decíamos, muchas de las mafias operan bajo la forma de sindicatos, por lo que es necesario mejorar la fiscalización para su inscripción. Si bien el Mintra ha anunciado que desde mañana se verificará minuciosamente la documentación para la creación de estos sindicatos, a la fecha ya existen 77 inscritos solo en Lima donde no hubo el debido control. Igualmente, han informado que este año se implementaría un registro virtual de obreros para que los empresarios verifiquen si un obrero es formal; sin embargo, esta medida solo será efectiva si este registro se mantiene debidamente actualizado en coordinación con la fiscalía y la Policía Nacional en caso de que alguno de los inscritos esté involucrado en un hecho delictivo. 

Si bien esta problemática se ha gestado hace varios años, una vez más se evidencia cómo nuestras autoridades solo reaccionan –y con medidas aisladas– cuando el fuego ya se ha extendido y es muy difícil de controlar. Mientras tanto, seguiremos siendo víctimas del lucrativo negocio de cupos y extorsiones.