:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/Q4YEDUOUI5CZBJOW5W7YXARQ4Q.jpg)
Hoy se cumplen dos semanas desde que entró en vigor el sistema de etiquetado de advertencia para alimentos y bebidas procesados que superen ciertos límites recomendados. Octógonos negros alertan desde mediados del mes pasado a los consumidores sobre el alto contenido de azúcar, sodio, grasas y grasas saturadas en gaseosas, galletas, embutidos, cereales y cualquier otro alimento industrial.
El etiquetado es parte del Manual de Advertencias Publicitarias (MAP), emitido por el Ministerio de Salud en el marco de la Ley de Alimentación Saludable, promulgada en el 2013, durante el gobierno del presidente Humala. Fue la administración del presidente Kuczynski, no obstante, la que cuatro años luego –en junio del 2017 y en medio de la controversia sobre el contenido de leche de vaca de la marca Pura Vida– aprobó la reglamentación que permitió ponerla en vigencia.
La disposición tiene, sin duda, aspectos positivos. Consumidores mejor informados, sobre las características de los alimentos que adquieren para ellos mismos y sus familias, tomarán mejores decisiones. El etiquetado de advertencia no prohíbe la venta de los productos con alto contenido de grasa, sal o azúcar –lo que sería una afrenta contra la libertad individual–, pero sí fuerza al comprador a considerar, aunque sea mínimamente, si hay opciones más saludables en el anaquel del lado o si esa galleta adicional es realmente necesaria en su dieta. Este proceso, además, motiva a las empresas a reducir el contenido de elementos que, consumidos en exceso, podrían ser perjudiciales, y así evitar la necesidad de colocar el octógono.
El desarrollo de una política sensata de alimentación en el país, no obstante, tiene aún mucho camino por recorrer. En primer lugar, los efectos del etiquetado deberán ser evaluados al cabo de un tiempo prudente para perfeccionar o corregir lo que haga falta. Por ejemplo, la polémica respecto a si el camino de los octógonos es el más adecuado –como hace Chile–, o si se debía optar por un sistema de semáforo nutricional –en el que se pueda distinguir el nivel de azúcar, sodio o grasa, como tienen otros países de la OCDE–, sigue abierta. Evaluaciones realizadas al cabo de dos años de implementación de los octógonos en Chile mostraban resultados mixtos.
En segundo lugar, cualquier política nacional de alimentación debe tener en cuenta el punto de partida. Lo cierto es que el Perú está entre los países de la región que menos alimentos ultraprocesados consumía (83 kg anuales por persona vs. 201 kg en Chile al 2013, por ejemplo), en tanto que las tasas de obesidad y sobrepeso están también entre las más bajas de Latinoamérica. En lo que a alimentación de menores se refiere, por tanto, los retos más urgentes a enfrentar están en los enormes ratios de anemia y desnutrición infantil. Algunos alimentos procesados, de hecho, podrían ayudar en esta tarea.
Finalmente, como bien reconoce la ley que dio pie a esta regulación, la estrategia para fomentar una vida saludable no se puede basar únicamente en octógonos de advertencia, sino que debe ser integral. Acceso a agua limpia, espacios para realizar actividad física, educación sobre hábitos alimenticios saludables, controles médicos preventivos regulares, entre varios otros puntos pendientes forman parte de la agenda. Si se quiere tomar en serio esta enorme responsabilidad, entonces la labor recién empieza.
