Editorial: La palabra con ‘d’

Hace menos de una semana, reclamábamos en esta sección que, ante la arbitraria suspensión del proceso revocatorio en Venezuela, los procuradores locales de excusas para el régimen de Nicolás Maduro terminaran de reconocer su entraña dictatorial. Nos referíamos, por cierto, a los distintos representantes de la izquierda y, en concreto, del Frente Amplio (FA) que a lo largo del último año han ensayado coartadas para no llamar ‘dictadura’ a lo que a todas luces lo es.

Como se sabe, desde la ex candidata presidencial de esa organización, Verónika Mendoza, con sus elaboraciones acerca de que solo se puede hablar de dictadura cuando hay de por medio un golpe de Estado, hasta las sugerencias de la congresista Indira Huilca para que sus colegas de otras bancadas se preocupen por lo que pasa en la Universidad Federico Villarreal “en vez de hacer una conferencia de prensa sobre otros países”, todos los pronunciamientos de los voceros de ese sector político sobre el régimen chavista han sido siempre un dilatado excurso retórico para evitar modular la palabra que les quema la boca. Y al parecer, lamentablemente, el reciente escalamiento de la grave situación del Estado de derecho en Venezuela no va a cambiar las cosas.

Para empezar, la señora Mendoza no nos ha dicho si, a su entender, esta enésima violación de los principios de la democracia –que ha incluido el bloqueo del ejercicio de las funciones del Legislativo desde el Ejecutivo– constituye por fin una circunstancia que ella identifique con un golpe de Estado, o si hace falta que intervengan los tanques para que el dramático trance por el que pasan los venezolanos calce con su paradigma de dictadura.

Por otra parte, el congresista Wilbert Rozas –que junto con su compañero de bancada Oracio Pacori se abstuvo hace unos días de votar en la Comisión de Relaciones Exteriores la moción que condenaba los últimos atropellos del gobierno de Maduro– ha intentado justificarse declarando: “La ciudadanía y el pueblo venezolano tienen todo el derecho de definir también qué tipo de régimen necesitan y, por lo tanto, nosotros creemos que las influencias externas no son las mejores consejeras”.

Esa vocación abstencionista, además, se transformó antes de ayer en abierto rechazo, cuando una moción semejante, de condena al gobierno y de solidaridad con el pueblo venezolano “por su defensa de la Constitución, la Democracia y los Derechos Humanos”, fue sometida al pleno del Congreso y los 12 parlamentarios del FA presentes votaron en contra, mientras el resto de la representación nacional la aprobó, con 81 votos a favor. En lugar de eso, la bancada izquierdista propuso una moción alternativa en la que apenas ‘lamentaban’ y ‘criticaban’ la interrupción del proceso revocatorio y respaldaban “todo esfuerzo de diálogo” para que Venezuela salga de “la aguda crisis política por la que atraviesa”.

Ni siquiera la legisladora Marisa Glave, que es la integrante del FA que más lejos ha ido en el intento de marcar distancias con las últimas tropelías del chavismo, ha osado proferir la palabra con ‘d’. El bloqueo al derecho de consulta “refleja el temor de un régimen a la gente, su pérdida de legitimidad y por tanto el uso del autoritarismo para mantenerse en el poder”, ha escrito ella en su Facebook hace tres días. Pero de dictadura, nada.

Las especulaciones sobre las razones de este acalambramiento de la lengua que padecen en el FA cuando de llamar a esta dictadura de izquierda por su nombre se trata son esencialmente dos. Hay quienes interpretan el síntoma como la expresión de una especie de mojigatería zurda que les hace sentir que estarían pecando contra la mística revolucionaria a la que le rindieron devoción toda su vida, y hay quienes hablan de hipotecas más mundanas. Pero sea una u otra la explicación, lo cierto es que la vergüenza de esta complicidad con una satrapía sangrienta los acompañará para siempre.