Editorial: Pesca: ¿viento en popa?

Luego de navegar por una agitada e impredecible tempestad que podría haberla llevado al borde del naufragio, la industria anchovetera, aunque con algunos daños, parece haber arribado a buen puerto. Y es que luego de infructuosas discusiones para persuadir al Ministerio de la Producción (Produce) de dar marcha atrás en una antitécnica y perjudicial política pesquera, la semana pasada este sector ha dado un giro positivo y ha permitido, nuevamente, que las flotas industriales pesquen este importante recurso desde las cinco millas marinas en la zona sur del litoral peruano.

Recordemos que en el 2012 Produce –sin justificación alguna– emitió un decreto que prohibía la pesca industrial de anchoveta dentro de las primeras diez millas, dejando las mismas como exclusivas y liberadas (es decir, sin límite de cuotas) para las embarcaciones pequeñas y artesanales, siempre que pescaran “preferentemente” para el consumo humano directo. Por otro lado, la flota industrial, que, a diferencia de las artesanales, sí contaba con cuotas máximas de pesca individuales y, con un sistema de control vía satélite, podía operar solo a partir de la milla 10 en el norte y de la milla 7 en el sur. El objetivo: evitar una supuesta depredación de la anchoveta y privilegiar el consumo humano directo de la misma.

Sin embargo, a más de dos años de vigencia, ha quedado evidenciado que la normativa de Produce ocasionó justamente el efecto contrario. ¿Cuáles han sido las razones? En primer lugar, la regulación de este sector favoreció la aparición de una gran cantidad de embarcaciones informales que, aprovechando la ausencia de flotas industriales formales y una, por decir lo menos, débil fiscalización estatal, pescaron indiscriminadamente este lucrativo recurso dentro de las millas reservadas para procesar harina de manera ilegal, generando la denominada “harina negra”. Este proceso, como se sabe, depreda, contamina y no paga impuestos. Así, la pesca para consumo humano quedó relegada y cayó de 125.000 toneladas en el 2011 a tan solo 40.000 en el 2014.

Asimismo, debido a que la mayor parte de la biomasa de este recurso se encuentra precisamente en las zonas prohibidas, esta absurda regulación ocasionó que las exportaciones disminuyesen dramáticamente, pues la porción más importante de ese recurso terminó escapando hacia nuestro vecino país del sur. Si en el 2011 el promedio de exportación de harina de pescado era de alrededor de 7 millones de toneladas anuales, en el 2014 no superó las 2,5 millones de toneladas. Lamentablemente, el año pasado fue el tercer año negativo para el sector y el peor de los últimos 15.

Por ello, este cambio de giro en la política pesquera –por lo menos en lo que toca al sur– constituye una señal sumamente positiva de parte del gobierno para los miles de empresarios y para los más de 250.000 trabajadores involucrados en esta actividad, pues hará posible acceder al recurso que se encuentra cercano a la costa. Asimismo, se debe saludar la forma en que el gobierno emitió esta nueva regulación, ya que, a diferencia de los casos anteriores, esta vez sí prepublicó la norma; y Produce, en particular, estuvo dispuesto a escuchar las opiniones de los principales interesados.

Sin embargo, no todo es color de rosa. El sector aún no ha justificado de manera técnica por qué no aplica también ese concepto en el norte del litoral. Allí aún se mantiene la prohibición para la pesca industrial de anchoveta entre la milla 10 y 5, lo que sigue ocasionando que los recursos marinos sean depredados por pesqueros ilegales que actúan con la más absoluta impunidad. Sin control ni fiscalización, serán ellos quienes terminarán afectando la biomasa de anchoveta.

Si bien este año se presentaría una nueva ley general de pesca que podría solucionar este problema, ya ayer la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley que buscaría beneficiar esta actividad en su conjunto. En conferencia de prensa, la jefa del Gabinete señaló que el proyecto dispondrá la creación del Sistema Nacional de Supervisión y Fiscalización Pesquera, así como la de la Superintendencia Nacional de Pesquería. Esperamos que con ambos proyectos propuestos por el Ejecutivo se finalice esta larga temporada de tormentas que ha ocasionado graves perjuicios a este importante sector y ha afectado seriamente nuestra alicaída economía.