Presentar por presentar

Ayer el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, presentó la primera cuestión de confianza de este gobierno. La herramienta está atada al recuerdo del uso que hizo de ella el ahora expresidente Martín Vizcarra para disolver el Congreso en setiembre del 2019, por lo que la posibilidad de que esta representación nacional sufra el mismo destino ha vuelto a cobrar fuerzas. En un intento por conjurar estos temores, desde el Ejecutivo se han apurado a descartar que ese sea el fin ulterior de su iniciativa; sin embargo, el contexto y la forma en la que se dio esta no permiten despejar las dudas. De hecho, solo las acrecientan.

Inicialmente, como se recuerda, el Ejecutivo anunció que haría cuestión de confianza el pasado martes 8 de noviembre a fin de que el Congreso sometiera a votación inmediatamente el proyecto de ley presentado por esta administración en abril para derogar la norma que regula la aplicación de esta misma figura. En aquella oportunidad, la excusa utilizada por el jefe del Gabinete fue que habían transcurrido “siete meses” desde la presentación de la iniciativa y que esta “a la fecha no cuenta con dictamen de la comisión competente”. Pues bien, tres días después, la Comisión de Constitución del Parlamento revisó el referido proyecto y decretó –por mayoría– su archivamiento, una decisión que puede no gustarle al Ejecutivo, pero que el Parlamento tomó en ejercicio de sus atribuciones.

Sin posibilidad de hacer cuestión de confianza por un proyecto ya archivado, el Ejecutivo volvió ayer a la carga invocando esta figura por una iniciativa que había elaborado apenas minutos antes y que busca derogar otra ley dada por este Congreso: la 31339. Dicha ley, como se recuerda, fue aprobada por esta representación nacional a fin de regular lo que ya está regulado en la Constitución: que toda reforma que se busque hacer de ella debe ceñirse a lo que estipula su artículo 206. Esto, en momentos en los que varios voceros del oficialismo deslizaban la engañifa de que se podía convocar un referéndum para instalar una asamblea constituyente sin pasar por el Legislativo, un camino que, como hemos dicho en este Diario, la Carta Magna no permite.

Al respecto, en enero pasado el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitió un pronunciamiento sobre la entonces autógrafa de ley del Congreso en el que señaló que, si bien la modificación realizada por esta “resulta innecesaria, su inclusión no contraviene la Norma Fundamental”. Por lo que, como resulta lógico, el proyecto sobre el que esta administración ha decidido hacer cuestión de confianza no implicaría cambio alguno en lo que ya establece nuestra Carta Magna. Así, si la ley dada por el Congreso a inicios de año fue innecesaria, la formulada ahora por el Ejecutivo es simplemente un sinsentido.

Además, no se entiende qué política de gobierno pone en riesgo la continuidad de la norma que estamos comentando aquí o de qué manera esta impide que el Ejecutivo pueda realizar sus funciones como corresponde. Ni tampoco la prisa por derogar una ley por la que el Gobierno ha presentado una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional que todavía está pendiente de resolverse.

Todo lo anterior indica que al Gobierno solo le interesa hacer cuestión de confianza sin reparar realmente en las razones de fondo que justifiquen el uso de esta prerrogativa. Es decir, solo le importa presentarla por presentarla. ¿Con qué finalidad? Eso es algo con lo que cada uno podría conjeturar, pero algunas de las hipótesis aireadas por varios observadores ayer iban desde la necesidad del Ejecutivo de distraer la atención del público en momentos en los que cuatro ministros se hallan en la mira de la fiscalía hasta un intento por poner contra las cuerdas al Parlamento con miras a disolverlo.

Ojalá que la misión de observación de la OEA que llega este fin de semana a nuestro país tome nota de esta situación, pues es evidente que utilizar la cuestión de confianza de la manera ligera e irresponsable como el Ejecutivo viene haciendo no es nada democrático.