Editorial: Proyectos cazafantasmas

Hace dos días, durante una entrevista telefónica con el programa “No culpes a la noche”, el prófugo Martín Belaunde Lossio hizo una revelación sobre sus contribuciones económicas al humalismo. En referencia a la campaña del 2006, dijo: “Yo en algún momento hice un aporte, pero [aquel] por el cual me están investigando, nunca lo hice. Es más, ni siquiera coincide lo que expresan allí con mi número de DNI”.

Por venir del antiguo amigo de la llamada ‘pareja presidencial’ y habida cuenta de su extradición recién aprobada, la afirmación llama especialmente la atención. Pero lo cierto es que el dato señalado añade solamente una cuenta más al rosario de los ‘aportes fantasmas’ a esa organización política y otras.

Sin ir muy lejos, recordemos que el propio padre del prófugo empresario, Arturo Belaunde Guzmán, negó hace poco haber donado los S/.132.240 que figuraban en la relación de aportes a la campaña ya mencionada. O –por citar solo uno de muchos ejemplos disponibles– el caso de la señora María Donalia Cerdán Muñoz, una septuagenaria vecina de San Martín de Porres que no sabe cómo así su nombre apareció en la lista de contribuyentes a los empeños electorales de Gana Perú en el 2011, con S/.55.400.

Como advertíamos, sin embargo, se pueden citar casos similares y en general de gastos de campaña sobre los que nunca se rindieron cuentas (lo que, en el fondo, es otra cara del mismo problema) que atañen a Fuerza Popular, a Solidaridad Nacional o a los promotores de las campañas del Sí y el No con ocasión de la consulta revocatoria del 2013 en Lima. 

Y si pasamos de los procesos presidenciales o municipales a los que conducen a la elección de congresistas, nos topamos también con la alarmante realidad de que 55 de los 130 legisladores actualmente en funciones no han reportado a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) la lista de sus financistas ni la de los gastos en los que incurrieron para los comicios del 2011.

En este Diario hemos subrayado reiteradamente cuáles son los riesgos que se derivan de esta opacidad o simple ocultamiento del origen de la financiación de los esfuerzos de los candidatos por llegar al poder, y hemos señalado que estos consisten fundamentalmente en que los electores no saben con quién está de alguna manera ‘endeudado’ el postulante por el que votan. Es decir, como no saben quién puso recursos en su campaña, tampoco saben qué es lo que ese financista puede esperar en retorno del representante en cuestión (pues nadie solventa aventuras políticas que socaven sus intereses).

Y si esto es un problema cuando los fondos tienen un origen lícito (esto es, provienen de una actividad económica como el comercio, la construcción o la agricultura), es de imaginar lo que ocurre cuando el dinero proviene del narcotráfico o de la minería ilegal... Aunque, pensándolo bien, ni siquiera hace falta usar la imaginación, pues basta repasar las noticias políticas de los últimos tiempos para tener pruebas palpables de la penetración de esas plagas en los partidos y en las distintas esferas del poder.

Lo preocupante es que las leyes de las que disponemos hasta el momento para evitar los aportes con datos falsos o no reportados son a todas luces ineficaces, pues quienes las han incumplido no han debido enfrentar consecuencia alguna. Pero existen ahora dos iniciativas alentadoras para remediar, aunque sea parcialmente, esa circunstancia.

Por un lado, está la reforma electoral presentada ante el Legislativo por la ONPE, el Reniec y el JNE, que incluye una severa escala de multas a los partidos que cometan faltas en la rendición de cuentas (no menos de 10 ni más de 30 veces el monto recibido en exceso, omitido o adulterado); y que propone también que las organizaciones políticas cuenten obligatoriamente con un tesorero y un contador, además de llevar libros contables de sus ingresos y gastos de campaña.

Y, por otro, el proyecto de ley que presentará la Unidad de Inteligencia Financiera el próximo mes para que los aportes a los partidos de montos que excedan los diez mil dólares se realicen obligatoriamente a través de entidades financieras, lo que permitiría identificar siempre al contribuyente y la fuente de su dinero. Medidas que, aún aprobadas, no serán seguramente la solución cabal a la amenaza sobre la que llamamos aquí la atención, pero que podrían significar un avance en la ardua tarea de dar caza a los fantasmas que arrastran las cadenas de la corrupción dentro de nuestro sistema político.