Editorial: Donde manda capitán…

El viernes pasado, el presidente de la República, Martín Vizcarra, pronunció un discurso en CADE Ejecutivos que motivó varias reacciones y que, como mencionamos anteriormente, alcanzó por momentos ribetes de mensaje a la nación.

Dentro de los puntos que abordó el mandatario, estuvo el alto nivel de informalidad que impera en el país, una de cuyas causas –afirmó– era “el alto costo laboral no salarial [es decir, los gastos con los que corre el empleador, como las vacaciones, las gratificaciones y la CTS, entre otros] que duplica, y hasta triplica, el de nuestros pares de la Alianza del Pacífico”. Para terminar recalcando la importancia de “fomentar la generación de empleo formal y de calidad […] construyendo los consensos políticos y sociales”.

La sensación que quedaba tras la alocución de Vizcarra era la de un Ejecutivo comprometido con empujar una reforma laboral tantas veces postergada en los últimos años. Sensación que, además, alcanzó nuevos bríos el domingo cuando el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, afirmó en una entrevista que los acuerdos de la mentada reforma se trabajarían en el marco del Consejo Nacional de Trabajo (CNT). “Estamos tomando las cosas claramente, y aunque muchos tienen miedo de enfrentarlo lo estamos haciendo”, puntualizó.

A decir verdad, pocos temas en el Perú alcanzan tal grado de urgencia como el de la necesidad de impulsar un cambio drástico en materia laboral. Según el INEI, la informalidad en el país alcanza al 73% de la fuerza laboral (esto es, más de dos tercios). Un fenómeno que en las zonas rurales trepa hasta el 95,7%. Peor aun, tal como informó este Diario hace tres semanas, la informalidad ha venido creciendo a tasas de al menos 4% en los últimos 10 meses, lo que se traduce en más de 12 millones de trabajadores informales en el país.

Bajo este panorama, resulta saludable que tanto el mandatario como el primer ministro hayan manifestado su intención de abordar este problema de forma frontal. Y cabría esperar que dicha preocupación haya sido acogida también por el Ejecutivo en pleno. Salvo, al parecer, por el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Christian Sánchez.

En efecto, consultado sobre los dichos de Vizcarra y Villanueva, el ministro Sánchez afirmó que el discurso del jefe del Estado en CADE solo estaba ‘iniciando un debate’, en lo que se lee como un claro intento por bajarle los decibeles a la premura que el Gobierno parece querer imprimirle a la reforma. Sánchez, además, afirmó que “no hay un texto de reforma laboral que yo conozca”, y consultado específicamente sobre las declaraciones del primer ministro, las calificó de “un insumo más”.

Si bien es cierto, el presidente en ningún momento ha asegurado tener ya un documento elaborado (a lo sumo ha manifestado su compromiso por resolver el problema), sería conveniente saber cuál ha sido la propuesta de reforma que ha venido trabajando el MTPE en los casi diez meses que lleva el señor Sánchez de gestión. Lo que sí hemos venido conociendo, sin embargo, es la forma en la que el MTPE calcula el porcentaje de trabajadores informales –usando una metodología reñida con el consenso internacional– o la incredulidad del ministro Sánchez respecto a la rigidez laboral –un problema que los expertos señalan como clave en el fomento de la informalidad–.

Por lo demás, esta no es la primera vez en la que se oyen mensajes cruzados desde el interior del Ejecutivo. Vale recordar la polémica que hubo entre el titular de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, y el propio Sánchez a raíz de la aprobación de una nueva ley de negociación colectiva en el Congreso hace pocas semanas.

Que en los debates por la elaboración de políticas puedan surgir diferencias de opinión es entendible. No obstante, que sobre un tema tan importante y entre voceros del Gobierno haya tantas y tan disímiles versiones luce poco serio. Esperemos que lo que prime sea la palabra del presidente y la del primer ministro y no de quienes se oponen a reconocer tan grave problema.