Editorial: Resurrección civil

El gobierno está preocupado por la caída de su aprobación en las encuestas, como lo demuestra la campaña iniciada por estos días en los medios para tratar de resaltar algunos ‘logros’ de los primeros 100 días de gestión.

Y sin embargo, como sugiere el reciente enrolamiento de Alfredo Jalilie para que colabore con la reforma del Seguro Integral de Salud (SIS), en las esferas más altas del poder no terminan de entender que la causa principal de ese temprano desencanto son las señales abiertamente contradictorias que emiten con respecto a su voluntad de curarse en salud frente a la corrupción.

Como si no hubieran escarmentado con el frustrado intento de pasar por agua tibia el ‘affaire Moreno’, en el Ejecutivo siguen buscando la cercanía de personas sobre las que pesa una sombra de ese tipo y tratando de relativizar sus problemas cuando alguien los saca a la luz. Ahora, además, con el agravante de haber aprobado hace poco más de una semana el proyecto de la ‘muerte civil’ para quienes hayan sido sentenciados por casos de corrupción.

Como se sabe, Alfredo Jalilie fue viceministro de Hacienda durante casi todo el fujimorato y en el 2006 fue sentenciado a cuatro años de prisión y al pago de una reparación civil de 2’500.000 de soles por el desvío de fondos públicos para pagar la mal llamada ‘compensación por tiempo de servicios’ de Vladimiro Montesinos, justo antes de que este abandonara el país en el año 2000. El monto de esa peculiar ‘CTS’ ascendió a US$15’000.000. Y no hay que olvidar que ese fue solo uno de los cuatro delitos por los que se lo procesó.

Seis meses después de haber sido sentenciado, Jalilie fue indultado por el entonces presidente Alejandro Toledo, por razones de salud, lo que lo libró de seguir cumpliendo la pena de cárcel, pero no de la carga moral de su delito ni de la obligación de saldar la reparación civil (una deuda que, diez años después, todavía es de 2’321.453 soles).

Y a pesar de estos trazos biográficos, tan poco recomendables para aproximar a alguien al entorno de cualquier otro gobierno, el presidente Pedro Pablo Kuczynski reveló el jueves pasado en una entrevista radial que eso es precisamente lo que la actual administración ha hecho.

Mientras explicaba ciertos detalles de la reforma en marcha del SIS, el mandatario efectivamente dijo: “El ex viceministro de Economía Alfredo Jalilie está ayudando en eso. Él es del gobierno de Fujimori, o sea que seguro nos van a decir ‘¡cómo es posible!’. Pero es una persona de gran capacidad”. Lo que equivalía a sentenciar: sé que existe un problema, pero no me importa.

El destape provocó, por supuesto, un tremendo revuelo político (que no ha sido mayor solo porque el fujimorismo, por razones obvias, se ha abstenido de azuzarlo), frente al que el oficialismo ha reaccionado con un argumento que quiere ser ingenioso: Jalilie no ha sido contratado, no es funcionario público y no está en la planilla del Estado. Lo han dicho el congresista Carlos Bruce, el ministro de Economía, Alfredo Thorne, y hasta el propio jefe de Estado.

Pero de ingenio, nada, pues la verdad es que ese retruque deja el problema central intacto: la ‘muerte civil’ no solo tiene por objeto castigar a las personas que en el pasado han cometido actos de corrupción negándoles la posibilidad de ser burócratas, sino también mantenerlos lejos del proceso de toma de decisiones del gobierno, pues, como el Caso Moreno demostró, no hace falta estar en la planilla del Estado para promover los ‘negociazos’ en su interior.

En ese sentido, la ‘consulta’ a Jalilie a propósito de la reforma del SIS va ostensiblemente a contramano de la medida que, con bombos y platillos, esta administración aprobó hace poco para tratar de aliviar su agobiada situación. Y no hay experiencia, ni capacidad personal, o dificultad intrínseca en el tema a ser abordado que justifique la contradicción de una ‘resurrección civil’ como esta.