Editorial: Los suprafiscales

Dentro de las múltiples lecciones que viene dejando el Caso Lava Jato a nivel local e internacional, una de las más trascendentales es la importancia de la separación de poderes y del respeto de la autonomía judicial. Dos principios presentes en la mayoría de cartas magnas latinoamericanas, que se convierten en ingredientes imprescindibles cuando se trata de investigaciones judiciales que comprometen a la clase política.

La semana pasada, legisladores de diversas tiendas políticas que integran la comisión parlamentaria Lava Jato embistieron contra el Ministerio Público. Ello a raíz de la negativa de la Junta de Fiscales Supremos a autorizar que el fiscal anticorrupción Hamilton Castro asista a declarar a dicha comisión, en una sesión en la que se tenía previsto interrogarlo por la investigación que lidera.

Las razones esgrimidas por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, tenían que ver con la necesidad de resguardar la reserva de la investigación, como sucede con todos aquellos procesos penales en los que el esclarecimiento de los hechos, la obtención de las pruebas de los delitos cometidos y la aprehensión de los responsables pueden verse en peligro a causa de una excesiva publicidad de las acciones y planes de la fiscalía. Un argumento que cobra especial relevancia en este caso, tanto por los estruendos que suelen acompañar a las sesiones parlamentarias y a las declaraciones de sus integrantes, como por la circunstancia especial de que los sujetos investigados podrían pertenecer o tener vínculos con más de una agrupación política que ejerció el poder en los últimos años.

Así, el componente político podría derivar en acciones obstruccionistas de los partidos involucrados en la investigación como en arremetidas oportunistas de sus rivales, generándose un ruido político innecesario y perjudicial para la estrategia fiscal y judicial.

Pese a estos riesgos, los legisladores que integran la Comisión Lava Jato han reclamado la presencia del fiscal Castro con no pocos agravios de por medio. Por ejemplo, la congresista de Fuerza Popular Lourdes Alcorta ha sentenciado refiriéndose al Ministerio Público: “O son cómplices de toda esta porquería de corrupción, o los señores se vienen con nosotros, a recibir y compartir información”; mientras que Víctor Andrés García Belaunde de Acción Popular ha señalado que “el tema no es que [la investigación fiscal] se quiebre por lo que dice la comisión, el tema es que se quiebren ante la presión económica y la política […] el fiscal Castro no está actuando adecuadamente”. Más severo aun fue el congresista aprista Mauricio Mulder al afirmar sobre el proceder de la fiscalía: “Si ellos quieren manejar las cosas de esta manera, sabe Dios qué se está negociando […] con los antecedentes que tiene el Ministerio Público, que está plagado de fiscales que liberan bandas…”, y especular que el fiscal de la Nación “ya merece una acusación constitucional, porque es evidente que hay una infracción constitucional”.

Para disgusto de los parlamentarios, sin embargo, el amplio consenso de expertos constitucionalistas y penalistas ha respaldado la autonomía del Ministerio Público y criticado la intromisión parlamentaria. Por otra parte, las actuaciones de la fiscalía durante las últimas semanas, que van desde el descubrimiento de las coimas recibidas por ex funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del segundo gobierno aprista hasta el allanamiento de la casa del ex presidente Alejandro Toledo, acusado de recibir US$20 millones en sobornos de Odebrecht, han otorgado un cierto halo de efectividad y confianza a su labor hasta el momento.

En Brasil –país de origen del Caso Lava Jato–, los resultados concretos y la transparencia con los medios y la opinión pública en la medida de lo posible han sido los principales escudos de los fiscales y jueces para enfrentar los embates que han recibido de ex presidentes, funcionarios del gobierno y congresistas. Esperemos que el Ministerio Público siga teniendo esto presente y que los parlamentarios recuerden que sus ataques no los convierten en suprafiscales, sino en sospechosos.