Editorial: No es tabú

La Corte Suprema de México ha abierto la puerta para autorizar el consumo, el cultivo y la posesión de marihuana, luego de un recurso planteado por la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante. El principal argumento de la demanda era la defensa del derecho al desarrollo de la libre personalidad.

Así, México se suma a los pocos países que dan un paso hacia la legalización de algunas drogas como lo hizo antes Uruguay. A nuestro país el tema ha llegado tímidamente a través del debate electoral. Por ejemplo, la candidata presidencial del Frente Amplio, Verónika Mendoza, se mostró recientemente a favor de la legalización de la marihuana. El planteamiento de la candidata de izquierda resulta audaz en un contexto en el que la escena nacional está dominada por los desbordes verbales en el Congreso y la imparable sucesión de denuncias y procesos de investigación de unos y otros.

Es un ineludible desafío para los candidatos plantear temas de debate nacional. El electorado quiere escuchar programas de acción y propuestas de políticas prácticas. En el caso de la legalización de la marihuana es positivo que el asunto se ponga sobre el tapete. Después de todo, es discutible que se pueda impedir a adultos informados consumir lo que ellos prefieran siempre que sus acciones no perjudiquen los derechos ni las libertades de terceros.

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha recogido el fallo en este sentido de la Corte Suprema de su país para proponer un amplio y largo debate nacional. La legalización de la marihuana es un tema complejo y que no se puede resolver solo desde la legislación o la judicialización. Hay un derecho fundamental del individuo de por medio, lo que no implica que no deba ser una preocupación estatal el informar sobre las consecuencias que este consumo pueda tener sobre la persona.

El uso de drogas viene asociado, debido a su estatuto legal, a un entorno de criminalidad. De ese entorno surge la corrupción y la búsqueda de influencia en distintas instancias del poder. Los narcoindultos, por ejemplo, establecieron al parecer un mercado de compraventa de favores penitenciarios que pervirtieron la justicia y el Estado de derecho. 

Esta es una arista adicional y sumamente relevante al momento de entablar el debate sobre una potencial liberalización del mercado: el impacto que tiene el comercio ilegal de drogas sobre la perversión del sistema político para conservar sus rentas y el costo de los mecanismos de identificación y sanción que el Estado utiliza para defender su prohibición. La ilegalidad de las drogas y los altos márgenes que esta prohibición produce generan muchos incentivos para que personas que están dentro del sistema –desde productores y comercializadores hasta agentes del orden o políticos sin escrúpulos– se opongan a un cambio o siquiera a un debate sobre el statu quo.

No se puede hablar de legalizar usos recreativos de la droga si no se encara el problema de la comercialización. Si se libera el consumo, pero no el comercio, se mantendrán las vías de la criminalidad. De la misma manera, si no se cambia el estatuto de la producción, no habrá incentivos para introducir estándares de calidad, con lo cual se aumenta el daño potencial que toda droga comporta.

Sin duda, necesitamos información fluida sobre los impactos de corto y de largo plazo del consumo de drogas y ser claros en establecer diferencias entre distintas clases de sustancias para luego tomar una decisión, como sociedad, sobre la conveniencia de seguir los pasos de México o Uruguay. 

En cualquier caso, mantener el asunto como un tema tabú o apelar a dogmas sin sustancia no contribuye a esclarecer el denso humo que se ha ceñido alrededor del sistema de prohibición.