Editorial: Un trance preliminar

Ayer, en horas de la mañana, una bomba noticiosa estremeció las redacciones de todos los medios locales: Keiko Fujimori, lideresa del partido que ostenta una larga mayoría en el Congreso y sin duda una de las personas más poderosas del país, fue detenida al asistir a una cita en el Ministerio Público para declarar sobre los aportes que recibió su partido para la campaña del 2011.

La orden fue dictada por el juez titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional, Richard Concepción Carhuancho, a pedido del fiscal José Domingo Pérez, quien investiga a la señora Fujimori por los mencionados aportes.

La medida consiste en una detención preliminar por diez días –es decir, no constituye un pronunciamiento sobre el fondo del asunto ni es una condena anticipada– y comprende a otras 19 personas, pero los megatones políticos de lo ocurrido han determinado que esos datos pasen prácticamente desapercibidos entre quienes se han apresurado a pronunciarse en contra o favor de la orden judicial.

Entre los primeros, cabe notar, por ejemplo, al ex presidente del Legislativo Luis Galarreta, quien ha calificado la detención de “ilegal, inconstitucional y cobarde”, al tiempo de denunciar una supuesta utilización “asquerosa [del] Poder Judicial para hacer persecución política” y advertir que “viene también el cierre del Congreso”. “Aquí viene un golpe de Estado”, ha dicho.

De parecida opinión ha sido su compañero de bancada Héctor Becerril, quien ha recordado que los golpes de Estado comienzan “tratando de acallar a los principales líderes de oposición” y ha encontrado similitudes entre lo sucedido a su lideresa y la situación que se vive en Venezuela. A su turno, el parlamentario Miguel Torres ha hablado de “un día nefasto para la democracia” y –en lo que constituye una equívoca evocación de casos distintos al que ha precipitado los acontecimientos de ayer– de “los 18 años [en que] han intentado apagar” la voz de la señora Fujimori.

Finalmente, el propio partido Fuerza Popular ha divulgado un comunicado en el que invoca “a todas las fuerzas democráticas” y a la “comunidad internacional” a “mantenerse alerta ante este atentado a la democracia y la institucionalidad”.

¿Pero quién está por dar el presunto golpe de Estado? ¿Quién utiliza la justicia para hacer la alegada persecución política? ¿En qué consiste exactamente el “atentado a la democracia”? ¿Cuáles son las pruebas de la existencia de esa aparente conspiración? Eso no nos lo dicen… lo que convierte su pronunciamiento simplemente en una proclama política.

No son mucho mejores, no obstante, los argumentos de quienes se han alegrado con lo acontecido. El vocero de la bancada del Frente Amplio, Humberto Morales, ha sentenciado, por ejemplo, que “la detención de una persona no se hace al azar”, sino que “es porque se ha delinquido”, ignorando que es precisamente eso lo que falta establecer (y que lo tiene que hacer la justicia, no un parlamentario). Algo más cuidadosa, por su parte, la lideresa de Nuevo Perú, Verónika Mendoza, ha envuelto su dictamen anticipado dentro de una pregunta retórica. En su cuenta de Twitter, en efecto, ha escrito: “En el Perú siempre hubo poderosos intocables que nunca respondían por sus delitos. ¿Será que por fin la justicia empieza a medir a todos con la misma vara sin importar el cargo, la billetera o el apellido? Ojalá”.

Lo cierto, sin embargo, es que las justificaciones ofrecidas por el juez Concepción Carhuancho para su decisión tienen que ver con un presunto “peligro de fuga” y con el hecho de que la señora Fujimori no ha concurrido ‘cabalmente’ a las citaciones del Ministerio Público. Sobre los presuntos hechos delictivos enumerados –formación de una organización criminal, lavado de US$1 millón de Odebrecht, etc.– lo que se requiere para tomar una medida como la que nos ocupa es la existencia de ‘razones plausibles’ para considerar que la persona los ha cometido. De manera que, por el momento, es de eso de lo que estamos hablando.

Se trata, pues, por un lado, de un trance perfectamente legal; y, al mismo tiempo, literalmente preliminar. De manera que solo en diez días, cuando la fiscalía haya mostrado los elementos de convicción que la han movido a solicitar este paso, sabremos si, aparte de ser permitido por la ley, ha sido pertinente.