Editorial: Una nueva oportunidad

Pasada la contienda electoral, ha empezado la tarea de cerrar las divisiones políticas y la acrimonia que se abrieron en determinadas regiones, provincias o distritos a raíz de la competencia. Aunque en 15 gobiernos regionales la segunda vuelta espera a los dos candidatos que recibieron el mayor apoyo popular el domingo, en general los ganadores se deben alistar para tomar posesión del cargo, los perdedores para apoyar desde donde les toque, y las autoridades salientes para dejar las cuentas en orden y los proyectos pendientes en marcha.

La renovación de autoridades subnacionales que tendrá efecto a inicios del próximo año es ocasión para reflotar aquellas regiones o municipios que han caído en los últimos años bajo los embates de la corrupción o en el pasme de la ineficiencia y el desmanejo. Al tratarse de una renovación total –dada la prohibición de la reelección inmediata aplicada por primera vez en estos comicios–, la oportunidad de cambio real en determinadas zonas donde las autoridades llevaban décadas en el cargo es mucho mayor.

El costo de tener nuevas autoridades regionales y locales, sin embargo, no es bajo. Desde este Diario, de hecho, nos hemos pronunciado en contra de la prohibición de la reelección no solo porque atenta contra el derecho de elección ciudadana e impide que los buenos gobernadores regionales y alcaldes puedan continuar con su trabajo, sino porque impone necesariamente una curva de aprendizaje sobre toda la gestión pública subnacional.

Este último asunto no es menor. El presupuesto del próximo año –aún por aprobar– dispone que las regiones y municipios concentren hasta el 70% del total de los recursos para la inversión pública. Esto supone un incremento significativo con respecto de años anteriores y un riesgo adicional para autoridades sin experiencia en el manejo del gasto público. Mientras el nuevo gobernador regional o alcalde evalúa la situación de la oficina que asume, se familiariza con los procesos burocráticos, define sus espacios de acción y prioridades, y empieza la ejecución de sus planes, pueden pasar varios meses. De acuerdo con un informe de la Unidad de Análisis Económico de El Comercio, en los diez municipios con mayor presupuesto de Lima, en promedio se ejecutó apenas 18% del presupuesto anual durante el primer semestre del año de inauguración del período.

En línea con lo anterior, si bien se espera que la inversión pública crezca este año en casi 10%, para el próximo año los estimados son mucho menos optimistas. La proyección del Banco Central de Reserva es que esta no alcance el 3% de expansión en el 2019. De acuerdo con el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Oliva, si la inversión pública subnacional cayera solo 5%, “habremos avanzado un montón”. La preocupación, por supuesto, no es solo la cantidad gastada sino la calidad. Según un reciente estudio del BID, las ineficiencias del gasto público le cuestan anualmente al Perú 2,5% del PBI.

No han faltado ejemplos de gobernadores regionales y alcaldes íntegros, comprometidos y diligentes, pero tampoco han faltado autoridades con serias acusaciones de corrupción y otros delitos, así como zonas que no tienen los servicios públicos o la infraestructura adecuados a pesar de contar con los recursos económicos para ello. En un país con una descentralización disfuncional como el Perú, la responsabilidad política y económica que asumirán las casi 2.000 nuevas autoridades a partir del primero de enero del próximo año es enorme. Más de 31 millones de peruanos están a la expectativa.