Editorial: El acorazado Donayre

Hace dos días, la Comisión de Constitución aprobó, con votos de Fuerza Popular, el informe de opinión consultiva relacionado al levantamiento de la inmunidad parlamentaria del legislador Edwin Donayre. Este había sido solicitado en diciembre pasado por la comisión encargada de estos procesos para que aclare si el levantamiento de la inmunidad de arresto procede solo ante sentencia firme con calidad de cosa juzgada.

Como se sabe, en agosto del año pasado el general Donayre fue sentenciado a cinco años y medio de prisión por el caso del ‘gasolinazo’, en el que se le acusó a él y a 41 personas más de haberse apropiado de combustible del Ejército en el 2006, diez años antes de que asumiera el cargo de congresista. No obstante, a pesar de lo elemental que es que una persona sentenciada por un delito purgue la pena que se le ha impuesto, esto no ha sido así para nuestros legisladores, en especial para los miembros de Fuerza Popular. Pues lo sucedido anteayer en la Comisión de Constitución no es otra cosa que un episodio más en una historia de blindajes que tienen al general como principal beneficiario.

El documento concluye que corresponde pedir al Poder Judicial (PJ) “una precisión o aclaración” sobre la sentencia que pende sobre el parlamentario, con el fin de “asegurar que se ha cumplido con el control de convencionalidad y constitucionalidad”. Sin embargo, cabe recordar que la posición del PJ es harto conocida y la “precisión” que hoy se pide ya fue hecha en noviembre del 2018 a través de su cuenta de Twitter. En aquella ocasión la institución aclaró que la sentencia “no tiene efecto suspendido; es decir, no requiere [de] segunda instancia para su ejecución”.

Un mes después de esta declaración, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria celebró, ante la insistencia del PJ para que se permita el arresto de Donayre, una sesión en la que se debía votar la admisibilidad del pedido; aproximadamente cuatro meses después de emitida la sentencia. En aquella ocasión, no obstante, una cuestión previa solicitada por el vocero fujimorista Carlos Tubino motivó la mencionada solicitud de una opinión consultiva a la Comisión de Constitución, postergando la decisión.

Con lo ocurrido el martes, la comisión liderada por la parlamentaria fujimorista Rosa Bartra genera una nueva prórroga en el proceso de levantamiento de la inmunidad del congresista Donayre, circunstancia que, dada la claridad de los hechos que la componen, debió haber sido zanjada hace mucho. Es por ello que el juez Francisco Távara, presidente de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria de la Corte Suprema, declaró a este Diario que los últimos acontecimientos relacionados al caso “solo tiene[n] un ánimo dilatorio”.

Y es que las razones de Fuerza Popular para querer mantener a Edwin Donayre ocupando su escaño por el mayor tiempo posible son claras. Con los números que ha perdido la bancada naranja como producto de sus propios trances partidarios, cada voto que pueda conseguir a su favor le es valioso, lo que se hará aún más importante cuando toque recomponer las comisiones, si se toma en cuenta que con los votos de Donayre y el Apra la agrupación naranja podría mantener el control de algunas de ellas. La posibilidad de que el congresista de APP vaya a prisión y lo suceda su accesitario, Luis Iberico, podría truncar las aspiraciones de los fujimoristas.

La verdad, sin embargo, es que, como sucedería con cualquier ciudadano, el general Donayre debe cumplir con la sentencia que pesa sobre él. Que eso no ocurra, por el blindaje que lo acoraza, debería inyectarle vigencia a la discusión sobre la pertinencia de la inmunidad parlamentaria y hacernos reflexionar sobre el compromiso de nuestros padres de la patria con la lucha contra la corrupción.