Editorial: Colaboración eficaz

En los próximos días, como informó este Diario, la empresa Odebrecht firmará un acuerdo con las autoridades peruanas con el fin de permitir su permanente colaboración con las investigaciones del Ministerio Público en torno al Caso Lava Jato. Este, en concreto, permitirá la cooperación irrestricta de los ejecutivos de la compañía y la entrega de todos los documentos de los servidores My Web Day y Drousys, utilizados por el Departamento de Operaciones Estructuradas de la referida firma, que habría sido encargado de la coordinación del supuesto pago de sobornos a funcionarios públicos y aportes a campañas políticas.

Un acuerdo de esta naturaleza es una buena noticia para el país, habida cuenta de que toda la información que sea provista producto de este sumará a los esfuerzos de la justicia por hacer que los implicados en casos de corrupción lidien con las consecuencias de sus acciones. El compromiso podría resultar también en información clave que confirme los testimonios de Jorge Barata y Marcelo Odebrecht sobre los aportes que habrían sido entregados para las campañas electorales de múltiples personajes de la política nacional y que hoy tienen investigaciones abiertas en la fiscalía.

No obstante, no todas las reacciones a la inminente firma de este acuerdo han sido positivas. Es el caso, por ejemplo, de la congresista de Fuerza Popular Rosa Bartra, quien considera que con este convenio el gobierno “le está pagando [a Odebrecht] por destruir a la oposición” y exigió “conocer los alcances legales del mismo”. Esto último, un sentimiento similar al expresado por el congresista Gilbert Violeta de Peruanos por el Kambio, que aseguró esperar que el acuerdo se haga público “para su evaluación”.

La preocupación de los legisladores gira en torno a lo que el Estado peruano podría concederle a Odebrecht a cambio de su colaboración. Sin embargo, si bien puede entenderse el ánimo sancionador de algunos congresistas, lo cierto es que el manejo de los detalles del acuerdo, y la administración de la información que devenga del mismo, es competencia exclusiva del Ministerio Público como órgano constitucional autónomo. Corresponde, entonces, a esta institución ultimar los detalles del convenio para asegurar que se aproveche de la mejor manera y que signifique un avance considerable en las pesquisas. De la misma forma, en lo que respecta a la reparación civil que deberá pagar la compañía, ello es responsabilidad de la procuraduría ad hoc.

Si de algo debería preocuparse el Congreso, en cambio, es de custodiar la independencia de los investigadores y de evitar que su labor sea obstaculizada por intereses políticos. Esto último entrañaría interrumpir toda una investigación y sabotear los esfuerzos de luchar frontalmente contra la corrupción.

Por ello es indispensable el respaldo al equipo especial del Caso Lava Jato, que ha empezado a mostrar resultados, y en particular a su coordinador el fiscal Rafael Vela. Una necesidad que cobra especial relevancia ante la inquietante seguidilla de procesos disciplinarios iniciados contra José Domingo Pérez y, en general, ante las discrepancias del fiscal de la Nación respecto a la conformación del grupo de trabajo.

Estas circunstancias alimentan la tesis de que existiría un afán por interferir con el flujo de la investigación. Tal es el caso que incluso ha suscitado el pronunciamiento de la fiscalía brasileña en apoyo al equipo de Vela resaltando la importancia de “blindar las investigaciones de interferencias políticas”. Algo que se debe tomar en cuenta especialmente ahora, cuando de la estabilidad del equipo de Vela depende que se aproveche de la mejor manera el convenio con Odebrecht.

Así las cosas, la información que pueda obtenerse con el acuerdo será una herramienta importante para el equipo que hoy busca determinar los alcances del Caso Lava Jato en nuestro país. La firma de este convenio deberá venir acompañada de un respaldo a los que llevan adelante la investigación y de rechazo a las intenciones de quienes buscan plantear interferencias a la misma.