El otro fallo contra Vizcarra

El Ministerio Público solicitó esta semana que Martín Vizcarra cumpla seis meses de prisión preventiva en lo que se resuelve el juicio en su contra por corrupción. El Poder Judicial no acogió este pedido, pero sí le dictó comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país por 6 meses y, mientras tanto, su proceso continúa alargándose, especialmente por las estratagemas que su defensa ha puesto en marcha (la última de ellas, convocar a un perito que no se presentó en la fecha en que debía hacerlo, por lo que hubo que reprogramar la audiencia). Para la fiscalía, el riesgo de que el exmandatario abandone el territorio nacional es alto por varias razones.

En la audiencia el fiscal Germán Juárez Atoche sostuvo que, en los últimos meses, Vizcarra viene calificándose a sí mismo como un “perseguido político”, en una operación que tendría como fin abonar el terreno para que, ante una eventual condena, corra a pedir asilo en algún país vecino. Ya vimos en los casos de Nadine Heredia y Pedro Castillo la facilidad con la que algunos mandatarios de la región parecen dispuestos a tragarse este tipo de cuentos, por lo que, ciertamente, las sospechas del magistrado en este caso no parecen exageradas. Pero hay más.

Juárez advirtió también que Vizcarra viaja constantemente por el interior del país, gracias a una ley del Congreso y amparado en una supuesta candidatura presidencial que es legalmente imposible a estas alturas. Y que, además, el 22 de mayo las cámaras de seguridad del terminal terrestre de Moquegua lo captaron recorriendo el lugar sin la compañía de los agentes de seguridad que, debido a su condición de expresidente, se supone que lo escoltan permanentemente.

Más allá de este requerimiento, sin embargo, no debemos perder de vista que la audiencia más importante contra Martín Vizcarra es la que definirá si recibió S/2,3 millones en sobornos de parte de constructoras que ganaron jugosos contratos mientras él se desempeñaba como gobernador de Moquegua. Un proceso que este Diario siguió desde sus inicios –a pesar de las imprecaciones que el imputado ha vertido contra nosotros– y que cuenta con declaraciones de los empresarios que afirman haber entregado las coimas, con el testimonio de uno de los intermediarios (el exministro José Manuel Hernández), con vouchers de retiros de dinero, con documentación sobre un vuelo que se contrató como parte del pago, entre otras evidencias.

Ese es el fallo que el país espera, que el expresidente está tratando por todos los medios de retrasar y que el Poder Judicial debe dar, esperemos más pronto que tarde.