Editorial: Imprudencia presidencial

El último domingo, el fiscal coordinador para el equipo Lava Jato, Rafael Vela, concedió dos entrevistas en las que lamentó algunas declaraciones que el presidente Martín Vizcarra dio hace unos días en torno a la controversia que mantiene el Estado con la empresa Odebrecht por la venta de la hidroeléctrica de Chaglla, en Huánuco.
Para entenderlas, hace falta hacer un recuento bastante sumario de la polémica.

En abril pasado, Odebrecht vendió la hidroeléctrica Chaglla a un consorcio chino por alrededor de US$1.400 millones. Parte de este dinero, sin embargo, fue retenido por el Estado para pagar una fracción de la reparación civil y algunas deudas que la constructora brasileña arrastraba en el país. Tras estos desembolsos, sobró un saldo de alrededor de S/524 millones que ahora Odebrecht reclama para sí.

Como es conocido, la jueza que homologó el acuerdo de colaboración eficaz entre la empresa y el Ministerio Público dispuso que, para que el dinero sea devuelto, la fiscalía debía primero informar si Odebrecht tenía investigaciones o procesos penales en el país fuera de los que habían sido recogidos en el convenio. Y hace unos días, el equipo especial notificó de que, en efecto, la empresa brasileña no tenía otras investigaciones o procesos pendientes, sino solo indagaciones en etapa preliminar producto de una “sospecha inicial simple”.

No obstante lo anterior, todavía queda pendiente que una unidad del Ministerio de Justicia (Minjus) se pronuncie al respecto y, de ser el caso y en última instancia, que el Poder Judicial dirima en la contienda. Por todo ello, el fiscal Vela ha insistido en que el tema tiene que ser “resuelto en el plano técnico”.

Pues bien, inquirido por la prensa el pasado 1 de agosto, el presidente Vizcarra manifestó: “Mi posición es que, dado el daño, no solamente moral y ético que ha hecho Odebrecht con el Perú, sino también el daño económico […] no podríamos, no correspondería, desde mi punto de vista, hacer una devolución”.

La declaración del jefe del Estado, empero, fue criticada por el fiscal Vela, que la calificó de “inconveniente e imprudente”. “Se trata del presidente constitucional de la República, que es el primer funcionario que debe acatar las decisiones de carácter judicial sin entrometerse”, le dijo a “Perú 21”. Mientras que, consultado por “Cuarto poder”, explicó: “Para nosotros son declaraciones inconvenientes […]. En la coyuntura en donde […] cualquier tipo de decisión de la ejecución del acuerdo podría estar en manos de un funcionario que depende, en este caso de una manera indirecta, del aparato del Poder Ejecutivo, nos parece que esas declaraciones conducen a acrecentar las suspicacias”, añadió.

Como es obvio, nadie aquí discute la libertad del mandatario para expresarse sobre lo que crea conveniente. Lo que sí es cuestionable es la oportunidad de que lo haga cuando todavía falta que funcionarios del Minjus –que, en última instancia, son de su Gobierno– se pronuncien al respecto. ¿O alguien cree que estos ahora no resolverán con la presión adicional de saber cuál es la opinión del jefe de su jefe? ¿Qué necesidad había, dado que el presidente no tiene nada que ver en la controversia, de pronunciarse de manera tan tajante?

En realidad, pareciera que, con estas declaraciones, el mandatario buscase ganar unos cuantos aplausos cargando contra una empresa que, como es sabido, concentra todas las antipatías del país. Recuérdese sino, que en diciembre pasado el presidente afirmó que Odebrecht no debería seguir operando en el Perú… cuando los fiscales trataban de cerrar un acuerdo con la empresa que, justamente, tenía esa condición como uno de sus puntos más urticantes.

Nadie podría entusiasmarse, por supuesto, con la idea de que la corrupta constructora que diseminó sus miasmas en la política de nuestro país en los últimos tiempos y que ha sido expectorada en varios países siga trabajando en el Perú y mucho menos que se le dé dinero alguno hasta no cumplir con sus obligaciones. Sin embargo, como ocurre con varios puntos del acuerdo, estas disposiciones deben respetarse aun cuando no sean ideales. El presidente lo sabe pero, por tratar de capitalizar algunas simpatías, termina luciendo como alguien oportunista antes que oportuno.