Editorial: Soluciones servidas

Desde estas páginas se ha advertido en numerosas ocasiones en contra de la llamada regulación anecdótica: aquella que parte de un hecho aislado pero notorio, lo generaliza fuera de contexto y propone una norma que calma la demanda popular sin responder necesariamente a las verdaderas causas del problema. Leyes aprobadas al vuelo en el Congreso o iniciativas poco reflexivas del Ejecutivo para sintonizar con las noticias del día sobran.

Una respuesta decidida de política pública ante el aniego de aguas servidas en San Juan de Lurigancho (SJL) por el colapso de la tubería matriz no sería, sin embargo, un ejemplo de lo anterior. Como se sabe, hace una semana cientos de metros cúbicos de desagüe invadieron más de 200 viviendas y decenas de comercios en el distrito más populoso de Lima, lo que ocasionó fuertes pérdidas materiales, el corte de agua en la zona y una emergencia de salud pública que sigue en desarrollo.

Y no se trataría de un caso de regulación anecdótica porque la ineficiencia, inoperancia e insostenibilidad de las empresas públicas que proveen agua y desagüe a las ciudades del Perú es de larga data. Solo en el último par de años en Lima, los distritos de La Victoria, Ventanilla, San Martín de Porres, Surco, el Rímac, entre otros, han enfrentado también roturas en la tubería de desagüe, y la situación se repite de forma regular en el interior del país.

Pero el estado de las tuberías y su falta de mantenimiento no es lo peor. La conectividad a la red de agua y desagüe en el área urbana sigue siendo un reto que Sedapal y las otras EPS (entidades prestadoras de servicios de saneamiento) no han estado a la altura de enfrentar. Cientos de miles de personas en la capital y otras ciudades esperan hace décadas la conexión a la red que les permita dejar de depender del camión cisterna y sus elevados precios –en Lima, casi seis veces más que el costo por metro cúbico de Sedapal–.

La solución no es simple en el actual esquema. La situación financiera de las EPS –muchas de ellas técnicamente quebradas– impide la ejecución de las obras que se requieren para expandir la conexión. Incapaces de cobrar (según Sunass, se deja de facturar más del 40% del agua producida), su margen de acción es mínimo. Más aun, tener conexión no es garantía de servicio. Del medio centenar de EPS en el país, un cuarto no es capaz de proveer continuidad en la provisión de agua por más de 12 horas al día en promedio. En Lima, la mitad de la población está insatisfecha con el trabajo de Sedapal.

Mientras se esclarecen las responsabilidades directas sobre lo que aconteció en SJL –el Ejecutivo ha dispuesto la formación de una comisión investigadora para tales efectos–, el debate debe aprovecharse para echar luz sobre estas condiciones que recuerdan, con suma claridad, las limitaciones que afectaban a las empresas públicas de servicios como electricidad o telefonía –y a sus infortunados usuarios– en décadas pasadas.

La respuesta hoy no está muy lejos de donde se encontró entonces: en la colaboración de un sector privado adecuadamente regulado que provea el servicio. Sin los incentivos para invertir y mejorar las condiciones de los usuarios, como los que se pueden exigir en un contrato de concesión, lo que se pueda lograr desde el sector público serán meros paliativos a una situación financiera y socialmente insostenible. Solo la desidia y la falta de voluntad política para enfrentar el problema explican que la inoperancia de la EPS se mantenga vigente en todo el país. Que la terrible situación de SJL sea la última anécdota en consecuencia.