Editorial: Capital semilla

Los avances de la ONPE sobre los resultados del referéndum confirman el triunfo holgado de la posición del Ejecutivo –y del presidente Martín Vizcarra, en particular– en cada una de las materias sobre las que, dos días atrás, se consultó a la ciudadanía. La marcada diferencia a favor del ‘Sí’ en las tres primeras preguntas y del ‘No’ en la última es ahora objeto de diversas interpretaciones, pero algunas de ellas no parecen admitir mayor discusión.

Es claro, por ejemplo, que la lucha contra la corrupción se ha convertido para la población en una prioridad que está por encima de las diferencias ideológicas. Y lo mismo puede decirse del rechazo a la forma en que los congresistas han venido ejerciendo de un tiempo a esta parte el poder que los votantes les confiaron.

La circunstancia de que la mencionada diferencia se haya expresado en los cuatro asuntos consultados con porcentajes bastante similares (casi 80% a favor de la posición que promovía el gobierno contra 13%, o menos, a favor de la opción alternativa) sugiere, sin embargo, algo más. A saber, que el voto ha sido en bloque y, en esa medida, ha tenido más un sentido de respaldo político a la actual administración que de discernimiento fino en torno a los detalles técnicos comprendidos en cada propuesta.

No exageran, en consecuencia, quienes afirman que, a través del referéndum, el presidente Vizcarra ha obtenido en las urnas la legitimación indirecta del mandato que algunos de sus opositores cuestionaban al subrayar que su llegada al poder había sido producto de la casualidad antes que de la voluntad popular.

Y si esto es así –es decir, si el respaldo recibido excede efectivamente el terreno de las materias consultadas–, estamos ante cifras poco habituales… que le abren a este gobierno una oportunidad inédita para emprender reformas de diversa naturaleza y adoptar decisiones importantes.

Si todo lo que va a determinar el referéndum es que sigamos sin tener una segunda cámara en el Congreso, que los parlamentarios no puedan aspirar a reelecciones inmediatas, que ciertas disposiciones sobre el financiamiento de los partidos que ya existían en las leyes adquieran categoría constitucional y que el penoso Consejo Nacional de la Magistratura sea reemplazado por la Junta Nacional de Justicia, la ciudadanía, nos tememos, pronto se va a quedar con un sabor a poco. Y la animadversión que hoy atrae de modo tan señalado el Legislativo podría alcanzar, una vez más, al Ejecutivo.

El gobierno, pues, haría bien en tomar el apoyo recibido como un capital semilla para desarrollar acciones que satisfagan las demandas de la población en otras áreas, como la salud, la educación, la seguridad; y, por supuesto, la economía, que está en la base de cualquier otra mejora. El anuncio de cambios en el terreno laboral, deslizado recientemente por el presidente Vizcarra y acompañado luego por movimientos en la conformación del gabinete, ofrece, en ese sentido, una primera luz de esperanza, pero es insuficiente.

Lo que el país requiere, a la larga, es volver a índices de crecimiento económico del 6% anual, como los que teníamos hace menos de una década. Un crecimiento, en esencia, que permita la sostenida incorporación al mercado laboral de los jóvenes que año a año buscan acceder a él y, al mismo tiempo, reducir pobreza. La receta para hacerlo no es un misterio y pasa por impulsar, por ejemplo, las inversiones mineras trabadas a lo largo del territorio nacional por problemas fundamentalmente políticos, así como por comprometerse con la competitividad antes que con el proteccionismo heredado de los gobiernos anteriores.

Para avanzar hacia esa meta, no obstante, hace falta una decisión política que quienes pudieran estar solo tras la ilusa perpetuación de la popularidad alcanzada en un momento privilegiado tenderían a evitar. Por el bien del país, esperemos que ese no sea el caso de esta administración y que el capital de apoyo conseguido en el referéndum sea sabiamente invertido.