Cinco años de (in)seguridad, por César Bazán Seminario

En julio del 2011, Ollanta Humala asumió la presidencia del Ejecutivo ante la expectativa ciudadana de que, por su condición de militar, podría enfrentar la inseguridad y la delincuencia. Luego de casi cinco años, hallamos una prueba más de que la seguridad ciudadana no es tarea de militares. Los peruanos nos sentimos decepcionados y una de las principales razones para desaprobar su gestión es precisamente sus políticas en este sector. Pero más allá de eso, ¿qué balance hacemos del gobierno actual? Aquí aportamos algunos elementos para que usted mismo saque sus conclusiones.

Para empezar, los datos. Sin ellos no se puede conocer al monstruo de la delincuencia. Increíblemente, hasta hoy no tenemos información veraz y oportuna sobre la cantidad de delitos, ¿dónde ocurren?, ¿con qué frecuencia?, ¿quiénes son las víctimas?, etcétera. 

Ante esta carencia, el gobierno depuró la cifra de homicidios y, al menos, ese dato está claro. El resto es estadística opaca, pero es lo único que tenemos para aproximarnos al problema: la tasa de denuncias de delitos y faltas ha crecido constantemente y se disparó en el 2012, el grueso de los ilícitos son patrimoniales (robo, hurto), por lo cual esos delitos requieren la mayor atención por parte de las autoridades. 

El temor de la población sigue a tope: 9 de cada 10 sienten que serán víctimas de la delincuencia. Por último, la noticia sorprendente y positiva: las encuestas reportan que la victimización disminuyó. Mientras en el 2011, 4 de cada 10 peruanos decían que fueron víctimas de la delincuencia, en el 2015 el número bajó y solo 3 de cada 10 respondieron positivamente.

A continuación, el balance político. El presidente carece del liderazgo necesario para enfrentar la inseguridad ciudadana. Esto ha quedado demostrado, en primer lugar, en la falta de ideas claras y firmes, que se traduce no en la ausencia de planes, sino en la abundancia de ellos. En segundo lugar, en la alta rotación de ministros del Interior (siete hasta el momento), con perfiles muy diferentes, a veces contradictorios.

Respecto a las normas legales, hay que tener en cuenta que en este quinquenio se han promulgado alrededor de quince leyes o decretos legislativos por año. Es decir, al contrario de lo que piensa la población, el problema no es la falta de leyes. Visto el asunto en perspectiva, el Ejecutivo ha sido el principal ente legislador –en relevancia de las normas–, en desmedro del Congreso, que delegó dos veces facultades legislativas.

Por otra parte, en este período de gobierno el necesario cambio estructural en la Policía Nacional del Perú fue dejado de lado. El discurso de reforma policial, que fue mencionado en varios planes, pasó del papel al olvido. 

Sin embargo, a pesar de carecer de una mirada integral, el gobierno hizo cosas: avanzó tímidamente en recuperar el servicio policial a tiempo completo (eliminación del 24 x 24), aumentó el ingreso de los policías, generó estructuras para enfrentar la corrupción (que todavía no dan los resultados esperados) y el presupuesto del sector Interior creció en 65% entre el 2011 y el 2015. 

Finalmente, uno de los grandes olvidos fue la formación de los policías, lo cual constituye un problema considerable ante la exigencia ciudadana de tener más efectivos en las calles.