‘Controlavirus’, por Andrés Calderón

Todos quisiéramos pagar menos. Menos por la ropa, la comida, los estudios, el Internet. Pero los consumidores no controlamos los precios. De hecho, tampoco la tienda de ropa, el supermercado, la universidad o el proveedor de Internet. O, mejor dicho, nadie puede fijar un precio por sí solo. Los precios se van determinando a partir de la interacción entre consumidores y proveedores. Si el precio es muy bajo, seguramente los consumidores comprarán mucho. Si es muy alto, bajará la cantidad demandada. Es un ensayo-error permanente.

El Osiptel acaba de congelar los precios del servicio de Internet de Telefónica. ¿La razón? Va a revisar su régimen tarifario, el cual podría pasar de ser uno libre a uno regulado (Osiptel fijaría los precios). Esto, aparentemente, porque Telefónica tendría mucho poder de mercado, e incrementaría sus precios sin que los consumidores o sus competidores puedan ejercer suficiente presión para disciplinarla.

Se ha generado una gran polémica sobre la veracidad de la premisa del Osiptel. Si bien es cierto que fue significativo el último incremento de precios de Telefónica en algunos de sus paquetes que incluyen Internet, pocas semanas atrás el propio presidente del Osiptel afirmaba que las tarifas promedio del servicio habían bajado y que el Perú tenía una de las tarifas más bajas de la región.

Asumamos, sin embargo y por el bien del argumento, que Telefónica sí viene ejerciendo un elevado poder de mercado sin presión competitiva. ¿Qué opciones tiene el Osiptel?

En primer lugar, tratar de eliminar cualquier barrera burocrática ilegal o irracional que reste dinamismo al mercado. Podría buscarse, por ejemplo, facilitar el despliegue de infraestructura o reducir los costos de contratación del servicio.

Por otro lado, también podría investigar y sancionar alguna conducta anticompetitiva, de ser el caso. Paradójicamente, el Osiptel es el único regulador del Perú que también puede sancionar prácticas anticompetitivas, pero –vale decirlo– ha sido totalmente ineficaz en esta tarea. Desde el 2013, la mayoría de sus resoluciones han sido errónea –y felizmente corregida por el tribunal– o intrascendentes. Venga el ‘disclaimer’: fui secretario técnico del tribunal (entre fines del 2013 e inicios del 2014) y abogado de una operadora distinta de Telefónica en un caso de libre competencia (entre el 2018 y el 2019).

También se podrían establecer regulaciones procompetitivas. En el informe de Osiptel que da sustento a la medida cautelar de congelamiento de precios, el propio regulador advierte algunas situaciones que podrían causar la falta de competencia y que podrían requerir algún tipo de corrección, como el empaquetamiento de servicios (internet + teléfono fijo + tv paga) y la exclusividad de Telefónica, por años, en ciertos contenidos de TV paga.

No se deben descartar, finalmente, regulaciones del tipo conductual, como por ejemplo, estandarizar los conceptos de los servicios y los recibos (algo que el Osiptel resalta en su informe) o establecer plazos mínimos de vigencia de las tarifas (Defensoría del Pueblo), considerando los costos de cambio y la inercia natural de los consumidores que los lleva a mantenerse con el mismo proveedor de servicios.

Regular tarifas es una tarea harto compleja y falible. Debería ser la última alternativa y, cuando sea posible, buscarse la desregulación, como el propio Osiptel lo planteó hace unos meses respecto de la telefonía fija, medida que saludé en esta columna (“El regulador suicida”, El Comercio, 25/2/2019).

No creo que exista sustento legal para congelar tarifas a través de una medida cautelar en un mercado como el de Internet que actualmente no está regulado. Una subida de precios es algo natural. No es un virus que se necesite controlar urgentemente ni poner en cuarentena. En todo caso, las respuestas estatales deben atacar la raíz del problema y no los síntomas.