En el 2024 irrumpió en el sentido común la convicción de que el Perú es un país sobre todo informal. Es decir, hizo cuerpo el dato del INEI de que ya en el 2022 el sector informal estaba conformado por “6 millones 187 mil unidades productivas. [No obstante], la producción del sector informal representó [solo] el 17,8% del PBI. Tres de cada cuatro trabajadores de la PEA ocupada se desempeñaban en un empleo informal (74,0%)”.
¿Qué hacer ante esta realidad? ¿Vamos a simplificarla calificando a todos los informales como ilegales? Hay que ser cuidadosos con esto, porque, siendo cierto que aquella convicción ha crecido en la opinión pública sobre todo por la irrupción de la minería informal e ilegal –en especial, del oro–, por su protagonismo social y político, su acumulación económica y la constitución de grupos económicos de poder de base territorial, incluso con todo esto, es difícil afirmar que siquiera en Ayacucho o Arequipa la minería sea, en su mayor parte, ilegal.
Es pertinente, para aclarar el panorama, recordar que, como dice Danilo Martuccelli, el calificativo de informal “recubre cuestiones distintas: trabajadores fuera de planilla y que no gozan de sus beneficios laborales; empresas que no pagan impuestos (o lo hacen parcialmente); trabajadores independientes no registrados en la Sunat” (2020). Esto, sin olvidar que “el sector informal es muchas veces percibido como funcional. El recurso a la informalidad no es solamente un signo de transgresión de la ley, es también un recurso pragmático, casi necesario –dada la falta de empleos formales suficientes–, que permite que las cosas funcionen (comenzando por la sobrevivencia de un gran número de trabajadores y microempresarios)”.
Lo cierto es que solo un diagnóstico integral sobre los sectores que trabajan en la informalidad –con el consiguiente debate sobre el tema– permitirá definir políticas consistentes que les signifiquen seguridad y beneficios. Esto, sin hacerse parte de sus intereses transgresores ni mimetizándose con ellos, y sin olvidar la asunción de las responsabilidades que les corresponden con el Estado. Por ello, sorprende la poca importancia que algunas organizaciones políticas le dan hoy por hoy a su vínculo con estos sectores. ¿No es acaso fundamental representarlos para fortalecer la legitimidad del Estado, tan desprestigiado?
De lo contrario, la tesis de fondo vendría a ser algo así como que la política debe expresar lo (supuestamente) mejor de nosotros, en cuerdas separadas con la mayor parte de la sociedad, que vive en la informalidad.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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