“Un poco fastidiados”, por Fernando Rospigliosi

El ex procurador anticorrupción Christian Salas ha confirmado lo que se sospechaba: la pareja presidencial ha estado maniobrando desde hace varios meses para proteger legalmente a su amigo, colaborador y socio, el prófugo Martín Belaunde Lossio (MBL).
A eso apuntaban las reuniones que han venido sosteniendo el ministro de Justicia Daniel Figallo y el asesor legal y operador jurídico del presidente Ollanta Humala, Eduardo Roy Gates, con fiscales y procuradores. Y por eso forzaron la renuncia de Christian Salas que se oponía a esa obscena artimaña.

Figallo y Roy Gates se reunieron primero con la procuradora Yeni Vilcatoma, encargada del caso “La Centralita” en Ancash. Según Salas, hace poco Vilcatoma pidió al presidente que despida al ministro Figallo porque ella estaba siendo presionada para hacer algo impropio: proteger a MBL.

Figallo también habría persuadido al nuevo procurador anticorrupción, Joel Segura, reemplazante de Salas, para favorecer a MBL. El ministro de Justicia también se ha reunido varias veces con el cuestionado fiscal Marco Huamán, que lleva la investigación de “La Centralita”, y los fiscales Gustavo Quiroz y Rosario López.  El fiscal supremo Pablo Sánchez ha manifestado su extrañeza ante estos conciliábulos: “No es usual que un ministro se reúna con los fiscales que investigan un caso”.
Por supuesto, no es casualidad que el ministro de justicia y el asesor y operador del presidente Roy Gates, realicen estos tejemanejes sobre este asunto que involucra directamente a MBL.

Esto no hace sino reforzar la versión del periodista Ricardo Uceda en el sentido que el gobierno está negociando la entrega de MBL garantizándole impunidad. La figura sería convertirlo en colaborador eficaz en el caso de Ancash y darle inmunidad en todos los demás actos de corrupción en los que está involucrado. Por supuesto, no iría a la cárcel y recibiría una pena benigna.

Como dice Uceda, MBL es el cabecilla de una red de corrupción más amplia que la de Ancash: “Gracias a indagaciones periodísticas, ahora se conoce que el esquema de corrupción de Áncash funcionó —diferencias al margen— en varias regiones. En 2011 Belaunde Lossio concertaba con presidentes regionales aliados de la candidatura de Ollanta Humala que luego facilitaban contratos a compañías patrocinadas por el empresario. La principal, Antalsis.”

Pero la pareja presidencial dice que no sabía nada. El miércoles Nadine Heredia declaró: “(Nos sentimos) un poco fastidiados, porque personas que tratamos cercanamente, de pronto aparecen como que han estado utilizando el nombre tanto mío como del presidente para hacer sus negocios. Y una se entera por la prensa de estas cosas.” ¡Así que su amigo MBL hizo negocios turbios en todo el país durante tres años a nombre de la pareja presidencial y ellos nunca se enteraron!

En este contexto, es una mala noticia el nombramiento del cuestionado magistrado Víctor Ticona como presidente de la Corte Suprema. Parece que quieren equipararse al Ministerio Público.

Otra muy mala noticia en lo que a corrupción respecta, es la prescripción que ha logrado Alberto Quimper, “Don Bieto”, el del faenón. El 5 de octubre de 2008 denuncié los Petroaudios en Cuarto Poder de América TV –luego siguieron varios audios más- y al día siguiente presenté la denuncia en la fiscalía, con el abogado José Ugaz, ex procurador anticorrupción y hoy presidente de Transparencia Internacional. Más de 6 años después, en un proceso sospechosamente lento, Don Bieto se acogió a la prescripción. Hasta ahora, ninguna sentencia, impunidad total.

En represalia, los apristas trataron de acusarme constitucionalmente el 2009 porque había suscrito como ministro del Interior un convenio con Pro Ética, filial peruana de Transparencia Internacional fundada por Ugaz, para luchar contra la corrupción en el MININTER. Estuvieron a punto de lograrlo, pero no alcanzaron los dos tercios de los votos en el pleno del Congreso.

A propósito, en el último ranking sobre corrupción de Transparencia Internacional publicado esta semana, el Perú aparece nuevamente jalado, con 38 puntos sobre 100, al lado de Burkina Faso, India, Filipinas, Sri Lanka, Zambia y otros.
El otro dato significativo es que los últimos tres años (2012-14), durante todo el gobierno de Ollanta Humala, el de la “honestidad para hacer la diferencia”, el Perú permanece con sus mismos magros 38 puntos, una nota equivalente a 7.6 sobre 20.