Influencers y constitucionalistas, por Andrés Calderón

¿Ese influencer es auténtico o está pagado? ¿Y ese constitucionalista?

Hace unos días, el Indecopi publicó el proyecto de guía sobre publicidad digital y recomendaciones para influencers. Un interesante documento en el que se señalan pautas para que las empresas anunciantes y los ‘rockstars’ de las redes sociales cumplan con las reglas de publicidad comercial, en especial, con el principio de autenticidad. ¿Qué significa eso? Que los influencers adviertan claramente a sus seguidores cuándo los mensajes y ‘reviews’ que publican se deben a experiencias propias y genuinas y cuándo responden más bien a un pago, regalo, canje, descuento, etc. En sencillo: No se pasen de criollos.

Ustedes, amables lectores, al igual que yo, se deben estar preguntando: ¿Y por qué solo los influencers tienen ese deber de autenticidad? ¿No tendrían abogados y analistas también el deber de informar que su opinión públicamente difundida en un medio de comunicación social puede estar influenciada por alguna contraprestación? Los honorarios de un cliente, el sueldo de un empleador o la promesa de un puesto político, por ejemplo. Si alguien comenta en un programa televisivo o una columna periodística sobre un tema que impacta o interesa directamente a un cliente, ¿no existe ahí un conflicto de intereses por revelar?

Hay un común denominador entre algunos de los asiduos firmantes de comunicados “constitucionales”. Y no me refiero al dato de ser varones, conservadores o mayores de 60 años. Sino a ser abogados precisamente de una de las partes en conflicto. En la coyuntura actual, por ejemplo, se puede ubicar entre las personas que cuestionan abiertamente la disolución del Congreso y alegan tajantemente un resquebrajamiento del orden constitucional a abogados de Keiko Fujimori, del exfiscal de la Nación Pedro Chávarry –blindado reiteradamente por Fuerza Popular–, y abogados del Congreso o consultores predilectos de ciertas comisiones parlamentarias. Lo que no hacen tan abiertamente es divulgar, en cada ocasión, que son abogados o asesores de tales clientes.

No ocurre únicamente en un extremo. También encontré al menos un abogado que opina públicamente sobre la denegatoria de la cuestión de confianza y respalda la tesis del presidente Vizcarra, y que hace no mucho había brindado consultoría legal en esa materia a la Presidencia del Consejo de Ministros y al despacho presidencial. Bajo banderas de cualquier color se ocultan los intereses. “Pasa en las mejores familias”.

Paradójicamente, los opinantes más recalcitrantes y que no admiten discusión son precisamente los que más intereses tendrían que transparentar.

¿Esto quiere decir que los constitucionalistas con factura ya no pueden opinar? No ¿O que todas sus opiniones van a estar necesariamente determinadas por los intereses de sus clientes? No necesariamente. Lo único que se les pide es autenticidad. Con prescindencia de cuál sea su postura, no se presenten como expertos neutrales. No les toca a ellos juzgar si su opinión públicamente difundida es realmente personal o está influenciada por sus clientes. Le corresponde al público.

Es una lástima que esta práctica sea tan recurrente y que entre los hombres de leyes no haya esfuerzos de autorregulación. Peor aún, encuentro un complaciente silencio. Una malentendida camaradería que, so pretexto de proteger a coleguitas y maestros cual si fuesen reses de culto, daña aún más la reputación de los abogados. Y los periodistas y medios de comunicación que no indagan en estos intereses, lamentablemente, traicionan a quien se deben, al público.

*El autor es consultor externo para el Indecopi en un proyecto de lineamientos distinto a la guía de influencers.