La bicameralidad se encuentra nuevamente en debate desde que fue suprimida, hace casi tres décadas, con la Constitución de 1993. Un año antes, previo al golpe de Estado encabezado por Alberto Fujimori, teníamos un Parlamento bicameral con una cámara de 180 diputados y una cámara de 60 senadores. En aquel entonces, los electores eran alrededor de 12 millones y, en la actualidad, con 130 congresistas en una sola cámara, superamos los 25 millones. Es decir, estamos frente a un Legislativo muy subrepresentado.
Los congresistas Alva y Aragón (Acción Popular), Amuruz, Cavero y Tudela (Avanza País), Montoya (Renovación Popular) y Salhuana (APP) han presentado importantes proyectos de ley. Comparto algunas observaciones solo en el ámbito de la representación. El primer tema es el origen de las cámaras y sus componentes. Se propone una cámara de diputados de origen poblacional –salvo en el caso de la congresista Tudela, que propone circunscripciones uninominales– cuyos representantes se elegirían por regiones (departamentos), lo que parece lo más conveniente, aun cuando no debería haber una región con más de tres escaños.
En cambio, en relación con la cámara de senadores, todos coinciden en que debe ser elegida por circunscripción única, siguiendo lo señalado en la Constitución de 1979. Lo que no se toma en cuenta es que esta fue una disposición transitoria, mientras se creaban las regiones. Por lo demás, salvo Colombia, ningún país de la región elige a sus senadores de esa manera. Pero el tema es que se cree, erróneamente, que los senadores serán líderes nacionales por ser elegidos en circunscripción única. No es así. Los líderes políticos lo son de diversas regiones, siendo su desempeño el que les otorga estatura nacional. Muchos países (EE.UU., Argentina, Bolivia, etc.) entregan escaños en el senado de manera paritaria, entre dos y cuatro asientos. Este diseño permitiría un balance en el caso de que en la cámara de diputados un partido alcanzase una mayoría de escaños muy alta.
Pero en lo que hay un problema es en la cantidad de escaños y, sobre todo, en su inclusión en la Constitución. Como indiqué al inicio, somos un país subrepresentado. En América Latina somos el quinto país en número de electores; sin embargo, ocupamos el decimocuarto puesto en número de congresistas. Solo para dar un ejemplo, tenemos casi el mismo número de parlamentarios que Uruguay, pero somos diez veces más electores. Llevar a nuestro país a un nivel de representatividad adecuado no es fácil, sobre todo cuando la opinión pública se opone a tener más congresistas. Ello requiere de ajustes periódicos, por lo que la cantidad debe indicarlo la ley correspondiente y no la Constitución.
En cuanto al período de mandato de cinco años, podría combinarse con una renovación parcial a medio período, lo que le permitiría al Gobierno, a base de su desempeño, balancear allí donde tiene poco apoyo, o beneficiar a la oposición en caso de que el Gobierno haya tenido inicialmente un aplastante número de escaños, pero un mal desempeño. Sería un mecanismo para sincerar y balancear las fuerzas de los poderes del Estado.
Se debe, igualmente, permitir la reelección parlamentaria, cuya prohibición solo ocurre, además de en el Perú, en Costa Rica. Una reelección inmediata que se debe extender a gobernadores y alcaldes. La inexperiencia y los escollos para desarrollar carreras políticas han quedado demostradas ampliamente en estos años. Finalmente, la elección del Parlamento debe coincidir con la segunda vuelta presidencial, para posibilitar un voto más estratégico y evitar un Gobierno disminuido de apoyos en el Congreso. Los proyectos marcan la buena dirección de la reforma más trascendente, la de mayor impacto. El debate está abierto.