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“¿Han visto el mensaje del Gobierno del Perú?”. “Te piden tu celular y ubicación. ¿Será real o me quieren hackear el teléfono?”. “Ya llegó otro mensaje. Es una encuesta, ¿y para qué?”. “¿Qué van a hacer con esa información?”. “Si he tenido síntomas de coronavirus, ¿me van a llamar para hacerme una prueba?”.
Más o menos esas han sido las interrogantes que surgieron la semana pasada en varios chats familiares y amicales, luego de que el Ejecutivo –a través de las operadoras de telefonía móvil– enviara unos directos e invasivos mensajes a los celulares de millones de peruanos. La incertidumbre se mantiene en muchos hasta el día de hoy: ¿encuesta para qué?
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Para dar respuesta a esa pregunta tuve que leer una política de privacidad (un documento que normalmente nadie lee pero que por ley tienen que publicar las empresas y entidades públicas para informar qué hacen con nuestros datos personales) de tres páginas, con típico lenguaje jurídico impreciso y omnicomprensivo. Además, miré el video explicativo de la encuesta –que también es bastante gaseoso–, escuché un par de entrevistas a la secretaria de Gobierno Digital de la PCM y conversé con un par de personas enteradas del tema. Es decir, me tomé un trabajo que no podríamos esperar que cualquier persona lleve a cabo.
Creo que las dos reacciones más comunes han sido: no responder la encuesta porque no genera confianza y no se conoce qué se hará con esa información, o llenar el cuestionario a ciegas.
Irónicamente, la encuesta enviada es una herramienta de colaboración con el Gobierno, por lo que a este le convendría ser más claro con los ciudadanos. Busca obtener información masiva sobre la situación de la población frente al COVID-19 (como la presencia de molestias en la salud y síntomas vinculados con la enfermedad, el número de salidas a la calle, la movilización de las personas fuera de sus distritos de residencia, entre otros), que podría ayudar a que el Ejecutivo adopte algunas políticas públicas. ¿Cuáles? Es un misterio. La única advertida por el Gobierno consiste en “tomar decisiones respecto a la reactivación de zonas basándose en los síntomas mostrados por sus ciudadanos”. Además, según la política de privacidad, si alguien requiere “atención prioritaria”, se trasladará su información –número celular y ubicación, entendemos– al Ministerio de Salud. Pero no sabemos cuándo califica un caso como prioritario, ni en cuántos días ni cómo se comunicará el ministerio, o si efectivamente lo hará.
En fin, son varias las dudas que genera esta encuesta, y la suspicacia ciudadana no es un lujo que pueda regalarse el Ejecutivo a estas alturas.
La acumulación de datos personales que está realizando el Gobierno es colosal, nunca antes vista en la historia. Y como advertimos en una investigación conjunta de la Clínica Jurídica de Libertades Informativas de la Universidad del Pacífico y el Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Universidad de Palermo, que fue discutida en un evento público con congresistas hace unas semanas, la mayoría de decretos legislativos, decretos de urgencia y decretos supremos emitidos por el Ejecutivo no brindan las salvaguardas suficientes para la privacidad de las personas.
Sí, es necesario que el Estado requiera datos de sus ciudadanos para enfrentar mejor la pandemia. También hubiera sido deseable no esperar hasta el día 113 de la emergencia sanitaria para empezar a adoptar estrategias informativas. Pero ninguna medida será realmente eficaz si el Ejecutivo sigue renqueando en comunicación efectiva y transparencia. Quien pregunta mucho debe estar dispuesto a responder aún más.
