Escribo esta columna inmediatamente después de que el Congreso aprobó, por 65 votos a favor, admitir la moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra. La verdad es que tengo muy pocas ganas de escribirla y me imagino, estimado lector, que usted tiene muy pocas ganas de leerla.
PARA SUSCRIPTORES: Las migajas del poder, por Mabel Huertas
El cúmulo de inmadurez política de nuestros representantes –presidente incluido– en los últimos años ha agotado la capacidad de la ciudadanía para tomarse en serio la política. Aún tenemos algunos chispazos de producción de bilis, pero la mayor parte del tiempo reímos para no llorar o miramos de lejos con resignación mientras movemos la cabeza de lado a lado.
El caso Richard Swing ha escalado a una velocidad que solo es posible en un país que vive en una constate crisis democrática e institucional. Para entender lo que ha pasado en el Perú en los últimos días es necesario partir de la premisa de que la realidad está compuesta por diversos tonos de gris y que elegir bandos en base a buenos y malos es una pésima herramienta de análisis.
Sin embargo, los protagonistas del despelote han hecho precisamente eso: alojarse en los extremos y reducir la realidad a blancos y negros. Por un lado, el presidente denuncia conspiraciones y señala “lados oscuros” del poder desde donde vienen los ataques en su contra. Por otro, el Congreso promueve la máxima sanción constitucional, la vacancia, como si fuese un instrumento de control mundano.
Lo cierto es que lo razonable en esta situación se encuentra en un punto medio. Si han tenido la oportunidad de escuchar los casi cuarenta minutos de conversación entre Martín Vizcarra, Miriam Morales, Karem Roca y Óscar Vásquez, queda claro que el grupo se ponía de acuerdo en alinear una versión lo suficientemente creíble como para evadir los cuestionamientos a los vínculos de Richard Swing con Palacio de Gobierno. No soy abogada, así que no voy a opinar sobre los presuntos delitos que implicaría este conciliábulo, pero claramente es un hecho que merece ser investigado.
La decisión del Parlamento de darle trámite a una vacancia presidencial en este contexto es, sin embargo, claramente exagerada. Existen mecanismos constitucionales que establecen el camino regular que debe seguir una acusación penal que involucra al presidente: se espera a que culmine su mandato y luego se le abre investigación.
La votación de la admisión de la moción de vacancia hace sospechar que la próxima semana no se alcanzarán los votos para aprobarla. Sin embargo, el escenario que esta situación dibuja con miras a lo que queda del Gobierno es desalentador.
Si bien Vizcarra puede evitar su destitución, la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo quedará severamente dañada. Más de lo que ya estaba. Si en algún momento existió la expectativa de que ambos poderes pudiesen ponerse de acuerdo en una agenda mínima y convivir con un nivel razonable de civismo, ese barco claramente ya zarpó después de los eventos de esta semana. Con ello, los largos meses que nos esperan hasta las elecciones del 2021 parecen inevitablemente destinados a estar marcados por el conflicto.
Hay en agenda proyectos sumamente dañinos para la economía y la estabilidad política del país como la posible censura a la ministra de Economía y la devolución de aportes a la ONP; sin dejar de lado la elección de miembros del Tribunal Constitucional.
Si antes el Gobierno tenía muy poca capacidad de negociación, hoy esta es nula. Mientras tanto, el país sufre los efectos de la política adolescente a la que parecemos estar condenados en vísperas de nuestro bicentenario.