Una inevitable decisión

En estos días de desconcertante y nociva normalidad, en los que semana a semana lo habitual parece ser que los peruanos comprobemos que el pozo es aún más profundo, hay un funcionario público cuyo pronunciamiento se ha vuelto urgente de cara a la ciudadanía. Sin duda, no me refiero al presidente Pedro Castillo. Él ya ha dejado en claro en estos nueve meses que lo suyo no es la rectificación ni la rendición de cuentas: mil veces prefiere continuar con la demagogia en plazas o Consejos de Ministros Descentralizados mientras el país sigue en caída libre.

Tampoco es que el actuar de este funcionario público al que me refiero haga que la ciudadanía salga de este inquietante conformismo. Sin embargo, tal y como están las circunstancias resulta apremiante que se manifieste. La razón es muy sencilla: para que no se consolide la impunidad. Ya no hablamos de simples sospechosas, sino de graves imputaciones basadas en testimonios de colaboradores eficaces, contratos, mensajes de celular, visitas clandestinas a Palacio y demás evidencias que describen la existencia de una presunta organización criminal enquistada en los puestos más elevados del Gobierno.

Tenemos a congresistas, un exministro, empresarios, altos funcionarios, lobbistas y familiares del presidente investigados. ¿Por qué aún el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, no decide iniciar una investigación preliminar contra Pedro Castillo? Se dice que la Constitución impide que se investigue a un presidente en ejercicio, pero ahí también se indica que el Ministerio Público tiene la obligación de perseguir el delito. Especialistas han señalado que el principal candado es el artículo 117 de la Carta Magna. Pero también hay otros, como la expresidenta del Tribunal Constitucional Marianella Ledesma y el exministro del Interior y exfiscal Avelino Guillén, que señalan que no existe obstáculo constitucional alguno.

Una investigación a Castillo es inevitable si lo que se quiere es un caso serio. ¿Qué sentido tiene alargar esta incertidumbre? ¿Por qué esperar a que el mandatario deje el poder si hoy las evidencias apuntan a que él estaría en la cúspide de una presunta red de corrupción? ¿A qué nivel de riesgo se tiene que llegar para que se inicien las pesquisas?

La exigencia hoy debe de estar en nuestro sistema de justicia (del Congreso solo se puede esperar poco o nada). Son los jueces y fiscales los que deben dar el mensaje de no a la impunidad. Y de entre todos sus representantes, es Pablo Sánchez el que ahora tiene la palabra. Su decisión de investigar al presidente no debe demorar más. Podría ser la señal de que este pozo en el que estamos cayendo, por más profundo que parece, tiene un fondo, o bien la confirmación de que seguiremos en este abismo.