Pedro Castillo: penalistas señalan que hay elementos para investigar al presidente tras testimonio de Karelim López

El fiscal superior Rafael Vela, coordinador de las fiscalías de lavado de activos, manifestó este jueves que el presidente Pedro Castillo debería ser investigado tras las declaraciones brindadas por Karelim López en su proceso de colaboración eficaz.

Al respecto, abogados penalistas consultados por El Comercio coincidieron en que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, debería iniciar una indagación preliminar al mandatario. Esta posibilidad, según ya ha informado este Diario, viene siendo evaluado por el titular del Ministerio Público.

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Vela informó que “hace aproximadamente una semana” se elevó a Sánchez un nuevo informe sobre la colaboración de la empresaria, que está a cargo de la fiscal de lavado de activos Luz Taquire. “Hemos cumplido ya con entregar todos los avances que vamos obteniendo dentro del proceso de corroboración del proceso especial de colaboración eficaz son la señora [Karelim] López”, dijo en entrevista a RPP.

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En esa línea, explicó que en la fiscalía de lavado de activos, “al haber informado la presunción de hechos ilícitos, tenemos la interpretación de que debería abrirse una investigación [al presidente]”. Para esto, recordó que el equipo especial Lava Jato, el cual también lidera, inició una indagación al exmandatario Martín Vizcarra cuando este era jefe de Estado.

Sin embargo, Rafael Vela también explicó que “es el fiscal de la Nación quien debe tomar una decisión al respecto”. “Evidentemente, al nosotros elevar ese informe, tenemos la interpretación de que se tratan de actos de contenido delictivo que deben ser materia de investigación”, manifestó.

“En nuestra interpretación, todo lo que informamos es porque tiene una vinculación con actos ilícitos (…) Nosotros informamos todo lo que tiene contenido delictivo. Dentro de nuestra interpretación como fiscalías de menor jerarquía, tenemos la interpretación de que todos estos hechos justifican una investigación para las personas que tienen ese tratamiento privilegiado de ser investigados por el fiscal de la Nación”, declaró.

El informe también alcanza a los congresistas señalados por Karelim López como ‘Los Niños’, sobre quienes Rafael Vela también considera que también se deben investigar. Horas después, la Fiscalía de la Nación indicó que habían iniciado una indagación a estos legisladores y al exministro Juan Silva tras recibir el informe respectivo de la fiscalía de lavado de activos y de la fiscalía anticorrupción que investiga el Caso Puente Tarata.

En otro momento, Rafael Vela indicó que Karelim López “ha entregado mucha información de múltiples casos” que no son de conocimiento público y que vienen trabajando en la corroboración.

Desde el Ejecutivo, el primer ministro Aníbal Torres respondió este jueves que la decisión de investigar al presidente es exclusiva del fiscal de la Nación. Sin embargo, también consideró que lo decidido por Zoraida Ávalos, de abrir y suspender sus indagaciones a Pedro Castillo, estuvo “exactamente conforme a la Constitución”.

“La decisión la toma el fiscal de la Nación, no conforme a su capricho, a su pensamiento, a sus odios a sus rencores, no. Los magistrados actúan conforme a la Constitución y conforme a la ley, y yo sé que el Fiscal de la Nación es un profesional del Derecho, una persona bien formada, y va a tomar una decisión conforme al ordenamiento jurídico”, aserveró.

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En sus declaraciones, López señaló al presidente Pedro Castillo como parte de una supuesta mafia al interior del Ministerio de Transportes y Comunicaciones dedicada al direccionamiento en concesiones de obras.

Su versión, que ratificó la semana pasada ante el Congreso de la República, también involucra al exministro Juan Silva y a los referidos congresistas; así como a sobrinos de Pedro Castillo y al empresario Zamir Villaverde.

Actualmente, dos sobrinos del presidente, Fray Vásquez y Gian Marco Castillo, están prófugos y con orden de prisión preventiva por el Caso Puente Tarata, al igual al exsecretario del Despacho Presidencial Bruno Pacheco, quien también es investigado en el caso de lavado de activos. Villaverde actualmente está en prisión por esa misma resolución judicial.

Buena parte de ese orden de prisión, dictada en marzo, se basó en declaraciones de Karelim López y en actos de corroboración posterior. De hecho, la hipótesis de la fiscal anticorrupción que investiga el Caso Puente Tarata, Karla Zecenarro, es que Pedro Castillo habría liderado una organización criminal, lo que se basa en las declaraciones de López.

En enero de este año, la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, decidió abrir dos investigaciones al presidente tras recibir informes de las fiscalías provinciales anticorrupción del Caso Puente Tarata y el Caso Petro-Perú, así como por el desarrollo en su despacho de los ascensos en las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, también dispuso suspenderlas hasta que Pedro Castillo termine su mandato.

Según pudo conocer El Comercio, la fiscalía de lavado elevó un primer informe al despacho de Zoraida Ávalos a fines de febrero, luego de recibir las primeras declaraciones de Karelim López. Sin embargo, no se conoció ninguna decisión sobre el caso por parte de Ávalos, quien concluyó su etapa como fiscal de la Nación el 29 de marzo y fue reemplazada por Pablo Sánchez de forma interina.

Para el abogado Andy Carrión, Pablo Sánchez sí tiene elementos para iniciar una investigación preliminar al presidente a partir de las declaraciones de Karelim López. “[Pablo Sánchez] podría manejar un criterio constitucional distinto al de la fiscal Zoraida Ávalos (…) Si cree pertinente seguir con la investigación hasta antes de la acusación, sería perfectamente posible. Más aún con lo que ha mencionado el fiscal Vela”, dijo a El Comercio.

“En atención a que es otra nueva carpeta y son otros hechos, podría tener el propio fiscal [Pablo Sánchez] elementos para abrir la investigación”, señaló Carrión. El abogado consideró que los elementos más fuertes para iniciar la indagación es la declaración de Karelim López y los posteriores actos de corroboración fiscales.

Para iniciar una investigación preliminar, recordó que no es necesario tener elementos de sospecha reveladora o que ya ameriten una condena, sino que es suficiente con una sospecha inicial. “Sospecha inicial simple basta para abrir investigación contra cualquier investigado, aun el presidente, pero la decisión la tendría que tomar el propio fiscal de la Nación”.

Andy Carrión también indicó que la investigación al presidente no tendría que limitarse a delitos vinculados al lavado de activos, que es de donde provienen las declaraciones de Karelim López, sino que pueden abrirse a otros ilícitos.

No obstante, consideró que los delitos que se le podrían atribuir si se decide indagarlo por este caso son los de lavado y de organización criminal.

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Para Carrión, además, la decisión de Pablo Sánchez frente a este informe no necesariamente implica que se abra también la investigación suspendida en los otros casos que involucran al presidente. Para eso se tendría que hacer una reevaluación de lo decidido por Zoraida Ávalos en enero, mientras que en el informe elevado por Rafael Vela se podría tomar una decisión directa.

La penalista Romy Chang comentó a este Diario que “definitivamente hay muchos elementos e indicios que demuestran que el presidente tendría una serie de hechos ilícitos en los que hay que responder”. “Esperamos que ahora el fiscal Pablo Sánchez haga una interpretación correcta de la Constitución”, agregó la abogada, quien considera que Zoraida Ávalos estableció un precedente “sin ningún respaldo” al suspender las indagaciones al mandatario.

Romy Chang sí considera que esta decisión de abrir una investigación a partir de las declaraciones de Karelim López debería extenderse también a los otros casos que involucran al presidente y cuyas indagaciones quedaron suspendidas. “Es momento, con ocasión de este caso, que el fiscal Pablo Sánchez corrija esa deficiente decisión que la fiscal [Ávalos] en su momento tomó”, dijo.

Una vez tomado este criterio, añadió, los casos que involucran al mandatario podrían integrase en uno solo. “La imputación contra el presidente va más allá de un tema de lavado de activos, es un tema de que él dirige una organización criminal, que habría perpetrado todos esos delitos: los ascensos, todo está vinculado”, opinó.

La abogada consideró que es vital que el fiscal de la Nación tome una decisión pronto. “Se ha generado esta sensación de que el presidente es intocable e inmune a todo mal. Ya es momento de que el Ministerio Público, como ente encargado de velar por el cumplimiento de leyes, haga que el máximo representante del Ejecutivo cumpla con las leyes. Es importante que se pronuncie ya”, afirmó.

El exprocurador Antonio Maldonado coincidió en que hay elementos de sobra para que el fiscal Pablo Sánchez inicie la investigación preliminar al presidente y para que, a diferencia de su antecesora, no la suspenda. “Estoy de acuerdo con el fiscal Vela. No hacer eso [abrir la investigación] es incurrir en un escenario que el Ministerio Público no puede darse el lujo de aceptar (…) estaríamos hablando de un escenario de impunidad”.

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“Todo depende del enfoque que se adopte para tratar el problema que representa el artículo 117 de la Constitución y las prohibiciones que protegen la figura del presidente. Ello surge de un enfoque derivado del deber de prevenir y de investigar y sancionar que recae en el Ministerio Público, como institución que representa al Estado peruano, en el cumplimiento de su obligación internacional [contra la corrupción]”, afirmó.

Maldonado opinó que los elementos para investigar al presidente son tales que se justificaría no solo una investigación preliminar, sino también llevar una investigación preparatoria y detenerse recién antes de formar una acusación fiscal. “Estamos hablando de un trabajo de investigación que se iniciaría ahora y seguiría en el curso de este año y del siguiente”, opinó.

Además, opinó que con lo descrito por Karelim López en su declaración ante la fiscalía, la investigación podría ser por la presunta comisión de delitos de corrupción como la colusión dentro de una supuesta organización criminal. “El pacto colusorio no explica todo, ahí debe haber habido cohecho, tráfico de influencias. Pero lo más notorio a primera vista es organización criminal y delito de colusión”, expresó.