Seis ministros admiten que tienen investigaciones fiscales en trámite | INFORME

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y su equipo ministerial cumplieron con publicar sus declaraciones juradas, de acuerdo con la disposición complementaria transitoria de la ley que obliga al Gobierno a informar sobre los antecedentes fiscales, judiciales y administrativos del Gabinete.

De los 19 funcionarios, 12 admitieron tener o haber tenido investigaciones fiscales o procesos judiciales. De este grupo, seis declararon que tienen investigaciones fiscales en trámite.

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Ellos son Roberto Sánchez (Comercio Exterior y Turismo), Rosendo Serna (Educación), Carlos Palacios (Energía y Minas), Diana Miloslavich (Mujer y Poblaciones Vulnerables), Dina Boluarte (Desarrollo e Inclusión Social) y Geiner Alvarado (Vivienda, Construcción y Saneamiento).

De todos ellos, Alvarado es el que más investigaciones fiscales en trámite registró. Entre los presuntos delitos por los que se le investiga - según su declaración jurada - están negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, falsificación documentaria y delito contra la administración pública.

Además, señaló que tiene archivada una investigación por delitos cometidos por funcionarios públicos. Alvarado también declaró con una sanción administrativa por infracciones a la Ley 27815 (Ley del código de ética de la función pública).

A Alvarado le sigue Roberto Sánchez, quien admitió dos procesos en trámite, una investigación por fraude en la administración de la persona jurídica y un proceso civil de indemnización por daños y perjuicios. Sánchez también admitió un proceso administrativo que fue archivado.

En diálogo con El Comercio, la abogada penalista Cecilia Madrid explicó que el delito de fraude en la administración de la persona jurídica “solo lo pueden cometer quienes tienen un cargo de funciones de administración o representación de la persona jurídica”, “el agraviado es la empresa o los accionistas que se vieron afectados”. La pena para este delito en su modalidad simple va de 1 a 4 años.

La también vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, reconoció que tiene en curso una investigación por lavado de activos. Especificó en el documento que pasó de ser “testigo a investigada en el caso que se le sigue a Vladimir Cerrón”.

En octubre de 2021, este Diario informó que el fiscal Richard Rojas Gómez incluyó a Boluarte en la investigación por presunto lavado de activos que desarrolla por el supuesto financiamiento ilegal de las campañas electorales del 2020 y 2021 del partido Perú Libre.

Rojas decidió incorporar a Boluarte debido a las declaraciones de colaboradores eficaces y a la nueva evidencia encontrada por el Ministerio Público en la indagación del caso, que surgió a raíz de otra investigación fiscal: la de Los Dinámicos del Centro.

Boluarte y Braulio Grajeda, excandidato al Congreso por Perú Libre, abrieron una cuenta mancomunada en el BCP en la que –según la indagación fiscal– se recaudaron aportes ilícitos de S/100 mensuales que hacían todos los trabajadores que estaban en la modalidad de contratación administrativa de servicios (CAS) del Gobierno Regional (GORE) de Junín, en poder de la agrupación política, y dinero para pagar la reparación civil de Vladimir Cerrón, fundador del partido y exgobernador de Junín, por su condena por corrupción.

Sobre lavado de activos, la penalista Cecilia Madrid indicó que “es un delito contra el orden económico y consiste en realizar acciones de transformación y ocultamiento de bienes que tienen origen ilícito, con la finalidad de legalizarlos y ocultar su proveniencia ilícita”. La pena para este delito, en su modalidad simple, va de 8 a 15 años.

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Félix Chero es el único de los doce ministros que registró sentencia en primera instancia, la cual se encuentra con recurso impugnatorio por el delito de patrocinio ilegal. El titular de Justicia es, además, el ministro que más investigaciones fiscales y procesos judiciales archivados o sobreseídos reconoció en su declaración jurada. En total, fueron 14 las investigaciones en las que estuvo involucrado en calidad de imputado. Entre los delitos que escribió en el documento figuran estafa, peculado, negociación incompatible, coacción, tráfico de influencias, entre otros.

En noviembre de 2021, El Comercio informó que Chero fue sentenciado en primera instancia en el 2018 por el Poder Judicial por patrocinio ilegal; sin embargo, su apelación fue declarada fundada en segunda instancia. Por aquellas fechas, el actual titular de Justicia había sido designado por el entonces ministro de Defensa Juan Carrasco como nuevo Jefe del Gabinete de Asesores de su sector.

“El delito de patrocinio ilegal se configura cuando como funcionario patrocina intereses de particulares, no es necesario que se dé en el marco de un contrato y la pena va de 2 años a prestación de servicio comunitario”, apuntó Madrid.

“Cuando la fase de impugnación se agota, la sentencia es indiscutible. Al terminar esta fase el caso queda como cosa ya juzgada a favor o en contra del imputado”, agregó la penalista.

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Por su parte, Óscar Zea, ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), admitió tres investigaciones archivadas por los presuntos delitos de peculado, homicidio y homicidio calificado.

El titular del Midagri enfrentó dos acusaciones por presuntos homicidios, según reveló “Panorama”. El ministro y también congresista de Perú Libre estuvo preso en el penal de Juliaca en 1999 por el presunto homicidio de Paulino Zeballos Huacasi, pero quedó absuelto. Luego, en el 2016, el ahora ministro fue detenido en Ate Vitarte por estar acusado del homicidio de Edwin Parisuaña Quispe, ocurrido diez años antes.

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En tanto, Modesto Montoya aceptó dos procesos archivados: uno por omisión de actos funcionales y otro por lesiones culposas por accidente de tránsito, que concluyó gracias a una conciliación. Montoya también reconoció haber sido recibido sanciones administrativas en tres oportunidades.

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Rosendo Serna, Carlos Palacios, Betsy Chávez y Diana Miloslavich también reconocieron procedimientos en trámite. La última aclaró que, aunque su expediente por disturbios y desacato figura como “en trámite”, desde el 2003 “no tiene movimiento ni actividad procesal del que tenga conocimiento”. Agregó: “Debiendo señalar que mi abogada en el referido proceso indicó que el mismo se encontraba archivado, estando pendiente de remitir los documentos que acreditarían ello”.

Disturbios y desacato, según explicó Madrid, “es un delito que va contra la tranquilidad pública y se configura cuando en el marco de una acción o reunión tumultuaria, esta persona atenta contra el bienestar de las personas o ejerce violencia que pueda causar un daño grave a la propiedad pública y privada”. La pena, en su modalidad simple, va de 6 a ocho años de prisión.

En tanto, el titular de Educación, Rosendo Serna, añadió que, en “virtud a su gestión” como director regional de educación en Huánuco, entre 2003 y 2007 existieron denuncias en su contra, cuyas notificaciones no tiene en su poder y que fueron archivadas.

Negociación incompatible se trata de actos irregulares en el marco de contrataciones estatales, dijo la abogada Cecilia Madrid. La pena va de 4 a 6 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargo público.

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Para el analista político Jeffrey Radzinsky, director del Grupo Fides Perú, las declaraciones juradas “reafirman que es un Gabinete de personajes con poco brillo en la mayoría de los casos, no solo por estos cuestionamientos en general, sino por hojas de vida profesionales y académicas de baja luz y de poco reconocimiento en sus sectores”.

A su criterio, este hecho es “sintomático de una gestión pública de tan bajo nivel”. “Además de la falta de preparación hay antecedentes”, añadió.

Radzinsky agregó que hay que “tener en cuenta que en un país como el nuestro que profesionales que llevan años trabajando en la función pública puedan haber tenido alguna denuncia o procedimientos administrativos”; sin embargo, “hay ministros que han sido denunciados por casos muy serios como homicidio, hay ya no estás hablando de asuntos funcionales”.

Con esta ley, dijo Radzinsky, si bien hay un mayor filtro, es “obligación” del jefe de Estado y el premier “hacer una investigación mínima sobre los perfiles de quienes van a ser ministros de Estado. No estás hablando de información clandestina, son cosas que han estado en fiscalía, etc”.

“La transparencia en la gestión pública siempre tiene que ser bienvenida, pero mi sensación de punto de fondo del cuestionamiento es que en general se han elegido ministros sin filtro, sin cualidades políticas. Los cambios permanentes de ministros abonan en esta tesis”, concluyó el analista.

Dato

El Congreso de la República promulgó el viernes 22 de abril, en el Diario Oficial El Peruano, la ley que obliga al Gobierno a informar sobre los antecedentes fiscales, judiciales y administrativos de las personas que sean nombradas como ministros y viceministros de Estado. Esta declaración debe ser informada al presidente y al primer ministro antes de su nombramiento, y este último es responsable de verificar su contenido e informar al Congreso en un plazo máximo de cinco días.

La norma contaba con una disposición complementaria transitoria que establecía que - “en un plazo no mayor a cinco días hábiles”- el jefe de Gabinete y su equipo de ministros y viceministros deben publicar sus declaraciones juradas, “verificadas según lo dispuesto”. El plazo límite, según lo señalado por el documento, se vencía el viernes 29 de abril.