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El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Castañeda Portocarrero, reiteró que su sector priorizará la salud de los internos y la seguridad en los 68 establecimientos penitenciarios del país ante la emergencia nacional por el COVID-19.
Según Castañeda, por esa razón se dispuso el cambio del presidente y otros miembros del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), a fin de potenciar el conjunto de medidas que se han implementado a raíz de la declaratoria de emergencia.
El nuevo Consejo, que tendrá como miembro a un general PNP en retiro con experiencia en temas preventivos, abordará de forma preponderante la seguridad en los recintos para prevenir y evitar futuros motines.
Asimismo, el Minjus ha coordinado con el Ministerio del Interior para que efectivos de la Policía Nacional apoyen en la seguridad exterior de los 68 penales que tiene a su cargo el INPE.
El domingo último, dos internos fallecieron tras un motín registrado en el penal El Milagro de Trujillo. Además, 17 internos y 11 agentes resultaron heridos.
Medidas sanitarias
El ministro Castañeda dijo también que su sector ha establecido que el personal de los establecimientos penitenciarios haga un seguimiento para prestar atención a los adultos mayores y personas afectadas por diabetes, TBC, VIH y cáncer.
Para concretar estas acciones, el Ejecutivo aprobó el desembolso de S/10 millones, a través del Decreto de Urgencia 029, que se destinarán a la adquisición de equipos de protección (mascarillas, guantes y mandilones) para los agentes del INPE.
Se ha considerado, además, la compra de mascarillas para internos que están enfermos, artículos para desinfección y limpieza de los penales, la preparación de ambientes de aislamiento, detección y descarte del coronavirus y la mejora de los sistemas de suministro de agua potable. Además, sostuvo que se trabaja para acelerar la aplicación de los decretos de urgencia sobre internos por omisión a la asistencia familiar y el traslado de extranjeros a su país de origen, para así disminuir el hacinamiento.
“Hay una serie de medidas en varias líneas porque nuestro compromiso es garantizar la seguridad y la salud. No podemos permitir, por ejemplo, que los internos pretendan quebrar el principio de autoridad. Es una responsabilidad garantizar la seguridad de las personas a nivel nacional”, dijo Castañeda.
