Ana Bazo Reisman

En la Las Charapitas, situada en el Anexo 22 de Huarochirí, los únicos insumos para la comida del miércoles pasado fueron frejoles y la mitad de una cabeza de cerdo. “Nos donaron una cabeza entera, pero la partimos para guardar la mitad para el día siguiente”, cuenta Matilde Yarasque, coordinadora de la iniciativa que ofrece almuerzos a unos 70 vecinos. El menú fue preparado a leña, pues ya no pueden pagar por .

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A pocos kilómetros de Las Charapitas, la olla común Virgen de Guadalupe servía raciones para 40 vecinos. El plato del día fue pollo mechado con arroz, aunque cada persona recibía apenas la sexta parte de una presa. “Con el alza de precios [de la canasta básica familiar], hemos reducido las porciones porque todo está caro: el arroz, el aceite, el pollo, los fideos, el gas”, relata Esmenia Hernández, quien lidera la organización.

En el Perú, las ollas comunes son iniciativas vecinales autogestionarias, y su funcionamiento –originado de la necesidad alimentaria, incluida la de las propias socias– depende de las ventas diarias de sus platos (de S/2,00 a S/3,00). Sin embargo, también ofrecen raciones gratuitas a “casos sociales”, que es como ellas llaman a las personas que no pueden pagar. Al ínfimo ingreso de estas organizaciones se suman donaciones esporádicas por parte de ciudadanos. Pero eso último ocurre cada vez menos.

El anuncio de una crisis alimentaria y el encarecimiento de los productos colocan a estas asociaciones y a sus beneficiarios –personas en pobreza o pobreza extrema– en un grave riesgo. “Me aterro cuando escucho que vamos a sufrir de hambre en el Perú y el mundo. Lo que exigimos y necesitamos es un diálogo serio con el Gobierno y que se dé una solución inmediata y efectiva, de manera conjunta”, señala Irene Chávez, presidenta de las ollas comunes del Perú.

De acuerdo con información pública del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), en el país se encuentran registradas ante el Estado 3.542 ollas comunes. Entre todas, representan un total de 237.764 raciones de comida diarias. Es decir, más de 200 mil personas acceden a alimentos a través de estas organizaciones.

No obstante, el empadronamiento no está completo, pues solo comprende distritos ubicados dentro de 14 regiones. Según señaló el ministerio a este Diario, el subregistro se debe a que ciertos municipios no se han encargado de identificar ollas comunes en sus jurisdicciones ni han alcanzado datos solicitados para sistematizar su existencia en el portal “”, diseñado por el propio Midis.

Del total de ollas comunes activas que señalamos anteriormente, 2.639 están reconocidas por municipios del departamento de Lima. A su vez, de esta cifra, 2.516 se concentran en Lima Metropolitana. Huarochirí es la segunda circunscripción de Lima con mayor cantidad de organizaciones activas inscritas (95). En los otros 13 departamentos o regiones, figuran como registradas 903. En todas, la historia es similar.

“Llegamos a cocinar todos los días sin falta, pero la mayoría de las veces es muy duro. Nosotras salimos al mercado, así, a buscar papitas; llevamos nuestra pancarta para que los comerciantes o quienes compren nos regalen algún insumo. Comprar ya ni alcanza. El arroz, carísimo, se nos acaba rápido”, cuenta Yolanda Bellido, socia de la olla común Ángeles de la Solidaridad Nº1, del Anexo 22 de Huarochirí, donde el menú, con base en lo que se tenga, es repartido a 60 vecinos.

Esmenia Hernández lidera la olla común Virgen de Guadalupe, en el Anexo 22 de Huarochirí. En la imagen, se la observa sirviendo la porción a un vecino. (Foto: Alessandro Currarino/El Comercio)
Esmenia Hernández lidera la olla común Virgen de Guadalupe, en el Anexo 22 de Huarochirí. En la imagen, se la observa sirviendo la porción a un vecino. (Foto: Alessandro Currarino/El Comercio) / Alessandro Currarino

Un apoyo que no llega y un reglamento pendiente

En abril del 2020, en el marco de la recién declarada emergencia por la pandemia del COVID-19, el entonces gobierno de Martín Vizcarra promulgó el , que facultaba al programa Qali Warma –dependiente del Midis– a proporcionar “excepcionalmente” alimentos para, en general, personas en situación de vulnerabilidad.

La norma permite a las municipalidades solicitar víveres para el reparto y beneficio de ciudadanos en situación de pobreza o pobreza extrema. Pero ello no garantizó frecuencia en las donaciones y, de hecho, la última vez que las ollas comunes consultadas por El Comercio recibieron víveres fue entre setiembre y diciembre del 2021.

“La municipalidad por las puras está. Son autoridades que, aun teniendo cómo, no nos ayudan. Si donan, es con fines políticos o en temporada electoral. Nosotros hacemos arte de magia para que nuestras ollas sigan funcionando. A veces, ponemos de nuestro propio bolsillo [para la compra de insumos y víveres], por más que también nosotros suframos necesidad”, dijo Benigno Torres, presidente de la olla Señor de los Milagros del Anexo 22, también de Huarochirí.

Ya dentro de Lima Metropolitana, el populoso distrito de San Juan de Lurigancho alberga a 517 ollas comunes registradas. En la olla Nueva Palestina, se llega a preparar 262 raciones, aunque su representante Norma Chávez nos indica que el alza de precios de los alimentos las ha forzado a cocinar menos algunos días.

“A veces, solo podemos llegar a cocinar para 180 o 190. No nos da para más. Nosotras recibimos donación de víveres de vez en cuando, sobre todo de las parroquias. También nos vamos a los [comercios] mayoristas, que a veces nos regalan un poco de papa, yuca. Cocinamos a gas todos los días, pero esto también se nos acaba rápido y hay que guardar para comprar otro balón en una misma semana”, explica Chávez.

El 27 de abril último, el gobierno del presidente Pedro Castillo promulgó la , aprobada por el Congreso, que reconoce –por primera vez– a las ollas comunes como organizaciones sociales de base y ordena asignarles un financiamiento exclusivo. En su disposición complementaria final, la norma establece un plazo de 30 días para su reglamentación. Este vence el próximo 9 de junio.

Julio Demartini, director de Articulación de Prestaciones Sociales del Midis, aseguró a El Comercio que el borrador del reglamento para la ejecución de la ley ya fue enviado a los demás sectores ministeriales pertinentes para su revisión técnica y que se espera cumplir con la publicación antes del vencimiento del plazo.

“En esta reglamentación el Ejecutivo tiene que ser bastante fino. Tenemos el antecedente del Decreto Legislativo Nº 1472, del 2020, pero el destino era población vulnerable en general, y por ello las organizaciones sociales de ollas comunes reclamaban una normativa especial. Se ha dado la ley, y ahora estamos viendo los mecanismos para que las municipalidades, a partir de sus presupuestos y modificaciones presupuestales, destinen financiamiento para comprar alimentos. Y, a partir del Ejecutivo, excepcionalmente, Qali Warma y Produce también contribuirán con este tema de seguridad alimentaria”, detalló el funcionario.

Demartini aclaró que las municipalidades, con el reglamento en vigencia, podrían entregar la ayuda a través de tarjetas alimentarias para que las juntas directivas de cada olla común realicen las compras de sus insumos. Consultado sobre el uso político que darían algunas municipalidades a las donaciones y que es denunciado por las ollas comunes, el director de Articulación de Prestaciones Sociales del Midis recalcó que “eso es lo que menos queremos” y que, por tanto, la entidad reforzará la fiscalización a partir del registro “Mankachay Perú”.

La crisis que amenaza al sector más vulnerable

El local de la olla común Virgen de Guadalupe, en el Anexo 22 de Huarochirí, es de material prensado y pudo construirse con el ahorro de los aportes en actividades vecinales. Se ubica en un empinado rocoso, donde lo rodean las casas de sus beneficiarios. En su interior hay apenas una cocina portátil de dos hornillas y una mesa con un par de bancas, donde semanalmente se reúne la directiva presidida por Esmenia Hernández. En toda olla común, las directivas suelen constar de seis socias: una presidenta, una fiscal, una tesorera, una almacenera, una secretaria y una asistenta o coordinadora. Varias de ellas son también las cocineras.

La olla común Virgen de Guadalupe es, ocasionalmente, un salón de clases para los niños del vecindario. En el centro de la imagen: Matilde Yarasque, de la olla Las Charapitas; Yolanda Bellido, de la olla Los Ángeles de la Solidaridad Nº1; y Mariluz Osorio, de la olla Milagro De Dios. (Foto: Alessandro Currarino/El Comercio)
La olla común Virgen de Guadalupe es, ocasionalmente, un salón de clases para los niños del vecindario. En el centro de la imagen: Matilde Yarasque, de la olla Las Charapitas; Yolanda Bellido, de la olla Los Ángeles de la Solidaridad Nº1; y Mariluz Osorio, de la olla Milagro De Dios. (Foto: Alessandro Currarino/El Comercio) / Alessandro Currarino

Antes de tener este modesto local, las socias preparaban y servían la comida diaria en la calle. Desde su inauguración, los 20 metros cuadrados funcionan algunas veces como salón de clases, donde un pastor religioso enseña un poco de inglés o lectura a 40 niños de la zona. Ninguno de los menores posee internet en casa y, por tanto, no accedieron a clases remotas en los últimos dos años. Para las familias, el acceso al agua potable es precario y a la electricidad, un lujo.

“Todo esto, en todos lados, se repite. Esta es una realidad a donde vayas. Solo hay que mirar arriba. Manchay, Huaycán, Santa Rosa, Ancón, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Cieneguilla. La necesidad… Hay que estar muy, muy loco o muy, muy necesitado para venir a vivir aquí y de esta manera. Y, aún así, nada es barato. Solo para que una moto nos traiga y suba, cuesta siete soles. ¿A quién le sobran siete soles aquí para moverse cuando la prioridad mayor es comer?”, dice Irene Chávez, presidenta de las ollas comunes a nivel nacional.

Irene Chávez es presidenta de las ollas comunes del Perú. Asegura que las municipalidades y el gobierno central no toman con seriedad a las organizaciones. "Cuando nos reunimos con el presidente Pedro Castillo, el 30 de marzo, lo que buscábamos era un diálogo, pero no lo hubo", dijo a El Comercio.
Irene Chávez es presidenta de las ollas comunes del Perú. Asegura que las municipalidades y el gobierno central no toman con seriedad a las organizaciones. "Cuando nos reunimos con el presidente Pedro Castillo, el 30 de marzo, lo que buscábamos era un diálogo, pero no lo hubo", dijo a El Comercio. / Alessandro Currarino

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la anunciada crisis alimentaria golpearía, solo en el país, hasta al 51% de la población.

“No es que necesariamente la población peruana vaya a dejar de comer, pero resolver el hambre sí costará mucho más, incluyendo cambios de dieta, malnutrición y afectaciones a la salud. Dentro de la población que vive en situación de pobreza, el riesgo de inseguridad alimentaria es considerablemente más alto. En el caso particular de las ollas comunes, la deuda que tiene el Estado es reconocerlas como un medio para solucionar el hambre de la población, y eso implica incluirlas en los esquemas de protección social, empadronarlas correctamente y desarrollar programas de apoyo continuo y fiscalización de su bienestar”, manifestó Fernando Castro, coordinador de Sistemas Alimentarios de FAO Perú.

Según el“Las nuevas cifras de la pobreza”, publicado hace unas semanas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), al cierre del 2021 el Perú tenía 8 millones 556 mil ciudadanos en situación de pobreza, que representan a un 25% de la población total. La precariedad en la que ya viven se agudizaría para este año.

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