Tráfico de bebes: investigan presunta red que operaba mediante un centro obstétrico clandestino y que habría vendido hasta 20 recién nacidos en Cusco

La población cusqueña se encuentra conmocionada desde hace unos días luego de que la Policía Nacional y el Ministerio Público hallara indicios de una presunta red de trata de personas, la cual se dedicaría a comercializar a recién nacidos cuyo origen y paradero final sería desconocido. Esta mafia operaría utilizando un centro obstétrico clandestino ubicado en la calle Tres Cruces de Oro, a pocos metros del Centro Histórico de Cusco.

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En el marco de este caso, días atrás, el Ministerio Público solicitó al Poder Judicial dictamine la medida de prisión preventiva en contra de tres implicados en este ilegal e indignante negocio. Ellos pertenecerían a una red de trata de recién nacidos denominada ‘Imperiales de San Jerónimo’.

Es así que el último fin de semana, la jueza Zulay Sánchez, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia Cusco, dispuso nueve meses de prisión preventiva para Fanny Hurtado Altamirano (45) y Doris Rosa Huayhua (55) por el delito de trata de personas. En el caso de Huayhua, esta se encuentra prófuga de la justicia y con orden de captura.

Asimismo, Rubén Mora Cuyuchi (55), un tercer involucrado en las investigaciones, recibió libertad con comparecencia restringida al existir una detención arbitraria por no cumplirse el plazo de flagrancia. Su participación en la audiencia es facultativa, sin embargo, de acuerdo a la fiscalía especializada, se encuentra bajo seguimiento. La bachiller en obstetricia, Lizett Blanca Zambrano Huayhua, es la cuarta involucrada.

Tras una denuncia hecha por personal del Centro de Salud Manco Cápac del distrito de Santiago el pasado 4 de setiembre, agentes de la Comisaria Viva El Perú intervinieron a tres personas, quienes serían presuntos integrantes de la banda criminal “Los Imperiales de San Jerónimo”. Ellos tenían en su poder a un bebe de apenas 13 días que no les pertenecía.

De acuerdo a la denuncia, Fanny Hurtado había acudido a dicho centro de salud para que el bebe recibiera atención médica. Sin embargo, el menor no era suyo. El recién nacido había sido inscrito con otro nombre (Enzo Héctor Hurtado Altamirano). Su acta de nacimiento tenía fecha 22 de agosto del presente año. El menor le habría sido entregado a Hurtado días antes por una persona de nombre “Rosa”.

“La firma y las características del certificado de nacido vivo llamó poderosamente la atención del personal de salud de Manco Cápac, por lo que alertaron a las autoridades”, dijo el fiscal adjunto de Trata de Personas, Paulo Rivera.

Ante este hecho, la policía realizó diversas diligencias con participación de la Fiscalía de Trata de Personas, y se logró ubicar y citar a la persona de nombre “Rosa” a la altura del centro comercial Súper Sol, en la urbanización de Ttio del distrito de Wanchaq. Allí la PNP intervino a Doris Rosa Huayhua y Rubén Mora por el presunto delito contra la dignidad humana - trata de personas.

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“De acuerdo al informe policial, esta venta de niños se materializó, aunque señalan que el bebe iba a ser devuelto porque lloraba mucho. Vale precisar que el delito de trata de personas es un delito permanente en el tiempo”, señaló a El Comercio la fiscal provincial especializada en Delitos de Trata de Personas en Cusco y quien está a cargo del caso, Andronika Sanz.

Mientras tanto, durante la audiencia de prisión preventiva, se develaron algunos chats correspondientes a este año que muestran conversaciones de los implicados, en los que se comprobaría ofrecimientos por diferentes montos de dinero a cambio de los recién nacidos. Según se sabe hasta ahora, al menos 20 niños habrían sido vendidos. Vale decir que este y otros descubrimientos aun continúan en investigación por parte de la fiscalía.

“Presumiblemente estamos ante una red de trata de personas con más involucrados. Se han hallado chats donde estas personas señalaban que contaban con bebes. Es un promedio de 15 a 20 niños aproximadamente de los que se desconoce su paradero”, refirió el fiscal adjunto Paulo Rivera.

Respecto al centro obstétrico, la fiscal Andronika Sanz confirmó que se trata de un local clandestino, sin ninguna licencia de funcionamiento. “Es un centro obstétrico clandestino, no funciona con las garantías necesarias, no tiene licencia de funcionamiento, no se ha encontrado certificado de ningún medico, ningún personal obstetra calificado con certificado profesional respectivo. Por el contrario, se determinó que la administración está regentada por personas que no ostentan esta profesión”, detalló.

Rivera Quispe explicó a este Diario cuál habría sido el modus operandi de esta presunta mafia de trata. Además de las tres personas antes mencionadas, estaría involucrada una cuarta, la bachiller en obstetricia Lizett Blanca Zambrano Huayhua. Ella se habría encargado de certificar el nacimiento de los recién nacidos. La fiscalía y ha presentado ante el Poder Judicial el pedido de prisión preventiva en su contra.

“Primero obtenían en el centro obstétrico clandestino al recién nacido y luego se contactaban con la bachiller en obstetricia. Ella elaboraba y firmaba el certificado de nacido vivo en el cual no constaba que la madre sea la madre consanguínea del bebe. Solo firmaba y daba su visto bueno. Ese era el modus operandi para la emisión del certificado y con eso se inscribía al bebe luego en el Reniec”, agregó el fiscal adjunto Paulo Rivera.

Durante las diligencias en el centro obstétrico la fiscalía halló gran cantidad de vouchers de pago de entidades bancarias, números de teléfonos, dinero en efectivo, accesorios para ecografías, ambientes acondicionados para procedimientos abortivos. Incluso, según las diligencias fiscales, se presume que se comercializaban fetos para ofrendas a la tierra.

“En los chats se hace alusión que si el bebe presenta alguna “falencia” los imputados tenían la posibilidad de dormirlos, es decir, matarlos y disponer de ellos. En ese centro obstétrico se halló indumentarias en relación a rituales. Presumiblemente se usaban fetos de bebes recién nacidos para estos”, comentó Rivera.

Mientras tanto, la Policía Nacional continúa con las investigaciones para determinar la procedencia del bebe hallado en poder de Fanny Hurtado y la ubicación de los verdaderos progenitores.

Este martes, Rocío Gala, coordinadora en delitos de trata de personas del Ministerio Público, brindó más luces sobre este caso que ha conmocionado tanto al Cusco como a todo el país. Precisó que se viene llevando a cabo un a fase de investigación preparatoria y que son cuatro las personas que vienen siendo investigadas: dos de ellas con prisión preventiva por 9 meses, mientas que otras con restricciones e impedimento de salida del país.

Sobre la cuarta persona involucrada (Lizett Zambrano Huayhua), informó que la próxima semana se realizará la audiencia de prisión preventiva en su contra. “Por el momento, la fiscalía viene postulando los hechos como la presunta comisión del delito de trata de personas, en su modalidad de agravada, porque su finalidad era la venta de niños. En nuestro Código Penal esto está sancionado con una pena de prisión no menor a los 25 años”, agregó.

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Gala contó también que el Ministerio Público venía investigando a los procesados por el delito contra la fe publica, pues no solo se habría procedido a la venta de un menor de 13 días de nacida, sino también a la elaboración de un certificado falso de nacido vivo y su inscripción en el Reniec.

La fiscal también detalló que tras proceder a hacer la lectura de los celulares incautados a los imputados, en el marco de las investigaciones, se ha visualizado un gran cantidad de chats que revelarían el comercio de varios menores. “Hay conversaciones donde se hacen ofrecimientos, se manejan ciertas expresiones y vouchers con montos que fluctúan entre los 500 y 700 soles”, comentó.

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“Aun falta recabar resultados de pedidos de levantamiento de los secretos de las comunicaciones, secretos bancarios, declaraciones testimoniales, visualización de cámaras, que seguramente darán mayores luces para poder imputar quizá otros delitos. Podemos estar ante una organización criminal”, sostuvo Gala.

Añadió que la fiscalía tiene 120 días par poder recabar toda la información posible sobre este caso. Dijo que no se descarta que adolescentes hayan concurrido a este centro obstétrico clandestino para realizarse un aborto, por lo que los exhortó a poder acudir a la fiscalía, con la debida protección de sus datos, para poder denunciar. “Estamos ante un caso que podría tener grandes dimensiones. No descartamos obviamente el lado internacional”, expresó la fiscal.

El abogado penalista Aarón Aleman indicó a El Comercio que de acuerdo a los hechos que se conocen hasta el momento sobre este caso, se debe abordar como uno de crimen organizado, regido por la ley 30077, ya que los actos criminales perpetrados de manera permanente en el tiempo se llevaron a cabo por más de tres personas. Todas ellas inmersas en el delito de trata de personas sobre menores de edad recién nacidos.

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“En consecuencia la pena aplicable se puede estimar hasta en 35 años de conformidad con lo establecido en el artículo 22, literal e, de la ley 30077, toda vez que los miembros de la organización criminal atentaron gravemente contra la integridad física y psicológica de los menores de edad (agraviados), debido a que los privaron a todos ellos de sus derechos a la libertad, identidad y bienestar integral”, explicó.

Aleman destacó que es relevante precisar que las personas investigadas no podrán acceder a los beneficios penitenciarios, tales como la redención de la pena por el trabajo y la educación; la semilibertad; y la liberación condicional. Es decir, quienes sean sentenciados a prisión “deberán permanecer en el centro penitenciario la totalidad del tiempo de la pena impuesta”, dijo.