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JOSÉ CARLOS REQUENA
El pedido de facultades legislativas enviado al Congreso por el primer ministro Fernando Zavala contiene cinco ejes, uno de los cuales toca a los antiguos departamentos devenidos en regiones. Prolonga una situación que se creyó temporal hace 14 años, cuando se aprobó la ley que inició formalmente el proceso de descentralización.
La Ley de Bases de la Descentralización (27783), promulgada el 17 de julio del 2002 por Alejandro Toledo, en su artículo 30 indica que “el proceso de regionalización se inicia eligiendo gobiernos regionales en los actuales departamentos”. Además establece que esta se “orienta a la constitución de regiones sostenidas, en base al sistema de cuencas y corredores económicos naturales, articulación espacial, infraestructura y servicios básicos, generación efectiva de rentas”, y que “por ley especial se fijan los incentivos especiales para la integración y conformación de regiones”.
Se precisa también que “la conformación y creación de regiones requiere que se integren o fusionen dos o más circunscripciones departamentales colindantes, y que la propuesta sea aprobada por las poblaciones involucradas mediante referéndum”, y se presentan los años para dichas consultas: 2005, 2009 y 2013 (artículo 29). Solo la fallida consulta del 2005 se realizó. Ni Alan García ni Ollanta Humala organizaron las consultas siguientes.
La descentralización fue una de las demandas democratizadoras de finales del siglo XX. Buscaba sustituir los centralistas consejos transitorios de administración regional (CTAR), impulsados por Alberto Fujimori en 1992 y que, irónicamente, duraron hasta el accidentado final de su mandato.
Hoy, la aspiración por constituir regiones parece cosa del pasado. Aun esfuerzos promisorios, como la macrorregión sur, no terminan de consolidarse formalmente y quedan convertidos en meros espacios de cooperación. La ambiciosa regionalización ha terminado convertida en una más conformista.
El actual gobierno mantiene la apatía. En enero, el entonces candidato Pedro Pablo Kuczynski planteaba lo que llamó una “Descentralización inteligente” (El Comercio, 24.1.2016), apoyada en tres pilares: el establecimiento de “un servicio administrativo del Estado de calidad”, la creación de “nuevos mecanismos de planificación y seguimiento de las inversiones públicas, sobre todo en infraestructura. Pro Inversión debe estar en todas las regiones del Perú”, y la simplificación de procedimientos y permisos.
El pedido de facultades, que incluye la descentralización de Pro Inversión, es coherente con la visión del candidato Kuczynski. Agobiado por los problemas originados por el innegable deterioro de la actividad económica y abrumado por la cotidiana apatía burocrática y la creciente presión social, el país administrado por tecnócratas parece encaminado a mantener esta descentralización sin regiones que le legaron sus predecesores. Revolución social la llaman.
