Proyecto Majes Siguas II se encuentra paralizado desde el 2017 con un avance del 14%. (Foto: GRA)
Proyecto Majes Siguas II se encuentra paralizado desde el 2017 con un avance del 14%. (Foto: GRA)
Zenaida Condori Contreras

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Esta mañana, el presidente de la República, , y el gobernador de Arequipa, , sostendrán una reunión de trabajo para reactivar el proyecto Luego de que Cáceres Llica solicitara la reunión en una carta, la cita fue confirmada la semana pasada por el secretario del despacho presidencial, Pedro Pablo Angulo De Pina, mediante un oficio[ver al final de la nota] dirigido a la autoridad regional. La reunión está programada para hoy, lunes 2 de noviembre, a partir de las 10 a.m.

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La oficina de Relaciones Públicas del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) informó a El Comercio que el gobernador partió a Lima con el gerente de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), Napoleón Ocsa, y el gerente del proyecto Majes Siguas II, Alfonzo Cari. Agregaron que la reunión, a estas horas de la mañana, todavía no se realiza, debido a que el presidente Vizcarra participa

Actualmente, Majes Siguas II atraviesa por su peor momento. El sueño de los arequipeños de ver convertido 38.500 hectáreas de desierto en cultivos de exportación no se ha podido materializar. La concesionaria hace una década firmó el contrato para ejecutar el proyecto, sin embargo, ahora está está en proceso de resolver el contrato.

La historia

Hace 10 años, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y el consorcio Angostura Siguas firmaron un contrato de US$ 404 millones para construir una moderna infraestructura hidráulica (represa, túneles y canales de riego). Iban a transponer las aguas del río Apurímac, desde la parte alta de Caylloma hasta las pampas áridas de Siguas, un recorrido de 229 kilómetros. La obra se iba a culminar en cuatro años, pero por diversos problemas sociales y económicos se encuentra paralizada con un avance al 14%.

Lo que si creció fue el presupuesto. En el 2015 la inversión del proyecto se incrementó a US$ 550 millones y se firmaron 12 adendas. Después, en el 2018 la empresa propuso realizar cambios tecnológicos en el diseño del proyecto por un monto de US$ 104 millones. Si bien la concesionaria asumirá el incremento, pidió una garantía soberana al Estado para recuperar su inversión. Para formalizar ese incremento se necesita una nueva adenda. El costo del proyecto pasaría de US$ 550 a US$ 654 millones.

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La gestión de la exgobernadora Yamila Osorio Delgado no logró firmar la adenda 13 porque el documento debe tener el visto bueno de Proinversión, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de la Contraloría y la autorización del Consejo Regional de Arequipa (CRA). Sin embargo, suscribió dos actas prorrogando los plazos para se concrete la adenda. Cuando Cáceres Llica asumió el cargo de gobernador, pero a los meses cambió de opinión. Firmó siete actas aplazando la firma de la nueva adenda.

En la última acta (novena), firmado el pasado el 30 de junio por el gobernador y el representante de la concesionaria, la autoridad se comprometió que la adenda 13 debió tener la opinión de Proinversión para el 7 de septiembre, la aprobación del MEF para el 23 de setiembre y el visto bueno de la Contraloría para el 9 de octubre. Para el 28 de octubre, el Consejo Regional debió dar luz verde y la adenda debió firmarse este 30, pero no se concretó. El documento de la adenda está encarpetado en el despacho de Cáceres Llica.

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Previniendo que la autoridad no cumpliría con los compromisos, el pasado 29 de septiembre la concesionaria envió una carta (MS2-CAS-GRA-CAR-249) al gobernador con copia a la ministra del MEF, María Antonieta Alva, y al ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, demandando la resolución del contrato. En esta carta la concesionaria indica que el GRA tiene desinterés absoluto en sacar adelante el proyecto y que lo único que han obtenido en tantos años de paralización del contrato, son cuantiosos daños emergentes por encima de US$ 66 millones 900 mil.

Condiciones

El gobernador regional indicó que no pudieron cumplir con los compromisos porque no contaban con la garantía soberana para los US$ 104 millones. Según el jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del GRA, Javier Rospigliosi, los gobiernos regionales no tienen la facultad de otorgar avales económicos a nombre del Estado, solo lo puede hacer el MEF. Para facilitar esos trámites, el Ejecutivo ofreció al GRA un convenio para que la administración del proyecto pase temporalmente a manos del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri).  Luego de ser destrabado y encaminado regresaría al gobierno regional en cuatro años.

El gobernador y parte de los consejeros regionales lo rechazaron. Incluso en una declaración que dio el 12 de octubre, el mismo Cáceres Llica le dijo al presidente que “no meta sus narices en Arequipa”. La autoridad decidió tomar otro rumbo. Tramitó un proyecto de ley para que el Congreso obligue al Ejecutivo otorgar la garantía soberana. El pasado 19 de octubre con 60 votos a favor, 11 en contra y 47 abstenciones el pleno del parlamento dio luz verde a la garantía soberana para Majes Siguas II. La norma no fue promulgada. La ministra del MEF, María Antonieta Alva, explicó que, tal como se aprobó es inimplementable. No obstante, dijo que están trabajando con la Comisión de Presupuesto del Congreso para mejorar el texto y tener un marco legal para otorgar la garantía.

Con los plazos por vencerse, el gobernador pidió una reunión de urgencia al presidente. Esta mañana Cáceres Llica se presenta ante el presidente de la República. El gobernador sigue insistiendo que el Ejecutivo debe promulgar la Ley. Desde el Minagri advirtieron que no se promulgará la norma aprobada por el congreso hasta que no se resuelvan los fundamentos técnicos. Por otro lado, advirtieron que de llegarse a promulgar (dando la garantía), ésta solo tendría vigencia hasta el 31 de diciembre.

Procesos

La concesionaria inició la resolución del contrato. Al no cumplirse con los compromisos se pasará a la etapa del trato directo para la solución de controversias, que son seis meses. En ese periodo las partes plantean sus pretensiones. Si en el trato directo no se resuelven las controversias las partes se van a un arbitraje internacional. Según el contrato acordaron acudir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) que está ubicado en la ciudad de Washington D.C en Estados Unidos. La sentencia en este tribunal es cosa juzgada, sin apelaciones.

Fuentes de la concesionaria indicaron a este Diario que el proyecto aún es salvable antes de ingresar al arbitraje, sin embargo, desconfían de la gestión regional no solo por la serie de sus incumplimientos, sino por la poca seriedad del gobernador. En sus últimas apariciones públicas, Cáceres Llica, dijo que no firmó el acta novena y que el documento era bamba. Desde la concesionaria aseguraron que el documento es verídico. El consejero, José Luis Anco, mandó a realizar un estudio grafotécnico, para salir de dudas y se confirmó que la firma es real y pertenece al gobernador. Para la concesionaria el mejor escenario es que la titularidad del proyecto pase a manos del Minagri, sin embargo, el gobernador se opone la trasferir la administración temporal. Esta reunión será decisiva para el futuro del Majes Siguas II.

Este es el oficio que recibió el GRA:

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