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El Juzgado Penal Colegiado de Puno condenó a seis años de prisión efectiva al gobernador regional de Puno, Walter Aduviri Calisaya, como coautor no ejecutivo del delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de disturbios, durante la protesta denominada el 'Aymarazo', ocurrida en el 2011. Aduviri también deberá pagar S/2 millones de reparación civil en favor del Estado,
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El citado juzgado, que preside la juez Jackeline Reina Luza Cáceres e integrado por las magistradas Kety Neyra Calderón y Shirlay Bazilka Flores Menéndez, también dispuso la inmediata búsqueda y captura de Aduviri Calisaya para internarlo en el establecimiento penal que disponga el Instituto Nacional Penitenciario del Perú.
En la audiencia que se inició a las 10 a,m. de hoy, no se presentó el abogado defensor de Aduviri Calisaya, por lo que la magistrada dispuso que ese papel lo asuma un abogado de la Defensa Pública.
Mientras se desarrollaba la audiencia, en las afueras de la Corte Superior de Justicia de Puno un grupo de personas provenientes de los distritos de Kelluyo, Zepita y otros se congregaron en el atrio de la Catedral y calles aledañas a fin de mostrar su rechazo a la decisión judicial.
Varios dirigentes aimaras anunciaron acciones de protesta en respaldo al gobernador regional de Puno, según ellos, sentenciado de manera injusta por no haber pruebas fehacientes.
El fiscal Juan Monzó Mamani, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno, había solicitado el último lunes siete años de cárcel para Aduviri Calisaya y el pago de S/ 5 millones por reparación civil en favor del Estado.
-Historia del conflicto—
El 29 de noviembre del 2007, el gobierno del ex presidente Alan García promulgó el Decreto Supremo 083-2007, que exceptuó a la empresa canadiense Bear Creek de la prohibición constitucional de que los extranjeros puedan realizar actividades directa o indirectamente dentro de los 50 kilómetros de zona de frontera.
En abril del 2011, el Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno, encabezado por Walter Aduviri, inició protestas contra el proyecto minero Santa Ana de la empresa canadiense. Tras intentos fallidos de consensos, la protesta se radicalizó.
El 26 de mayo, Puno fue tomado y sitiado por población aimara, y se produjo el saqueo e incendio de locales públicos de Sunat, Aduanas, contraloría, gobernación y de empresas privadas.
Además, fueron bloqueadas las dos principales carreteras que unen a la región Puno con la frontera a Bolivia, impidiéndose la libre circulación de vehículos y perjudicando el turismo. Se estima que durante los 45 días de protesta Puno perdió US$117 millones.
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