El 64,3% (126 casos) corresponde a conflictos de carácter socioambiental. Mientras que el 10,2% (20 casos) a problemas con gobiernos locales y 9,2% (18 casos) a reclamos contra el gobierno nacional.
El 64,3% (126 casos) corresponde a conflictos de carácter socioambiental. Mientras que el 10,2% (20 casos) a problemas con gobiernos locales y 9,2% (18 casos) a reclamos contra el gobierno nacional.
Redacción EC
Redacción EC

La Defensoría del Pueblo informó ayer que a agosto del 2018 se contabilizaron tres nuevos conflictos sociales. Estos se ubican en Atalaya (Ucayali), Huamachuco (La Libertad) y Buena Vista Alta en Áncash.

En el caso de Atalaya, el conflicto está relacionado a reclamos por titulación de tierras, seguridad y concesiones otorgadas en la zona. En Huamachuco y Buena Vista Alta, sectores de la población tienen reclamos contra empresas que realizan actividades mineras.

Según el reporte, la defensoría registra en total 196 conflictos sociales en el país. De ellos, 134 se consideran activos y 62 latentes (aquellos que estuvieron activos pero ya no lo están o permanecen ocultos para la opinión pública). El 64,3% (126 casos) corresponde a conflictos de carácter socioambiental. Mientras que el 10,2% (20 casos) a problemas con gobiernos locales y 9,2% (18 casos) a reclamos contra el gobierno nacional.

Entre las diez principales alertas por conflictos sociales activos, la defensoría ubica dos casos relacionados a la minera MMG Las Bambas (en Apurímac y Cusco), la situación de la empresa Tumán en Lambayeque, así como el anuncio de huelga indefinida convocada por los profesores integrantes de SUTE regionales.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC