Alejandro Toledo y sus últimas horas en libertad: los argumentos de la Corte de Columbia para negarle la “moción de urgencia”

Las horas de libertad de Alejandro Toledo se acabaron. La Corte del Distrito de Columbia rechazó la tarde del jueves la “moción de urgencia” que solicitó el expresidente para suspender su detención y posterior extradición hacia el Perú. Tras ello, el exmandatario se presentó este viernes ante las autoridades de Estados Unidos para ser detenido.

Seis años han pasado desde que el ex jefe de Estado huyó del país hacia Estados Unidos días antes de que se emitiera una orden de prisión preventiva en su contra por el Caso Interoceánica y los presuntos sobornos de Odebrecht.

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“Autorización del acta (sin papeles) NEGANDO la 15 Moción de Emergencia de los actores para Suspender la Detención y Extradición de Alejandro Toledo”, resolvió la jueza principal Beryl A. Howell en un acta severamente crítica para el expresidente y su defensa.

Fue el exdirector de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata quien delató a Toledo en el 2017. No alzó la mano y lo apuntó con su dedo acusador, lo que hizo fue narrar con lujo de detalles los presuntos acuerdos ilícitos y vericuetos políticos que el expresidente de la República ofrecía usar para adjudicarles de manera irregular la obra de construcción de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica.

A cambio, el exjefe de Estado exigía una ‘sana y sagrada’ coima que, según confesión del mismo Barata, ascendió a $35 millones.

El exmandatario ahora estaría a poco de responder ante los tribunales peruanos por estos hechos que habría cometido durante su gestión entre el 2001 y el 2006, pero cuyos réditos económicos ilegales que habría recibido hasta el 2010, sirvieron para la millonaria compra de inmuebles en el Perú años después.

Hasta la tarde de este jueves, los trámites para la entrega de Toledo Manrique continuaban en la Corte del Distrito Norte de California.

El juez Hixson ordenó la entrega del pasaporte del expresidente a los Marshall de EE.UU a la espera de que este viernes Toledo acuda al Palacio de Justicia de San José para proceder a su encarcelamiento y su extradición.

Una vez que el extraditable esté en manos de la policía federal, también se le devolverá su pasaporte a su esposa Eliane Karp, según dispuso el magistrado.

Reciente recurso de urgencia

La madrugada del jueves, Toledo y sus abogados privados recurrieron una vez más ante la Corte del Distrito de Columbia con una “moción de urgencia” solicitando a la jueza principal Beryl A. Howell que paralice su detención y extradición hacia el Perú.

Tal como lo hizo en California, el exmandatario ya había presentado un recurso de “reconsideración” ante la jueza Howell el miércoles último cuando el Gobierno de Estados Unidos solicitó su arresto y detención.

Howell ya había negado anteriormente un primer pedido de Toledo para suspender su extradición y detención en marzo, cuando el juez Hixson emitió una primera orden de detención que posteriormente anuló.

La defensa de Toledo buscaba que la jueza les otorgue un plazo provisional de suspensión para una audiencia de sustentación de su recurso de reconsideración. Sin embargo, los argumentos que plantea son similares a los que ya rechazó la magistrada inicialmente.

Según Toledo, el Gobierno de Estados Unidos había violado su derecho al debido proceso por que en la etapa vinculada al Poder Ejecutivo norteamericano, no se les dio derecho a ser escuchados y rebatir los supuestos de la extradición, tal como se hizo en el Poder Judicial de dicho país.

Aseguraron además, que tendrán éxito en su demanda e incluso, si aún no lo pueden demostrar, la jueza puede ordenar la suspensión. Por ello, exigieron que esta se pronuncie sobre la moción de suspensión, sin pronunciarse sobre el fondo de la demanda.

“El balance de los daños y las consideraciones de equidad relacionadas favorecen abrumadoramente la suspensión de la detención y extradición del doctor Toledo, pendiente de la decisión de este Tribunal con respecto a la Moción de Reconsideración del Demandante. El riesgo de daño irreparable es inminente y grave. El viernes 21 de abril de 2023 por la mañana, el doctor Toledo será detenido por las autoridades estadounidenses y puesto en prisión preventiva en los Estados Unidos.”

Alejandro Toledo y su defensa

No obstante, la magistrada Beryl Howell, a través de una orden sin resolución, sustentó su denegatoria indicando que la suspensión es un “ejercicio de discrecionalidad judicial”, que se puede otorgar considerando cuatro factores: “(1) si el solicitante de la suspensión ha demostrado contundentemente que es probable que triunfe en cuanto al fondo; (2) si el solicitante será irreparablemente perjudicado en ausencia de una suspensión; (3) si la emisión de la suspensión dañará sustancialmente a las otras partes interesadas en el procedimiento; y (4) dónde radica el interés público”.

Por tanto, aseguró que “ninguno” de los argumentos presentados por Toledo y su defensa tiene relación alguna con el análisis del debido proceso que cuestiona, por tanto, “el demandante no puede demostrar el derecho a una suspensión”.

Respecto a que Toledo y sus abogados expresaban su confianza en que es probable que tenga éxito en los méritos para su “moción de reconsideración”, la jueza señala que “esta confianza está fuera de lugar. Sobre todo, porque dicha jurisdicción ha establecido que la “reconsideración” conforme a la Regla 54 (b) de dicha corte es apropiada según lo exige la justicia y se otorgará sólo cuando el solicitante demuestre un cambio intermedio en la ley, el descubrimiento de nueva evidencia que no estaba disponible previamente; o un claro error en la primera orden emitida.

“En lugar de enfocarse en el requisito de demostración de cualquiera de estas causales de reconsideración, el actor de la moción, principalmente repite los mismos argumentos presentados en su moción inicial de reparación preliminar, pese a que la fase del Poder Ejecutivo de los procedimientos de extradición de los Estados Unidos deben analizarse para fines del debido proceso independientemente de la fase del Poder Judicial”, señaló la magistrada.

Además, advirtió la juez Howell, Toledo y sus abogados dedican su moción a justificar su elección de presentar la demanda en el Tribunal del Distrito de Columbia, “a pesar de un litigio de varios años que impugnó sin éxito en su extradición en el Distrito Norte de California y el Noveno Circuito”; y donde ya atacó los méritos de la investigación penal que se sigue en Perú.

Contrariamente, agrega la jueza, el demandante ha tenido durante mucho tiempo un proceso sustancial en los tribunales del Noveno Circuito, proceso que ha continuado en las semanas intermedias desde que el Tribunal en Columbia emitió su primera opinión rechazando la suspensión de extradición.

“El demandante ha buscado en repetidas ocasiones suspender su extradición planificada ante el Noveno Circuito, que recientemente le otorgó una suspensión de 14 días mientras solicitaba una reconsideración del panel o en pleno de su última denegación de suspensión, cuyo período expiró hoy”, reseñó.

Howell remarcó que, incluso, en una audiencia del miércoles último, en el Distrito Norte de California, dicho tribunal “investigó si Toledo tiene la intención de solicitar más suspensiones de la Corte de Apelaciones”, a lo que su abogado declaró que “no solicitará más suspensiones del Noveno Circuito o de la Corte Suprema”; por lo que la mencionada corte dispuso remitir al demandante a custodia del Marshal a la espera de la extradición.

Aparentemente, el abogado de Toledo omitió en su respuesta a la corte en el Distrito Norte de California que haría su último intento desesperado por obtener la reparación que ya buscó y le fue negada una vez más en la costa opuesta en esta Corte. Aquí, también, el demandante no tiene derecho a ese alivio, y por las razones anteriores, se deniega su Moción de Emergencia para suspender (su detención y extradición).”

Beryl A. Howell, jueza principal de la Corte del Distrito de Columbia

Finalmente, la jueza informó que el demandante puede continuar con su proceso siempre y cuando “demuestra causas” merecedoras de análisis para su moción de “reconsideración” antes del mediodía del 25 de abril de 2023.

Con esta decisión de la magistrada Howell y sin ningún otro recurso de Toledo en el que pida la suspensión de su detención, las horas corren para el exjefe de Estado.

Una vez que en EE.UU., Toledo Manrique se entregue a la justicia este viernes, será puesto a disposición de los Marshals (policía), para luego ser enviado al Penal del Condado de San Mateo y así dar inicio a lo que sería su entrega a las autoridades peruanas.

Los Marshal son una agencia federal de policía del Departamento de Justicia, que entre sus funciones están la custodia de los jueces, la protección de testigos, la ejecución de las órdenes de arresto y el traslado de los prisioneros que se ponen bajo custodia de la justicia norteamericana.

“Su destino estaba zanjado inexorablemente”

El exprocuradurador anticorrupción, Antonio Maldonado, señaló a El Comercio que, pese a los recursos que Alejandro Toledo interponga, su destino es ser extraditado hacia el Perú.

El expresidente, dijo el exprocurador, no estaba en la capacidad real, ni política de variar su destino. Lo único que está haciendo Toledo, agregó, es ganar unas horas, tratar de enredar su proceso de extradición, “pero su destino está sellado” ya que es imposible que escape de la decisión que Estados Unidos ya tomó.

Por el contrario, señaló, el ex jefe de Estado debería tener “la dignidad” e ir con la frente alta a enfrentar a la justicia peruana.

"Su destino estaba zanjado inexorablemente, irremediablemente desde que el juez Hixson dispuso que en lo jurisdiccional ya no había más que discutir y que el estándar de la causa probable había sido satisfecho. Luego de esta fase, el Departamento de Estado tomó la decisión política de extraditarlo, a partir de allí lo que Toledo hizo fue abusar de la justicia norteamericana, sorprender algunas cortes, presentar recursos que no le correspondía.”

Antonio Maldonado, exprocurador Anticorrupción.

Señaló que, si Toledo Manrique no se presenta voluntariamente este viernes ante las autoridades norteamericanas para ser arrestado, se ordenará a los Marshals de Estados Unidos que procedan con su detención.

“Y, una vez detenido, privado de su libertad, ya sin ninguna fianza, solo queda entregarlo a las autoridades peruanas, que ya deben estar haciendo las coordinaciones para estar presentes en el lugar que el juez Hixson designe para que el extraditable se entregado”, sostuvo.

Más allá de las horas o días que pueda tomar, teniendo en cuenta que insiste con algunos recursos para evitar su extradición, Maldonado indicó que su extradición ya está decidida.

Recordó que en el caso del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli, cuando se decidió su extradición entendió que ya no había otro camino y solicitó que sea entregado a las autoridades panameñas y no se resistió haciendo un “circo legal” como sería el caso de Toledo.

“Creo que tanto la autoridad judicial y política (en EE.UU.) se han dado cuenta con la clase de persona que están lidiando. Seguramente el caso Toledo será estudiado sobre cómo la justicia de Estados Unidos cayó en el juego de los costosos abogado de Toledo porque esos recursos que ha interpuesto no están en ninguna parte del Tratado, ni en la Legislación Federal Complementaria o Código de Enjuiciamiento Penal norteamericano. Ya solo queda la fase de ejecución”, señaló.

Maldonado Paredes, explicó que ya el proceso de extradición del exmandatario ha cumplido sus dos fases en estricto cumplimiento de los requisitos del Tratado de Extradición entre Perú y Estados Unidos, vigente desde el 2003.

Dichos requisitos pasan por los formales y sustanciales, y entre estos últimos, dijo, la Fiscalía Federal Norteamericana -en defensa de los intereses peruanos- ha llegado a establecer que existe suficiente mérito probatorio sobre la causa probable. Es decir que los delitos imputados a Toledo en Perú tienen el mismo contenido penal que en Estados Unidos, que existen elementos suficientes para presumir que el expresidente está involucrado en los hechos que se le imputan; y por tanto debe ser sometido a un proceso penal en el país que solicita su extradición.

El proceso de extradición del expresidente Toledo ha cumplido sus dos fases. Se ha hecho en cada una de ellas, en estricto, en la fase jurisdiccional, la fase judicial. En estricto cumplimiento que el Tratado de Extradición entre Perú y Estados Unidos y vigente desde el 2003 señalan.

Entre estos están los requisitos formales como los sustanciales, y entre estos últimos el Estados Peruano a través de su órgano de defensa que ha sido la Fiscalía Federal Norteamericana ha llegado a establecer que existe suficiente mérito probatorio que es el estándar de la causa probable. Es un estándar intermedio, y no del rigor y exigibilidad que se requeriría para condenar a una persona, pero tampoco es un estándar ineficaz.

Aseveró que también se ha demostrado que “no es un proceso político, que no afrontará la pena de muerte, que Perú es un Estado en pleno derecho, que no somos un régimen totalitario, que el Poder Judicial es independiente” y donde los cargos que se le imputan al expresidente no son inventados, no son ficticios, no es persecución política; sino “casos reales de presunta corrupción y lavado de activos”.

En la fase política, continuó Maldonado, el Departamento de Estado ha cumplido con analizar compromisos internacionales e instrumentos internacionales como la Convención de nacional Unidas Contra la Corrupción y Tratado de Lavado de Activos. Además, se ha tenido en cuenta las relaciones internacionales entre Perú y los EE.UU.

“El Perú para los Estados Unidos es importante, es un aliado en el hemisferio, es un aliado para lucha contra las drogas, para la lucha contra el crimen organizado transnacional, la lucha contra el lavado de activos, contra la corrupción, etc.”, concluyó.

¿Un arresto domiciliario como estrategia en Perú?

De no mediar recurso que impida el retorno de Alejandro Toledo al Perú, vía una extradición, podría estar pisando suelo peruano en los próximos días o semanas.

Una vez en territorio peruano, deberá ser puesto en presencia del juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho que dictó su prisión preventiva en febrero del 2017.

Luego, deberá pasar por el médico legista antes de ser internado en la carceleta a la espera de que el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) decida en qué penal cumplirá los 18 meses de prisión preventiva.

El ministro de Justicia, José Tello, dijo en Canal N que lo más probable es que le corresponda en Penal de Bardadillo que ya alberga a los ex presidentes Alberto Fujimori y Pedro Castillo.

El abogado penalista Julio Espinoza Goyena advirtió que probablemente Toledo Manrique y su defensa estarían preparando terreno desde Estados Unidos para solicitar un arresto domicilio una vez que llegue al país, alegando afecciones oncológicas y su avanzada edad.

Toledo Manrique ha consignado en sus diversos recursos con los que buscó paralizar su extradición que padece de problemas médicos y psiquiátricos. Incluso, ha llegado a mencionar que viene afrontando un proceso de tratamiento por el cáncer.

En uno de sus último recursos ha afirmado que el sistema de justicia penal peruano se encuentra entre los peores del mundo, muy por debajo de países como China, Nigeria, Sudán e Irán y por ello, “dada su edad (78) y su delicada salud”, podría morir en un penal.

En la audiencia del miércoles, ante el juez Thomas S. Hixson, su defensa legal remarcó que el extraditable ya tenía cita pactada con el oncólogo y el psiquiatra la próxima semana.

Su abogado en Perú, Roberto Su reafirmó que el expresidente “padeció” de un cáncer y que por eso toma medicamentos.

Espinoza Goyena, recordó que el Código Procesal Penal regula, en el artículo 290, que se puede imponer detención domiciliaria como ha ocurrido en el caso del expresidente Pedro Pablo Kuczinski.

“Surge evidente la idea de que Toledo o su defensa, pretende desarrollar la estrategia de apelar o solicitar la detención domiciliaria cuando esté acá en Perú. Por eso están planteando la idea de que padece de cáncer y su edad avanzada.”

Julio Espinoza Goyena, abogado penalista.

No obstante, reparó, en que en el mismo artículo del CPP, en el numeral 2, se indica que la detención domiciliaria no es automática, no depende solamente de una enfermedad grave o que sea mayor de 65 años, sino que no exista peligro de fuga.

“Puede la persona tener una enfermedad grave o incurable, pero hay que verificar si existe o no peligro de fuga para imponerle arresto domiciliario; y en el caso de Toledo evidentemente hay peligro de fuga desde el momento en que salió del país, decidió no afrontar y esperar todo un largo proceso de extradición. Por eso creo que a pesar de que alegue enfermedad grave o mayoría de edad o ambas cosas, el arresto domiciliario no prosperaría”, concluyó.