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Los congresistas de Acción Popular (AP), Raúl Doroteo y Jorge Luis Flores, sindicados como “Los Niños”, buscan ser excluidos de la investigación por presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias agravado, debido a las irregularidades en el Ministerio de la Producción durante la gestión de Pedro Castillo.
Para ello, argumentaron la violación de su derecho al debido proceso por parte de la Fiscalía de la Nación, asegurando que dicha instancia habría vulnerado el principio del ‘ne bis in ídem’. Esto es, que nadie puede ser enjuiciado o perseguido penalmente por los mismo hechos que ya hubiesen tenido pronunciamiento de fondo.
Los acciopulistas fueron incluidos dentro de una trama de corrupción estatal, como parte del “brazo congresal” que operó a favor de la red criminal que habría liderado Castillo Terrones.
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Ante el juez supremo de Investigación Preparatoria, Juan Carlos Checkley Soria, el abogado Juan Alfonso Mallqui, defensa legal de Doroteo Carbajo y Flores Ancachi, sustentó la mañana del martes su pedido, a través de una tutela de derecho.
En su defensa, alegó que sus patrocinados fueron objeto de dos investigaciones (carpetas 204-2022 y 135-2023) por los mismos delitos. Esto es, organización criminal y tráfico de influencias agravado, pese a que el Ministerio Público ha indicado que se trata de una sola organización criminal.
El juez supremo Juan Carlos Checkley escuchó los alegatos de la defensa legal de los congresistas Jorge Luis Flores Ancachi y Raúl Doroteo Carbajo.
Según explicó, en la carpeta 204-2022, sus defendidos son investigados por presuntos actos de corrupción en el Ministerio de la Producción (Produce), el copamiento de dicha entidad y coordinaciones para la designación del titular de sector.
En la carpeta 135-2023, los congresistas son imputados como parte de “Los Niños” por presuntamente haber interferido ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para favorecer a empresas chinas; y, por posibles beneficios ilícitos ocupando plazas en Vivienda.
“La pretensión que venimos a sustentar es que se declare fundado nuestro pedido de tutela de derechos presentado a favor de los congresistas Jorge Luis Flores Ancachi y Raúl Doroteo Carbajo; y como consecuencia se disponga que se excluya de la carpeta fiscal 204-2022 la investigación por el supuesto delito de tranquilidad pública, organización criminal”, requirió Mallqui.
Además, solicitó que la Fiscalía de la Nación no continúe con la investigación contra sus patrocinados por el presunto delito contra la administración pública y tráfico de influencias en el Caso Produce.
Para el abogado, la investigación por los mismos delitos en dos carpetas fiscales no está permitida. Ello, consideró, debido a que se trata de una “única” organización criminal.
Por tanto, a pesar de ser diversos hechos, no podría haber varias carpetas fiscales investigando hechos diferentes, cometidos por la misma red criminal, añadió.
“El despacho de la Fiscalía de la Nación reconoce seguir investigando en el marco de la carpeta fiscal 204 (Caso Produce), a Jorge luis Flores Ancachi y Raúl Doroteo Carbajo y otros congresistas, por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad Pública-Organización criminal, pese a que ya se desacumuló en la carpeta 135-2023; y que inclusive ya hay una denuncia constitucional”, señaló.
Por ello, se habrían afectado tres principios fundamentales: el derecho constitucional a no ser investigado dos veces, paralelamente, por un mismo jurídico. Segundo, si se vulnerando el debido procedimiento; y tercero, con ello se afecta la garantía constitucional de la seguridad jurídica.
Fiscalía advierte que estrategia busca el archivo
En repuesta a la argumentación de la defensa de Flores Ancachi y Doroteo Carbajo, el fiscal supremo adjunto Hernán Wilfredo Mendoza, solicitó que se rechace el pedido, advirtiendo que los acciopopulistas en el fondo buscarían un archivo por “sobreseimiento”.
Confirmó que la ley estipula que nadie puede ser juzgado por los mismos hechos o ser investigado apuntando hacia el mismo objeto, ya resuelto.
“Para que se pueda hablar de violación a esta garantía, que no debe haber persecución penal sobre la misma persona que ya tiene pronunciamiento final o que ya viene siendo perseguida, es que se trate del mismo hecho punible, no la calificación jurídica”, precisó.
En esa línea, explicó que si bien, el caso contra los congresistas accionantes se inició en la carpeta fiscal que recogió información periodística sobre los investigados Pedro Castillo Terrones y al prófugo exministro del MTC, Juan Francisco Silva Villegas, con hechos criminales en el procedimiento de licitación sobre el Puente Vehicular Tarata sobre el Río Huallaga; los hechos contra Ancachi, Doroteo y otros, fueron desacumulados.
Por ello, insistió, si bien tienen la misma calificación jurídica (los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias agravado) no son los mismos hechos.
Por un lado, se encuentra la carpeta fiscal 135-2023, que ya tiene acusación constitucional y que investiga presuntos actos de corrupción como parte de una organización criminal enquistada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones -Provias Nacional. Ahí seis congresistas de Acción Popular -“Los Niños- habrían favorecido a empresas chinas.
Y, en la carpeta 204-2022, referida a hechos vinculados al Ministerio de la Producción, donde además de “Los Niños” fueron incluidos otros congresistas captados por la presunta organización criminal.
“Estos hechos, suscitados en el Ministerio de la Producción, contra Doroteo Carbajo y Flores Ancachi, siguen, continúan en investigación. Entonces, cuando la defensa dice que existe duplicidad de investigación, no es cierto; porque los hechos de la denuncia 135-2023 distan totalmente de las que se siguen en la 204-2022.″
Además, señaló Mendoza, cuando ambos investigados piden excluir todos los actos de investigación que se están realizando en el Caso Produce, se están refiriendo a la exclusión de declaraciones que se vendrían recabando, pese a que no lo detallen.
Esto último, alertó el fiscal, no solo afectaría a los investigados Flores Ancachi y Doroteo Carbajo; sino a otros parlamentarios y hasta el mismo Castillo Terrones; ya que independientemente de la situación de los congresistas accionantes, todo acto procesal dentro de dicha carpeta fiscal es transversal a toda la presunta organización criminal.
“La tutela, señor juez, debe ser rechazada. Y debe serlo, además, porque la pretensión que persiguen los investigados es que se les excluya de la investigación. Es decir, pretenden que se dicte una especie de sobreseimiento, que declare el archivo de un proceso en su contra; lo cual, obviamente, no es el fin de un proceso de tutela de derechos”, postuló el fiscal.
Hernán Mendoza, fiscal supremo adjunto
Ante los argumentos, el juez Checkley Soria anunció que su pronunciamiento se daría en el plazo de ley y se notificaría a las partes.
