César Hinostroza permanece prófugo de la justicia desde el 2018. (Foto: archivo GEC)
César Hinostroza permanece prófugo de la justicia desde el 2018. (Foto: archivo GEC)
Redacción EC

La Procuraduría Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó que la justicia española ordenó la detención e ingreso a prisión del exjuez, quien es pedido por las autoridades peruanas para que sea procesado por diferentes delitos en el marco del caso Cuellos Blancos del Puerto.

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“La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, informa a la opinión pública que, conforme a lo sustentado por la Defensa Legal del Estado Peruano, la Justicia Española mediante una Resolución del 28 de junio del presente año, ha decretado la búsqueda, detención e ingreso a prisión del ciudadano Cesar José Hinostroza Pariachi, a efecto de su entrega por el servicio de Interpol a las Autoridades Judiciales de Perú”, se lee en el comunicado de la Procuraduría Pública especializada en casos de corrupción.

La resolución de la Audiencia Nacional de España señala que la detención y captura de Hinostroza se da “a los únicos efectos de la entrega extradicional y que queda a disposición de este Tribunal y para su entrega por el Servicio de Interpol a las Autoridades Judiciales de Perú”.

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La misma procuraduría había informado pasado 17 de junio que la justicia del país europeo rechazó de manera definitiva el pedido de asilo político del exjuez supremo Hinostroza, prófugo de la justicia desde el 2018.

Previamente, los magistrados españoles habían admitido que Hinostroza Pariachi sea extraditado para ser procesado por delitos como organización criminal y otros por el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

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El pasado 11 de marzo el Ministerio de Justicia aprobó un nuevo pedido de extradición activa contra César Hinostroza por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico en agravio del Estado peruano.

En setiembre del 2021, la Corte Suprema había admitido el pedido de la fiscalía para ampliar la extradición contra el exjuez por presuntamente haber recibido favores económicos de parte del empresario Salvador José Ricci Cortez en el 2015.

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