El Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana (CPP) se instaló para el periodo 2024-2026. En su primera sesión -realizada el lunes 20 en la sede de El Comercio, en el Centro de Lima- sus integrantes eligieron al abogado Erick Iriarte como su nuevo presidente y a la Claudia Izaguirre como su vicepresidenta.
En entrevista con El Comercio, Iriarte consideró que los proyectos de ley “mordaza” que aún siguen siendo promovidos desde el Congreso lo que buscan es que las libertades de expresión y de prensa “no sean posibles”. También cuestionó el prolongado silencio que mantiene desde el 5 de abril la presidenta Dina Boluarte, investigada por el Caso Rolex y otros.
— El Estado peruano es el principal “agresor” de los periodistas en el país, según un estudio realizado por Compemedia y que fue presentado en el I Encuentro por la Libertad de Prensa. ¿El Consejo de la Prensa Peruana comparte este diagnóstico? ¿Qué tipo de agresiones se han evidenciado desde el poder político?
Hay una utilización del poder tanto por funcionarios como políticos, que no necesariamente están en una posición de poder, pero que influyen sobre este para afectar a la libertad de expresión y a la libertad de prensa en la medida de que sienten que esta prensa les es contraria a sus intereses particulares. ¿Por qué? Porque lo que hace la prensa es transparentar los fenómenos que ocurren en el Estado, como la corrupción. Muchos privados también buscan acallar a la prensa porque afectan a sus intereses.
— Desde el 5 de abril último, la presidenta Dina Boluarte no declara a la prensa. Ella, incluso, ha criticado a los medios de comunicación por no dar las buenas noticias de su gobierno. ¿Cómo calificaría esta actitud de la mandataria?
Es común que los políticos digan la prensa es mala o la prensa no me ayuda o la prensa es la culpable de las cosas, lo cual significa que la prensa está revelando la información y está transparentando y entregando datos que requiere la sociedad. Es decir, está funcionando de acuerdo al interés público. Evidentemente, también hay diferentes maneras de mal utilizar el derecho a la libertad de expresión. Pero esto no hace que se deba acallar a las personas. En cuanto a los funcionarios, que están encargados del poder, mientras mayor vinculación tengan [a hechos cuestionados] y por más molestas y duras que puedan ser las preguntas, responder es parte del ejercicio para el cual han sido elegidos. Si creen que su cargo les da una suerte de escudo o de barrera para no interrelacionarse con las personas, se equivocan. La presidenta debe responder a todo lo que se le pregunta.
— ¿Qué sensación le deja este silencio prolongado de Boluarte? No responde a preguntas ni de la televisora del Estado.
Cuando menos dejamos hacer preguntas a la prensa, o menos permitimos el ejercicio de la libertad de expresión, en lugar de transparentar el Estado, comenzamos a crear una cultura de secretismo. Y crear una cultura de secretismo en una democracia como la nuestra que necesita ser fortalecida desde lo más alto, es incorrecto. No hablar con la prensa, no responder ni permitir esos espacios de diálogo termina siendo incorrecto.
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— Entre el 2019 y el 2022, más de 70 periodistas y medios fueron denunciados en el Perú. ¿Le preocupa este panorama?
De hecho, es preocupante, porque la utilización de herramientas y de denuncias por difamación, calumnia e injuria terminan afectando la libertad de prensa y la libertad de expresión en general. Esto es una judicialización de las actividades para evitar que la gente hable o que la prensa comunique y que pueda permitirle a la ciudadanía conocer lo que está detrás. No solo es preocupante, sino que deberían estar funcionando los mecanismos que tiene el Estado para evitar que esto siga aumentando. Es claro que cuando estos ejercicios vienen desde el poder, esto se va a ir incrementando con los años.
Iriarte refirió que la autorregulación es un instrumento “totalmente válido” y lamentó que en el Congreso exista una serie de proyectos de ley “mordaza” que busquen recordar las libertades informativas. (Foto: Hugo Pérez | El Comercio)
— ¿Cuántos son los medios de comunicación que están bajo la competencia del tribunal?
En la página web del Consejo de la Prensa Peruana están los medios que son miembros [nueve] y todos ellos están bajo la jurisdicción del tribunal. Pero además hay medios de comunicación que escogen por casos puntuales estar bajo el paraguas del tribunal. Nosotros esperamos que se incorporen más medios, que entiendan que estos espacios de autorregulación son importantes para su relación con la ciudadanía.
— ¿La ausencia de ciertos medios no debilita la política de autorregulación?
El relator para la Libertad de Expresión para la CIDH mencionaba que este Tribunal de Ética que tiene el CPP es un oasis en América Latina. Bueno, hay nutrir los oasis para que cada vez tengan mayor alcance. [Que no todos los medios estén] más que un detrimento, es un mensaje de que esta es una instancia que tiene que seguir evolucionando para seguir creciendo y demostrar que la autorregulación como instrumento es totalmente válida. Lo que esperamos todos los miembros del tribunal es que aumente la cantidad de medios de comunicación que quieran colocar sus temas bajo la competencia de esta entidad.
— ¿Qué tipo de sanción contempla el tribunal frente a periodistas que difunden desinformación adrede?
El tribunal no funciona de oficio, funcionamos ante la petición de una de las partes, parte de los temas que efectivamente se van a tener que ver, que se han visto y se verán están ligados a desinformación. Pero no todos los temas son posibles de ver en este tribunal porque tiene ciertos tópicos especializados. Lo cierto es que la capacidad que tienen los miembros del tribunal electos por el Consejo de la Prensa Peruana proviene de diferentes fuentes académicas del derecho, del periodismo.
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— Desde el 2006, en el Congreso peruano se han formulado más de 90 proyectos de ley que contravienen o amenazas las libertades informativas y de expresión. ¿Existe un afán de ese poder del Estado por restringir el trabajo de los periodistas?
Sin duda alguna los proyectos de ley presentados [en el Congreso] en lugar de buscar fomentar un equilibrio en una sociedad democrática, que requiere tener a la libertad de prensa y de expresión como base, lo que buscan es que precisamente que estas libertades no sean posibles de tener y mantener en cierta oscuridad la información […] Los congresistas deben plantear soluciones jurídicas reales, no desde las tecnologías, porque han tratado de regular las tecnología, sino desde la conducta de las personas. La generación de sobre regulación es tan afectante como una regulación no existente, más aún cuando hay elementos de autorregulación como el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana. Ahí hay un tema clave que tiene que entenderse y es que el Congreso más está actuando de manera reactiva para evitar que se vean afectados sus intereses y no por el bienestar de la sociedad.
— A mediados del año pasado, el Parlamentó archivó una de estas iniciativas de “ley mordaza”, pero en diciembre último, la bancada de Perú Libre presentó una iniciativa similar, en el sentido de que plantea incrementar de tres a cinco años de prisión el delito de difamación. ¿Cómo se puede interpretar la insistencia en esta clase de proyectos?
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ido avanzando, solicitando a los Estados que los delitos relacionados al honor tienen que ser sancionados en el derecho civil y no en el penal. El buscar acallar a otros diciendo “te voy a sancionar”, “te voy a poner cárcel efectiva” es una forma de amedrentamiento para controlar la libertad de expresión, la libertad de prensa para ser más precisos. Y no solo ha hecho una bancada, son casi todas las bancadas [del Parlamento], es una constante y el trabajo que se tiene que hacer es que, desde sociedad civil, academia, y sector privado es poner el tema en agenda. En la medida de que se perturbe la libertad de expresión y la de prensa, se tendrá una afectación al sistema democrático en el país.
— En diciembre, el Bloque Magisterial, otra bancada del Congreso, presentó una propuesta legal para penalizar la difusión de las declaraciones que brindan los colaboradores eficaces. ¿Cuáles son los principales peligros de este tipo de iniciativas?
En efecto, la liberación de información por leaks o filtraciones son parte de los mecanismos que tiene la prensa para poder dar a conocer determinados temas. Evidentemente, hay una necesidad de algunos de que esta información no se conozca y por eso buscan y promueven este tipo de iniciativas que tienen como fin acallar. Ahí lo que tienen que entender [los congresistas] es que la prensa busca fuentes para revelar información, porque existe un interés público.
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— En un comunicado del CPP sobre Juan Carlos Tafur se advierte que se está criminalizando la relación del periodismo con sus fuentes. ¿Cuál es la postura del tribunal sobre este caso?
El tribunal recién se ha instalado hoy día, no es un tema que hayamos tocado. En el momento que tengamos una posición, lo mencionaremos en un pronunciamiento. Ahora, a título personal, es evidente que existe una generación de normativa que afecta la libertad de expresión, que no hay mecanismos de diálogo entre el poder y la prensa, que hay afectaciones a las personas con hostigamiento y una judicialización de muchos de los procesos. Esto no puede vulnerar o afectar el secreto de las fuentes, es un principio contemplado dentro de los acuerdos que el Perú ha suscrito a nivel internacional. Ese delicado equilibrio no puede perderse, sino de nuevo terminamos en lo mismo: afectando a la libertad de expresión y de prensa y, por ende, a la democracia. Continuar judicializando estos procesos va a terminar en un problema bastante serio.
— ¿Cuál es su balance sobre la situación de la libertad de prensa en el Perú? ¿Se ha dado un retroceso en los últimos años?
Personalmente, tengo una posición dual. El uso de tecnologías digitales permite que la gente haga uso exacerbado de la libertad de expresión. Tiktokers, youtubers, instragramers y otros pueden comunicar, a veces temas serios y otros que no lo son. La libertad de expresión se ha exacerbado, pero al mismo tiempo la libertad de prensa se ve constreñida, no por el uso de redes, sino por el ejercicio del poder, sea a través de normas, hostigamiento o judicialización. Tenemos avances y retrocesos en el ejercicio del poder, porque quieren acallar a los medios que no dicen lo que el poder de turno quiere escuchar.
— Usted ha hablado de medios digitales. ¿Se va a intentar que plataformas digitales se sumen a la jurisdicción del Tribunal de Ética del CPP?
Ya hay medios digitales que están incorporados al Consejo de la Prensa Peruana como Infobae e Inforegión. Ahora se va a invitar a participar y será la demostración de que el tribunal es útil. Va a ser un ejercicio nuestro de que nuestras resoluciones hablen por lo que queremos hacer. Y que los medios sientan que el tribunal es relevante para su ejercicio y que la ciudadanía sienta que el tribunal es un lugar al que pueden recurrir.
