“La mayoría de las decisiones del Ejecutivo y del Congreso están entorpeciendo nuestra labor”

En entrevista con El Comercio, Villena defiende su postura institucional de investigar preliminarmente a un presidente de la República en funciones y critica los actos de hostigamiento que ha sufrido su institución desde el Ejecutivo y el Congreso, a través de normas y proyectos de ley.

— ¿Cómo ha resultado la reunión con el ministro del Interior?

Creo que la reunión ha sido productiva. Hemos escuchado las propuestas del señor ministro relacionadas, justamente, a la investigación de los delitos, esencialmente, lo que transcurre en las diligencias preliminares, temas de delitos de crimen organizado, de corrupción, pero también hemos escuchado a los fiscales coordinadores, como (Jorge) Chávez Cotrina, a la presidenta de Lima Centro, la doctora Bernardita (Tellez), la coordinadora de corrupción de funcionarios, y la fiscal superior también coordinadora de prevención del delito. Se ha traído mucha información, se ha alcanzado al ministro alguna información para que también sea evaluada y tome decisiones. Creo que ha sido productiva. Al final se ha quedado en que el señor ministro va a tomar algunas decisiones relacionadas, uno, a la capacitación de los miembros policiales, dos, a la implementación de lo que tiene que ver con las pericias. Y finalmente, a lo relacionado a las acciones de inteligencia. Todas las áreas que tienen las dependencias que trabajan en inteligencia, ha indicado que van a tomar algunas medidas.

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— ¿Estas observaciones, a qué se debe exactamente? ¿Algunas deficiencias?

Bueno, nosotros trabajamos con la Policía Nacional siempre, siempre lo hemos hecho, y siempre debe haber una coordinación. Ahora, en esa labor también pueden surgir, seguramente, algunas deficiencias por parte de la policía como de los fiscales. Casos puntuales, casos que debemos superar, debemos trabajar conjuntamente para superar esas deficiencias. Y es importante escucharnos unos a otros, que ellos sepan cómo ven los fiscales, el trabajo de ellos, qué deficiencias encontramos; y a la vez, igualmente, escucharlos a ellos para que nos hagan llegar, conocer y también tomar algunas medidas respecto al trabajo de los fiscales.

— ¿En esa reunión se ha tocado el tema sobre el que usted, incluso como fiscal de la Nación, se pronunció, la desactivación del equipo especial que apoyaba a Eficcop?

No, no lo hemos tocado, porque también, como bien saben, hay una investigación sobre ese tema, hemos preferido no abordar el tema.

— ¿Fue un error la desactivación de este equipo policial?

Yo no quisiera adelantar mucho porque justamente es objeto de una investigación. En la investigación nosotros estamos recabando mucha información. Hemos ya recibido algunas declaraciones y, en su momento, vamos a emitir un pronunciamiento. Entonces yo no quisiera, digamos, ampliar más apreciaciones al respecto.

— ¿Fue regular, desde el punto de vista legal, el allanamiento a la casa de la presidenta Dina Boluarte?

Por supuesto que fue legal. Nosotros hacemos un requerimiento al juez supremo de Investigación Preparatoria, luego de unos antecedentes. Iniciamos una investigación preliminar, citamos a la señora presidenta para su declaración, citamos a que exhiban esos objetos, no concurren. Luego enviamos a fiscales, tanto a Palacio, como a su domicilio para que se exhiban esos bienes, tampoco ocurre, y es por eso que tomamos la decisión de requerir ese tipo de medida.

Y ese tipo de medida, con esos antecedentes, es evaluado por el juez supremo de Investigación Preparatoria, y luego de evaluar emite una resolución donde autoriza justamente ejecutar esta medida. Ejecutamos la medida con los resultados que todos saben y luego de eso es objeto de una apelación por parte de la defensa de la presidenta y luego la defensa se desiste de esa apelación, indicando que como ya se hizo la exhibición de los Rolex, ya no consideraban pertinente continuar, pero es que ellos se desisten. Ahora, en esa investigación ha habido otros requerimientos ante el juez de investigación preparatoria que hace un control de la investigación. De tal forma que la investigación ha ido con el control del juez correspondiente, que es el juez de garantías. Terminada la investigación nosotros emitimos nuestro procedimiento.

— ¿Qué la fiscalía de la Nación llegue a requerir una medida de allanamiento contra la presidenta Boluarte es porque no ha mostrado voluntad de someterse a la investigación?

Claro, como ya indiqué, había antecedentes. Una citación, un pedido de exhibición, se ha constituido a pedir la exhibición a su domicilio y a Palacio y no se hizo. Eso sustenta nuestro pedido.

— Le hacía la consulta porque la Policía ha abierto investigaciones disciplinarias contra los policías que participaron en ese allanamiento por la forma en que se ejecutó...

Como le dije, la diligencia está autorizada judicialmente. Se ha apelado con otros argumentos y no se cuestiona esto. Lo que usted me dice no se cuestiona por parte de la defensa. Lo que cuestiona la defensa en la apelación del auto que autoriza el allanamiento, es que no había suficientes elementos de convicción para que se dicte esa medida y, además, que no había la suficiente motivación. Pero no cuestiona el procedimiento, no cuestiona la procedencia, la verdad.

De acuerdo a nuestras facultades nosotros podemos iniciar diligencias preliminares, investigaciones preliminares no solamente contra un presidente de la República, sino contra otros funcionarios aforados como ministros, jueces supremos, fiscales supremos y todos los que están comprendidos en el artículo 99 de la Constitución”

— ¿Entonces, por qué cree usted que se ha abierto una investigación a los policías y se ha llegado al punto de desactivar el equipo especial, días después de haberse realizado?

Respecto a la desactivación, ya le indiqué que estamos en investigación; respecto a los procedimientos disciplinarios yo desconozco los detalles y haría mal en opinar, pero seguramente en esos procedimientos se establecieran lo que corresponde.

— Entendía que la fiscal Marita Barreto había remitido a la Fiscalía de la Nación un informe respecto al procedimiento de desactivación...

Este documento se ha recibido y estamos evaluándolo. Es voluminoso, estamos evaluando. Seguramente en los próximos días vamos a tener la evaluación y emitir algún pronunciamiento al respecto.

— ¿Ha sido legal investigar preliminarmente a la presidenta Dina Boluarte por parte de la Fiscalía de la Nación?

Por supuesto. Esto es legal y constitucional. De acuerdo a nuestras facultades podemos iniciar diligencias preliminares, investigaciones preliminares, no solamente contra un presidente de la República, sino contra otros funcionarios aforados como ministros, jueces supremos, fiscales supremos y todos los que están comprendidos en el artículo 99 de la Constitución. Pero en el caso de la presidenta se trata de que es una presidenta o presidente en funciones. Ese es el, digamos, por lo menos….

— ¿…el debate?

El debate…El artículo 117 (de la Constitución), lo que dice es que el presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo de cuatro sucesos, ¿no? Ya sabemos, traición a la patria, impedir a elecciones, disolver el Congreso o impedir también la reunión del Congreso o del Jurado Nacional de Elecciones.

— Claro, pero una acusación es distinta a una investigación preliminar…

(Diferente) A denuncia o investigación… Nosotros podemos investigar, luego de concluir esa investigación preliminar, podemos presentar la denuncia, llega al Congreso y el impedimento es que en el Congreso, en procedimientos parlamentarios, pueda llegar a formular una resolución acusatoria. No es posible, justamente por esta prohibición porque no puede ser acusada o acusado un presidente en funciones. Para el Congreso es esta prohibición y así está establecido en la jurisprudencia de la Corte Suprema, no solamente del juez supremo de investigación preparatoria; y está incluso indicado y precisado por el juez supremo de investigación preparatoria en la resolución que ordena el allanamiento. Ahí está detallada esa resolución y, como le digo, eso no ha sido materia de cuestionamiento por la defensa; y hoy ni siquiera lo es tampoco.

— ¿No existe ningún recurso judicial cuestionando la investigación preliminar?

Nadie cuestiona eso. No hay ningún cuestionamiento al respecto en esa investigación. Nunca ha sido cuestionado por la defensa. Entonces, esa es la situación.

— ¿Cómo toman la anunciada demanda competencial del Ejecutivo donde ya el Poder Judicial ha zanjado que el MP tiene prerrogativa para investigar a un presidente de funciones?

Como usted bien lo ha dicho, han anunciado. No hay todavía una denuncia competencial. No sabemos el texto, los argumentos. En principio todos opinan y nosotros también creemos que no corresponde. Sin embargo se verá en su momento cuáles son sus argumentos.

— Algunos miembros del Ejecutivo han mencionado que fiscales de la Nación anteriores no han investigado a presidentes en funciones, alegando que el artículo 117 lo prohibía…

Claro, era una interpretación anterior, pero esa interpretación ya fue superada. Y ustedes saben perfectamente lo que ocurrió, en principio con la doctora Zoraida Ávalos, que no solamente inició, sino que lo suspendió (Caso Pedro Castillo). Luego, la doctora (Patricia) Benavides también ha continuado esa investigación y se llegó a presentar, incluso, una denuncia constitucional por el caso de las protestas (contra Dina Boluarte), que se desacumuló una parte de la investigación y se presentó una denuncia. Sobre ese aspecto también ha sido objeto de una acción de amparo ante un juzgado, que ha sido declarada infundada. Y también se analiza el artículo 117 y se dice que el Ministerio Público puede realizar las investigaciones. De tal manera que, no hay una causa para no haber investigado y tampoco hay impedimento para haber presentado una denuncia constitucional.

— ¿Hay un ´acoso político´ a la presidenta de la República por parte del Ministerio Público como alegan algunos miembros del Ejecutivo?

En lo absoluto. Nosotros, como he indicado, hemos formulado aproximadamente, en estos seis meses, más de 20 denuncias constitucionales contra ministros, exministro, congresistas, jueces supremos y otros funcionarios; y no tienen una motivación de perseguir a nadie. Simplemente, las investigaciones concluyen y cuando concluyen, y tenemos indicios razonables de delito, lo que corresponde es hacer la denuncia constitucional; y, en este caso, lo hemos hecho de similar forma.

— ¿Como fiscal de la Nación siente usted que hay un ataque constante por parte del Ejecutivo y del Congreso para debilitar las funciones del Ministerio Público?

Sin duda. No solamente eso. En principio, hubieron proyectos de ley para reorganizarnos, decretos legislativos que sacó el Ejecutivo menoscabando nuestras funciones, lo cual ha sido objeto de una demanda de inconstitucionalidad que hemos presentado, aproximadamente, hace un mes y medio, y que todavía no ha sido admitida por el Tribunal Constitucional, que esperemos pronto emita su pronunciamiento. Esto tiene mucha importancia porque la principal función que menoscaban estos decretos se refieren a las funciones del Ministerio Público de conducir desde un inicio la investigación del delito y, dice, con tal propósito la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. Esto está en el artículo 159 inciso 4 (de la Constitución). Esta función es la que está siendo vulnerada, no solamente por el Ejecutivo con los decretos legislativos; sino por el Legislativo por los constantes, llamémosle, proyectos de ley que también tienen esta finalidad, menoscabar nuestra función de conducir la investigación del delito.

— ¿En algún momento se han sentido apabullados con todas estas normas que se sacan en detrimento de las facultades del Ministerio Público para accionar contra los altos funcionarios ya sea del Ejecutivo o del Congreso?

Nosotros vamos a seguir, a continuar realizando nuestras investigaciones conforme a la norma constitucional, al Código Procesal. Es cierto, hay normas que se han variado y dificultan la investigación, pero igual nosotros vamos a continuar, porque -como ya he indicado- se ha presentado una demanda de inconstitucionalidad. Esperemos que en esa demanda, y, en el trámite de la misma, el Tribunal Constitucional diga que, efectivamente, nos corresponde a nosotros, como dice el texto claro del artículo 159 inciso 3 (de la Constitución), ser los conductores de la investigación del delito y desde un inicio de la investigación, eso tiene que ratificarse ya que la claridad de la norma es bastante plausible.

— ¿Cuál cree usted que sean las motivaciones para que se den estas normas, en esta gestión del Ejecutivo y del Congreso? ¿A qué cree usted que responde?

Puede haber muchos motivos que quizás desconozcamos, pero la mayoría de las decisiones están entorpeciendo nuestra labor.

— ¿Para investigar, sobre todo, a los altos funcionarios?

No solamente para los altos funcionarios. Por ejemplo, estos proyectos de ley sobre los allanamientos, no solamente para esas investigaciones de altos funcionarios por los delitos de corrupción, sino para organizaciones criminales, tiene que aplicarse la misma norma. En los allanamientos, por ejemplo, la esencia de este tipo de diligencia es justamente el factor sorpresa pero si vamos a esperar a que se encuentre el intervenido con su abogado, evidentemente no se va a encontrar nada y pierde toda eficacia.

— A usted le tocó asumir el cargo de fiscal de la Nación en un tiempo complicado ¿Cómo ha visto la marcha del Ministerio Público?

Es cierto que cuando he asumido el despacho de la Fiscalía de la Nación, en diciembre pasado, fue un momento inesperado, pero también uno como fiscal supremo sabe que en su momento tiene que asumir esa responsabilidad, lo hemos hecho. El Ministerio Público se sostiene en sus fiscales, los fiscales titulares de carrera, de trayectoria, que conocen perfectamente su trabajo y continuamos realizando todas las investigaciones.

Todas las investigaciones son importantes para nosotros en los niveles que correspondan, en los lugares que correspondan en todo el país, tienen que seguir trabajando y cumpliendo su deber haciendo investigaciones acuciosas, con objetividad y observando el debido proceso.

— Uno de los casos que generó bastante interés fue el Caso ‘Los Niños’. Hubo algunas denuncias y otras aún quedaban ¿En qué situación se encuentra?

Esa investigación es bastante compleja, involucra a más de 30 congresistas, ya estamos terminando la investigación, ya tenemos bastante información recabada y, en su momento, vamos a emitir pronunciamiento.

"Las investigaciones que hace el periodismo nosotros tenemos que tomarlas, porque hay información relevante que constituyen indicios para iniciar una investigación; como que también hay denuncias de ciudadanos; y en algunos casos tenemos que tomar la iniciativa de empezar de oficio estas investigaciones."

Juan Carlos Villena, Fiscal de la Nación

— ¿Cómo ven desde la Fiscalía de la Nación las constantes denuncias contra altos funcionarios, congresistas. Han aumentado o disminuido?

La labor periodística es muy importante en este ámbito. Las investigaciones que hace el periodismo nosotros tenemos que tomarlas, porque hay información relevante que constituyen indicios para iniciar una investigación; como que también hay denuncias de ciudadanos; y en algunos casos tenemos que tomar la iniciativa de empezar de oficio estas investigaciones. Y, como ya dije, hemos presentado denuncias contra congresistas, ministros y también está el caso de Los Niños, donde hemos presentado cinco o seis denuncias constitucionales que están tramitándose en el Parlamento; y solo, luego de que el Parlamento formule justamente una resolución acusatoria, nos habilita a nosotros como Ministerio Público, a continuar con su trámite de formalizar la investigación preparatoria y continuar avanzando hasta llegar a una acusación ya en el ámbito procesal del Parlamento y la sanción penal que corresponda.

— Para el común denominador de la gente de repente que no conoce estos trámites ¿Por qué se presentó la denuncia constitucional contra la presidenta Boluarte por los Rolex?

Como se sabe, esto nació también de la labor del periodismo y cuando nosotros vimos indicios de enriquecimiento ilícito, nosotros decidimos recabar esa información, citar a la presidenta para que preste declaración sobre esos hechos, pedirle que exhiba los mismos. Entonces, todos esos hechos, si tienen relevancia penal, nosotros estamos en la obligación de investigarlos. Lo contrario, sería más bien, sino cumplimos nuestra función, seguramente nos van a cuestionar, seguramente nos van a decir ¿por qué no cumplieron sus deberes sus funciones? Lo único que hacemos nosotros es cumplir nuestro deber y vamos a seguir haciéndolo. A eso responde, nada más, no hay ninguna otra motivación.

— Seguirán investigando, incluso si es el presidente de la República en funciones o altos funcionarios y se afirme que la fiscalía está politizada...

Por eso le digo, las denuncias constitucionales son contra congresistas de diversas, digamos, tendencias, los que correspondan. No estamos orientados acá a investigar a un sector sí o a otro no, investigamos a todos los funcionarios aforados que nos corresponden como despacho de la Fiscalía de la Nación.

— ¿Entonces, para que la Fiscalía de la Nación presente una denuncia constitucional en el Caso Rolex contra la señora Boluarte, hay indicio de delito?

Claro, la denuncia es por delito de cohecho pasivo impropio. En la denuncia constitucional se ha detallado en qué circunstancias, en qué días, en qué horas, en qué momentos el gobernador de Ayacucho (Wilfredo Oscorima) ha donado, según nuestra tesis, esos objetos de valor que suman, aproximadamente, todos ellos 80 mil dólares; y que, paralelamente, se expedían resoluciones, algunos decretos de urgencia, decretos supremos y suscripción de leyes que tenían, justamente, ese contenido de otorgar presupuesto, que en nuestro concepto eso sí constituye un delito, y hemos sustentado en la denuncia constitucional que será motivo de debate en el Parlamento en su momento; y si se habilita, continuará la investigación penal en el Ministerio Público y luego se judicializa.

— Se ha ampliado su gestión hasta que quede firme la destitución de Patricia Benavides ¿Qué viene ahora en el Ministerio Público?

Bueno, sabemos que la doctora Benavides ha presentado un recurso de reconsideración que corresponde de acuerdo a las normas; y suponemos que la Junta Nacional de Justicia resolverá de manera célere este recurso y una vez que haya una decisión de fondo, si es que el caso es así y queda terminada esa vía administrativa; en la Junta de Fiscales supremos seguramente se convocará para la elección del nuevo fiscal de la Nación o nueva fiscal de la Nación por el periodo de tres años.

— Incluso con tres integrantes, pues el fiscal Pablo Sánchez, por el momento, se encuentra suspendido…

Claro, el quórum es tres y ya puede realizarse sesiones.

— ¿Usted aceptaría un nuevo encargo de ser fiscal de la Nación si así lo considera la Junta de Fiscales Supremos?

Claro, justamente, de todos los fiscales supremos tenemos esa posibilidad; no solamente esa aspiración, sino el deber de asumir esa responsabilidad con la institución y como el país; y si es así, por supuesto que estoy dispuesto a asumir la responsabilidad.

— ¿Cómo toman las continuas entradas y salidas de fiscales supremos titulares. El caso de Zoraida Ávalos que fue inhabilitada y luego restituida, el reciente caso de Patricia Benavides, que es muy complejo y delicado?. ¿Han sentido golpeada la Junta de Fiscales Supremos?

Nosotros, en principio, respetamos las decisiones de las instituciones, la Junta Nacional de Justicia tomó esa decisión (sobre Benavides), también el Poder Judicial de reincorporar a la doctora (Ávalos) respetamos las decisiones y continuamos nosotros con nuestro trabajo en la Junta, tomando las decisiones que correspondan. No, yo no creo que el Ministerio Público esté golpeado. Ciertamente hay mucho que trabajar, muchas cosas que superar y, algunas podemos hacerlas nosotros mismos, otras decisiones y en otros ámbitos tenemos y la necesidad sobre todo de presupuesto.

— ¿Han requerido presupuesto?

Nosotros hemos presentado un requerimiento de crédito suplementario del presupuesto en febrero de este año al Ministerio de Economía y Finanzas; y que fue motivo, justamente, del compromiso que de una reunión del Consejo de Reforma del Sistema de Justicia llevado a cabo en Palacio de Gobierno en enero. Y ahí hubo el compromiso de darnos ese financiamiento, esencialmente para personal administrativo y para peritos, pero a la fecha no se ha concretado. El Ministerio Público está solicitando en varias ocasiones, el gerente general, reuniones con el ministro de Economía. En su momento, con el anterior, con el nuevo también. Hemos absuelto algunas observaciones, pero hasta ahora, miren, estamos empezando junio, tampoco tenemos ese, financiamiento.

— ¿A qué cree usted que todavía no les hayan otorgado ese presupuesto?

Bueno, supongo que no hay voluntad, ¡no? Por lo menos para otorgarnos ese presupuesto. Esperemos que pronto nos los puedan otorgar y podamos utilizarlos durante este ejercicio, porque ejecutar un presupuesto toma un tiempo, ¿no? Y si no los dan muy tarde, finalmente no podemos ejecutarlo y hay que devolverlo. Se acaba el año y nos dirán, no pudieron ejecutar. Entonces, tiene que ser oportuno.

— ¿Durante el tiempo que lleva como fiscal de la Nación en qué ha incidido usted para mejorar el Ministerio Público?

Yo creo que es muy importante, por ejemplo, que los fiscales, el personal administrativo, el personal de medicina legal; y los programas, por ejemplo de protección y asistencia a víctimas y testigos y todas las áreas administrativas, y gerencias; tengamos conciencia que solo nosotros, con nuestro trabajo, tenemos que superar estas etapas difíciles del Ministerio Público; y creo que así lo estamos haciendo desde esos ámbitos. Y también, algo muy importante que se ha hecho, es la transparencia. Por ejemplo, antes se desconocía cuál es el número de plazas fiscales que faltan cubrirse, cuáles cuentan con presupuesto y cuáles no, cuáles pueden ser convocadas o no a concurso.

Nosotros hemos hecho un estudio minucioso de eso y nos comprometimos con la Junta Nacional de Justicia de entregarles esa información. Lo hemos hecho oportunamente y ya se ha sacado una convocatoria de más de 500 plazas. Necesitamos subir los índices de provisionalidad y eso nos va a dar mayor confianza de la población en sus fiscales, porque son fiscales de carrera, fiscales titulares y aspiramos a que todos los fiscales provisionales que tienen un buen trabajo también puedan cubrir esas plazas.

— Usted mencionaba el tema de la confianza ¿Cómo podemos buscar eso cuando en los últimos años las cabezas que dirigen institución, los fiscales de la Nación, se han visto envueltos en temas de presunta corrupción y crimen organizado?

Pero lo más importante es que se investigue esos casos, ¿no? Y que se trata de personas, somos más de 8,000 fiscales ¿Cuántos o qué porcentajes de los fiscales son investigados, no? Y qué mejor que se investigue a los fiscales que tienen el mayor rango y que no se encubran esos actos o que no se les investigue. Tiene que investigarse, y qué mejor que nosotros mismos investiguemos si es que hay irregularidades; incluso de estos altos funcionarios. Entonces las investigaciones tienen su curso y yo creo que la confianza está en que los fiscales más bien investigamos esos mismos sucesos y también los fiscales de todas las instancias. También tienen que investigar los sucesos que estén bajo su conocimiento y a través de investigaciones céleres, oportunas y con objetividad.

— Le hacía la consulta porque hay voces que han encontrado eco en el Congreso de República que están pidiendo la reforma del Ministerio Público...

Pero nosotros ya hemos dicho, no estamos oponiéndonos a una reforma. Y esa reforma, consideramos que debe hacerse a través de una nueva Ley Orgánica del Ministerio Público. En la institución estamos trabajando un proyecto de nueva ley del Ministerio Público, bajo la presidencia de una comisión de la doctora Delia Espinoza, pero también está en la ley que justamente creó el Consejo de Reforma del Sistema de Justicia, donde hay nueve objetivos prioritarios. Entonces, nosotros estamos de acuerdo en eso; incluso en esos objetivos prioritarios está la reforma de la ley, del Instituto de Medicina Legal, de la Academia de la Magistratura. Entonces solo tiene que implementarse y ejecutarse lo que se tiene previsto en esa ley. Pero no otro tipo de leyes que se sacan sin tomar en consideración esos estudios que ya se hicieron anteriormente.

— Pero una de las propuestas es desactivar a la Junta de Fiscales Supremos. Algunos congresistas hablan de remover a todos los fiscales supremos titulares que supuestamente manejan el MP por apetitos políticos…

Lo que no se puede dejar, es destituir a fiscales supremos, porque ya sabemos que ocurrió en otras ocasiones, ¿no? Finalmente fueron repuestos muchos magistrados desde el año 1992, cuando se destituyó a un enorme número de jueces y fiscales. Hay mecanismos disciplinarios para destituir porque se infringieron funciones o también el otro procedimiento que es el parlamentario de los altos funcionarios, pero no puede ser que por ley saco a jueces o saco a fiscales y con eso desaparezco a todos, eso no es posible.

— ¿Hay un abuso de estos poderes del Estado, como el Ejecutivo y el Congreso contra órganos autónomos como Ministerio Público?

Consideramos que no es esa la forma de reformar al Ministerio Público. La reforma, como ya lo indiqué, debe ser a través de una nueva ley orgánica, escuchando a las partes, presentando proyectos, debatiéndolos y luego aprobando una Ley Orgánica de acuerdo a nuestros tiempos, no de hace 40 años. Entonces, ahí es donde se tiene que trabajar, en elaborar una nueva ley orgánica y ponerla en vigencia.

— ¿Usted como fiscal de la Nación, seguirá investigando a la señora Boluarte como presidente en ejercicio?

Nosotros seguimos. Tenemos otras investigaciones. Vamos a continuar.

— Lo digo porque de repente se sentirían un poco coartados, frente a posibles denuncias, como ya se ha presentado una contra usted por investigarla

De ninguna manera. Nosotros vamos a continuar investigando, vamos a continuar investigando.

— ¿Qué quisiera usted resaltar de estos temas?

Bueno, un tema muy importante, en estos momentos, es el respeto de la autonomía e independencia del Ministerio Público y de los demás órganos constitucionales ¿no? Porque eso, incluso, está tratado en las directrices de las Naciones Unidas. Ahí se dice que los fiscales tienen la obligación de investigar, por ejemplo, casos de corrupción de altos funcionarios y de vulneración de derechos humanos. Y por otra parte, se exige a los Estados a que no adopten medidas de hostigamiento, de abuso, de amenazas a los fiscales.

Entonces, esas directrices de las Naciones Unidas y de otros órganos; pronunciamientos incluso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que producto de las visitas a Guatemala sobre estos temas de la independencia, también se han pronunciado que los fiscales no puede ser amenazados, coartados, hostigados en su trabajo, que más bien se les debe dar las facilidades para que cumplan su obligación con autonomía. Entonces, eso es muy importante, que se respete la autonomía y la independencia del Ministerio Público.

— ¿Ese hostigamiento ustedes lo han sentido de parte de qué entidades?

Pero bueno, hemos visto proyectos de reorganización sin mayor sustento, decretos legislativos que menoscaban nuestras funciones, que tenemos que vernos obligados a presentar una demanda de inconstitucionalidad de estos decretos legislativos, otros proyectos de ley que hoy están para aprobarse y que también menoscaban nuestra función. Y luego denuncias constitucionales en contra de los fiscales supremos que investigamos estos delitos de los altos funcionarios. Entonces, eso justamente son estos hostigamientos, amenazas…

— ¿Buscando...?

Buscando, justamente…o entorpecer o limitar las labores del Ministerio Público. Acá dice, por ejemplo, lo que le mencionaba, los fiscales prestarán la debida atención al enjuiciamiento de los funcionarios públicos que hayan cometido delitos, especialmente en los casos de corrupción, abuso de poder, violaciones graves de derechos humanos y otros delitos reconocidos por el derecho internacional. Y en estas directrices de las Naciones Unidas sobre la función de los fiscales tomadas en 1990, se exige a los Estados que garanticen que puedan ejercer sus funciones profesionales sin intimidación, trabas, hostigamiento, injerencias indebidas o riesgo injustificado de incurrir en responsabilidad civil, penal o de otra índole. Entonces, hay organismos, que se preocupan por este tema; y no es solamente acá en el país, ocurre en otros lugares. Debe haber respeto al principio de separación de poderes y libre de toda amenaza o presión. Incluso, las directrices de Budapest, también en Europa; igualmente concluyen que los fiscales deben cumplir sus obligaciones con imparcialidad y sin miedo, favoritismo o prejuicio, pues sobre todo cuando se investiga a altos funcionarios con poder político o de otra naturaleza también surgen este tipo de situaciones.

— ¿Proteger el orden constitucional?

El Ministerio Público es un organismo muy importante para el Estado de Derecho, ¿no? Para la democracia, para una auténtica democracia. Y para eso, justamente, tiene que investigarse a los altos funcionarios del Ejecutivo y el Legislativo y del Poder Judicial. Hay fiscales, jueces supremos denunciados por nosotros, de los tres poderes del Estado, pero tiene que dejarse al órgano, que somos nosotros los encargados de esta labor constitucionalmente, que investigue sin hostigamientos, con independencia, con autonomía. Y podrá, técnicamente, cuestionarse su trabajo ¿Dónde? en el foro Judicial o en el Parlamentario, pero se tiene que dejar investigar.